El Consell aprobará el requisito lingüístico en plena campaña electoral tras siete años

VALÈNCIA. Como ya sucedió en la legislatura pasada, el requisito lingüístico vuelve ahora a situarse en el ojo del huracán. A dos semanas de que se produzcan las elecciones autonómicas, el Gobierno del Botànic no ha aprobado todavía el decreto que regula el grado de conocimiento del valenciano que deberán acreditar aquellos que quieran acceder a la Función Pública. 

El principio de acuerdo y la presentación del borrador de la norma fue anunciado en noviembre. Pero cinco meses después, todavía sigue sin haber superado el filtro de un pleno del Consell. Y ahora, en caso de que se acabe validando, el tripartito tendrá que darle luz verde en un escenario poco deseado: en plena campaña electoral. 

Esta dará comienzo este viernes 12 de mayo, cuando tendrá lugar el próximo pleno del Consell. Desde entonces y hasta la cita en las urnas, quedan otros dos viernes para que el Gobierno valenciano pueda aprobar el requisito lingüístico: el 19 y 26 de mayo, justo el ecuador y el último día de la campaña. Un calendario que, por tanto, ya no deja margen al Ejecutivo valenciano para que valide la normativa antes de la cita en las urnas el 28 de mayo. 

En este sentido, cabría la posibilidad de que PSPV, Compromís y Unides Podem optasen finalmente por sacar adelante la ley en las próximas semanas y hacerlo a partir del 29 de mayo mientras el Consell estuviera en funciones hasta que se constituyese el próximo Gobierno. Sin embargo, es un escenario que fuentes del Ejecutivo descartan que pudiera darse dada la trascendencia de la normativa que se trata, pues regula el acceso a la Función Pública. También los sindicatos opinan que sería complejo ver que algo así pudiera ocurrir. 

Por lo que la ecuación que hay ahora mismo sobre la mesa sería la siguiente: o el Botànic aprueba el requisito lingüístico en plena campaña electoral, o finalmente este no sale adelante y queda guardado en un cajón por segundo mandato consecutivo, muy a pesar de Compromís. 

Trámite del Consell Jurídic

En este escenario, cabe recordar que la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la responsable de Educación, Raquel Tamarit, anunciaron en una rueda de prensa de noviembre que ambas carteras habían llegado a un acuerdo sobre el requisito. El pacto parecía imposible de alcanzar entre PSPV y Compromís, pues las desavenencias que este tema había generado se remontaban a 2016, cuando empezó a trabajarse en la normativa. 

El debate siempre ha sido el siguiente: mientras los valencianistas buscaban que la lengua cooficial fuera un requisito de acceso en cualquier oposición, los socialistas defendían que este debía considerarse como un mérito en cualquier proceso selectivo. A pesar de la enorme división que existía al respecto, hace cinco meses consiguieron entenderse y pactar un diseño intermedio que contentó a ambas partes. 

Por un lado, Justicia definiría en su normativa el grado de conocimiento según escalas y Educación se encargaría de elaborar el decreto de homologación. De manera que serían dos normas que, además, tendrían que aprobarse en el mismo pleno del Consell al "ir de la mano", según expusieron en su día. 

La Conselleria de Educación elaboró su decreto hace ya semanas y lo remitió al Consell Jurídic Consultiu (CJC) el pasado 19 de abril. Justicia, no obstante, debía esperar para remitir el suyo porque previamente la Dirección General Política Lingüística debía elaborar un informe sobre este otro decreto. Una vez el departamento lo hizo, la Conselleria de Función Pública gobernada por los socialistas enviaron la norma a Abogacía de la Generalitat, que ya se pronunció sobre el decreto la semana pasada y lo devolvió al Consell. 

Tras este último episodio, la cartera de Bravo debía realizar alegaciones a las objeciones de Abogacía y tenía intención de enviar su decreto al Jurídic como ya había hecho Educación. Acto seguido, solicitarían que este se tramitase con carácter urgente para poder aprobarlo antes de que acabe la legislatura. Para ello, el CJC que preside Margarita Soler dispone de un margen de 10 días para emitir su dictamen. Un plazo que empezaría a contar esta misma semana, por lo que resultaría complejo que pudiera aprobarse este mismo viernes. 

Niveles exigidos

El redactado actual del decreto del requisito fija un periodo transitorio desde la actualidad hasta 2025. Durante ese periodo de dos años, el conocimiento de valenciano que se les exigirá a los funcionarios y aspirantes a serlo será de un B2 o B1. En concreto, aquellos que opten a una categoría C2 de la Administración tendrían que probar que tienen un nivel de valenciano B1 -Grado elemental-, mientras que los aspirasen a escalas superiores tendrán que acreditar que tienen un nivel B2, un tramo intermedio entre el elemental y el antiguo Grau Mitjà.

Para ello, no deberán superar ningún examen concreto de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Sino que será la propia Conselleria de Educación la que acredite el nivel que tiene cada aspirante. ¿Cómo? A través del expediente académico que tenga cada uno, la homologación será automática. Si han cursado Bachillerato obtendrán un B2. Si solo han cursado la ESO y han superado la asignatura de valenciano, tendrán el B1.

Pero a partir de 2025 la situación cambiará. A partir de la OPE que se convoque en ese ejercicio, la Generalitat exigirá otros niveles: el conocimiento de valenciano C1 -el antiguo Grau Mitjà- para todo aquel que desee acceder mediante un proceso selectivo a los grupos más altos de la Administración, A1 y A2; es decir, los altos funcionarios con estudios universitarios. Mientras tanto, a aquellos que opten al grupo B o C1 les valdrá con acreditar un conocimiento del idioma B2; y los que se presenten a una oposición de C2, deberán probar que tienen un nivel de valenciano B1.