VALÈNCIA (EP). El exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y que fue comisionado de la visita del Papa Benedicto XVI a València en el año 2006, Enrique Pérez Boada, ha asegurado que la entidad encargada de la organización del evento, la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), era "de carácter privado". "Nunca tuvimos ninguna duda", ha insistido.
Así se ha pronunciado este viernes Pérez Boada en declaraciones a los medios que le esperaban a su salida de la Ciudad de la Justicia de València, donde ha acudido a declarar en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número 5, que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006.
Quien fuera comisionado de la visita del pontífice ha explicado que ha contestado a las cuestiones que le ha planteado su letrado y las preguntas que le ha formulado la jueza, con el fin de "aclarar las dudas que pudiera haber sobre un evento que tuvo una gran repercusión mundial para València y para la Comunitat, que salió bien, hace 13 años ya casi". "Esperemos que esté todo aclarado cuanto antes y que se pueda pasar ya página a este capítulo", ha expresado.
Sobre la naturaleza de la fundación que sirvió para la organización de la visita de Benedicto XVI, Pérez Boada ha enfatizado: "Nunca tuvimos ninguna duda de que la fundación se había constituido como una fundación privada, que tenía carácter privado".
"Además, como director del IVF y estando en el área económica de la Generalitat teníamos esa certeza, nunca la fundación apareció en los presupuestos de la Generalitat, así como sí que aparecían otras fundaciones o empresas de carácter público. Nunca apareció aunque la hubiera constituido en parte la Generalitat", ha explicado.
En esta línea, ha insistido en que "nunca la sectorizó como pública la Intervención General del Estado" hasta cree recordar, ha dicho, el año 2014. "Cuando la Generalitat, ocho años después del evento, asume la deuda de la fundación y la sectoriza de manera unilateral. Por tanto nunca hubo dudas sobre la naturaleza de la fundación", ha reiterado.
Preguntado por las contrataciones de la FVEMF, investigadas en esta causa, ha sostenido que fueron legales: "El patronato, como órgano soberano, decidía qué necesidades había para celebrar aquel gran evento que acogió a más de un millón de personas y lo hizo con carácter de fundación pública, dándole publicidad a todo lo que requería dar publicidad y tratando que el máximo de empresas y de gente de la Comunitat pudiera participar o colaborar de forma interesada o menos interesada en el evento, así como patrocinadores, donaciones que hubo...", ha desarrollado.
Inquirido por el papel que desempeñó el fallecido cardenal Agustín García-Gasco, arzobispo emérito de la diócesis, en la toma de decisiones en todo lo relacionado con el evento, el exdirector del IVF ha afirmado que el patronato de la Fundación "era el órgano rector del evento", pero --ha continuado-- "este era un evento sobre todo de carácter religioso, que lo organizaba la iglesia y que decidió hacerlo en València".
"Era la quinta edición del Encuentro Mundial de las Familias y tenía mucho carácter religioso y cultural y entonces claro que la voz del arzobispo ahí era muy importante porque era quien conocía bien las necesidades, desde diseñar y construir un altar para la misa que se hizo el domingo hasta el acto litúrgico o el congreso de las familias", ha señalado.
"El arzobispo tenía mucha voz ahí, en esas necesidades, como es lógico", ha subrayado.
En cuanto a la participación de los políticos investigados en la causa, como el expresidente de la Generalitat Francisco Camps o el exvicepresidente y expresidente de Les Corts Juan Cotino, ha apuntado que a Camps solo le vio "en el primer patronato", cuando se constituyó, y después "no volvió a aparecer en ninguna reunión hasta el día que se celebró el evento". Además, ha negado que el exjefe del Consell tuviera "poder de decisión" en la Fundación.
Sobre Cotino, Pérez Boada ha relatado que el que fuera también conseller de Agricultura "sí asistió a alguna reunión de trabajo, como otras personas de forma voluntaria, puntuales, a más o menos reuniones". "Pero tampoco formaba parte del patronato ni tenía ningún poder de decisión", ha apostillado.
La jueza abrió en 2016 esta causa por delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a València por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
En concreto, se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. En febrero del pasado año se acordó la consideración de investigados del expresidente Francisco Camps y el resto de ex altos cargos.
Según se informó en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a estas diligencias se unió una pieza separada desgajada del caso Vaersa, que se investigaba en Instrucción 15, por lo que también se informó que serían llamados a declarar como investigados dos exdirectores de Vaersa Enrique Simón y Felipe Espinosa Bolaños.
