VALÈNCIA. El comercio llama a la calma ante la advertencia de inconstitucionalidad del Gobierno de España en las modificaciones introducidas por el Consell en materia de horarios comerciales (unos cambios que se incorporaron en una norma anterior a finales de 2017 y que también fueron incluidos en el posterior pacto del conjunto del sector). Preguntadas al respecto por Valencia Plaza, las entidades impulsoras del acuerdo el que se incorporan los aspectos cuestionados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy consideran que cabe la posibilidad de que la administración central y la autonómica lleguen a un texto de consenso que evite un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Como informó este diario, fuentes gubernamentales trasladaron este miércoles sobre esta cuestión que el Gobierno de España "no cuestiona que se regule el horario comercial, pero sí que se impongan determinados cierres". "Es decir, las CCAA tienen la competencia para determinar en qué domingos y festivos podrán permanecer abiertos al público los establecimientos comerciales, con un mínimo de diez obligatorio, pero no pueden establecer que domingos y festivos del año serán inhábiles a efectos comerciales", indicaron.
A juicio del Gobierno, tales vetos a determinados festivos se recogen, por ejemplo, en el artículo 17.4 en el que se detalla el Horario General de la normativa autonómica: “No se podrán habilitar los domingos y festivos siguientes: 1 de enero, 6 de enero, 1 de mayo, 9 de octubre y 25 de diciembre, o bien el 26 de diciembre, cuando este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad”. En la misma línea, el Gobierno central también considera que el artículo 18 de la ley autonómica es más restrictivo que lo que establece la normativa estatal.
Por lo que se refiere a las Zonas de Gran Afluencia Turística, el Gobierno cuestiona que se imponga un cierre dentro de una ZGAT habilitada a efectos comerciales, ya que "la ley nacional establece que dentro del periodo determinado habilitado para abrir no se pueden poner limitaciones en el periodo temporal y geográfico de las Zonas de Gran Afluencia Turística".
Así, mientras que el artículo 5 de la Ley 1/2004 de 21 de diciembre de horarios comerciales (el texto estatal) establece que los establecimientos comerciales situados en Zonas de Gran Afluencia Turística tendrán plena libertad de horarios en todo el territorio nacional, el artículo 21.2 de la normativa autonómica determina que “la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, que podrá extenderse a todo o parte del término municipal o del núcleo urbano, fijará para cada caso las condiciones de aplicación, incluyendo los períodos a que se extiende. En todo caso, la declaración excluirá los domingos y festivos que no pueden ser habilitados, de acuerdo con al art.17.4.”.
Además, la Abogacía del Estado entiende que en la disposición cuarta de la norma valenciana se introduce un plazo de caducidad en las declaraciones vigentes de Zonas de Gran Afluencia Turística, lo que puede contravenir la legislación estatal básica en materia de horarios comerciales. Por último, desde el punto de vista de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, la norma valenciana también caminaría en sentido opuesto a la legislación nacional, que garantiza la libertad de los establecimientos para abrir en determinados domingos y festivos en las Zonas de Gran Afluencia Turística.
Al respecto, tanto Joaquín Cerveró, portavoz de Anged en la Comunitat Valenciana (entidad que vela por los intereses de firmas como Carrefour, El Corte Inglés o MediaMarkt) como Pedro Reig, portavoz de la asociación de supermercados valencianos Asucova (representante de Mercadona, Consum y Masymas) consideran que los dos principales aspectos que cuestiona el Gobierno "son elementos salvables". "El Gobierno solicita una reunión en la comisión bilateral y entendemos que se puede producir un punto de encuentro", afirman.
Respecto a los festivos concretos cuya apertura en domingo queda prohibida, los dos dirigentes coinciden en que es precisamente "una cuestión técnica", la propia palabra "prohibición", lo que le chirría al ejecutivo, si bien lo consideran un aspecto sin importancia al entender que ya existía un acuerdo tácito para no abrir esos días.
Además, tanto Anged como Asucova consideran que también puede solucionarse el asunto de la caducidad de las ZGAT del que advierte el Gobierno, y precisamente recuerdan al respecto que en su día trasladaron a la Generalitat que consideraban excesivo que los ayuntamientos tuvieran que acreditar cada cuatro años que se mantenían las circunstancias para seguir disfrutando de la condición de ZGAT.
Además, ambas entidades empresariales subrayan que, ocurra lo que ocurra, respetarán el pacto alcanzado el pasado mes de diciembre, de modo que el escenario en la Comunitat no variará. En la misma línea, fuentes de Confecomerç CV, la patronal del pequeño comercio integrada por Cecoval y Covaco, destacan que el acuerdo alcanzado fue "histórico" y que confían en que "el espíritu del acuerdo se mantenga".
Por su parte, el Gobierno valenciano considera que la decisión del Gobierno central de convocar una comisión bilateral para analizar el nuevo calendario de apertura en domingo es una "amenaza sin justificación" en la que detectan un "trasfondo político".