El Consejo de Ministros aprueba cobrar a la Generalitat los 18,9 millones de multa de Bruselas

VALENCIA, (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado repercutir a la Comunitat Valenciana la multa de 18,9 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a España por la ocultación de 1.800 millones en gastos computables a efectos de déficit llevada a cabo por los anteriores Consell de Francisco Camps y Alberto Fabra durante los ejercicios 2008 a 2011, porque entiende que la responsabilidad de los hechos que provocaron la multa "corresponde en exclusiva" al Ejecutivo autonómico valenciano.

El Estado español abonó la mencionada multa el pasado 28 de enero a la Comisión Europea, según ha informado este viernes el Gobierno. Al tiempo, se inició e instruyó el oportuno procedimiento de derivación de responsabilidad a la administración responsable, la Generalitat Valenciana.

Tras analizar las alegaciones de la comunidad autónoma, el Gobierno ha concluido que la responsabilidad por los hechos que dieron lugar a la multa "corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, se establece la repercusión a ésta del pago de la multa de 18,93 millones de euros".

A esta cantidad el Gobierno suma 57.567,94 euros de intereses, los devengados desde el día que se pagó la multa, el pasado 28 de enero, hasta el acuerdo de hoy del Consejo de Ministros. Probablemente, este cobro por parte se haga descontando la cantidad mencionada de las aportaciones que el Estado realiza mensualmente. 

El informe de la Comisión Europea apreciaba negligencia grave porque la Intervención General del Gobierno de Valencia no registró los gastos sanitarios ni cumplió el principio de devengo en las cuentas nacionales, lo que provocó una tergiversación de los datos del déficit y la transmisión de cifras incorrectas a Eurostat en 2012, según la información del Gobierno.

La Comisión decidió reducir la cuantía de la multa al apreciar algunos aspectos como el limitado impacto en el déficit de España en su conjunto, la notificación inmediata del Estado español a Eurostat de las cifras correctas y que la incorrección fuera obra de una sola entidad, así como el "alto grado de cooperación" de las autoridades estadísticas españolas y las entidades implicadas en la investigación.