Urinarios instalados en València durante la visita del Papa. Foto: EFE/JUAN CARLOS CÁRDENASVALÈNCIA. La Fiscalía ha recurrido de nuevo el sobreseimiento provisional de la causa sobre los contratos de la visita del Papa Benedicto XVI a València con motivo del V Encuentro de las Familias de julio de 2006. En su escrito, insiste en que existió "pluralidad de delitos" y vuelve a contradecir a la juez en la condición jurídica de la Fundación V Encuentro. Para la magistrada, era privada, lo que esgrimió como uno de los argumentos principales del archivo. Para Anticorrupción, era pública.
La investigación se inició en 2016 por los presuntos presuntos delitos de prevaricación y malversación en las contrataciones de la citada fundación, constituida expresamente para el evento. En ella se analizaban 11 contratos con empresas para el suministro de servicios como los 7.000 urinarios colocados por toda la ciudad, la publicidad del acontecimiento, los alojamientos o el altar. La Generalitat aportó a la entidad dos millones de euros en 2010 en concepto de donación y en 2014 asumió 1,3 millones de deuda.
Hasta el pasado diciembre figuraban como imputados Francisco Camps; el vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos; el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero; el representante legal de la fundación, Francisco Javier Jiménez; el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí; el que fuera responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y comisionado de la visita del Papa Enrique Pérez Boada; y la secretaria general de la fundación, Henar Molinero. Previamente, la Audiencia Provincial había aceptado el recurso del exsecretario autonómico de Hacienda Eusebio Monzó, al cual le fue archivada la causa, aunque Anticorrupción lo ve cooperador necesario.
El recurso que ahora presenta la Fiscalía ante la Audiencia se produce después de que el juzgado de Instrucción número 5 desestimara el efectuado ante su decisión. En el escrito considera que existen claros indicios de delito por parte de los investigados.
Recuerda que el importe de los trabajos realizados para la fundación y facturados a la misma fueron por un total de 447.441 euros, para cuyo cobro se emitieron dos facturas: una por importe de 346.699 euros y otra por valor de 172.312 euros. Sin embargo, "consta que la fundación no pagó ni un solo euro", destaca Anticorupción, y éste fue el importe que se contabilizó en la memoria justificativa y en el balance final de liquidación como la deuda que la Generalitat asumió tras haber "transmutado" su naturaleza jurídica a púbica.
A esa cantidad hubo que añadir el coste de otros trabajos que también fueron encargados a la empresa pública Vaersa para el acondicionamiento de rampas y ajardinamiento en el cauce del río Turia.
"Debiera llamar la atención esta insólita forma de proceder, esta presentación final de la liquidación de las cuentas de una fundación que ahora se pretende como originariamente nacida privada, a la que se dota de fondos, se presta servicios procedentes del erario autonómico, provincial y local, y a la que se termina financiando cuando ya se ha cumplido la finalidad para la que fue constituida", resume el fiscal. Todo, comenta, "con el exclusivo propósito de liquidar su insalvable situación deficitaria, sin haber aplicado ni un solo euro de los inyectados por el Consell a restar la deuda generada frente a instituciones públicas". Y, añade, "tras haberse destinado la totalidad del dinero irrigado a la misma a liquidar, eso sí, la deuda generada frente a empresas privadas, sin orden ni prelación alguna, sin prorrateo, ni siquiera sin disimulo, sin ningún tipo de justificación y con una opacidad y mendacidad contable tan descaradas que asombra".
En su opinión, esta situación impide comprender "a cuento de qué" sale en su rescate la misma Generalitat con un procedimiento tan singular, lo cual encierra, sostiene, "una maniobra que impregna la operación" de una presunta malversación. Además, en la documentación se aprecian, apunta la Fiscalía, las "reticencias" que se hubo de vencer por parte de la Abogacía de la Generalitat para "soslayar los reparos de legalidad".
