El president de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. La próxima semana, el president de la Generalitat, Ximo Puig, se enfrentará al último Debate de Política General de esta legislatura. Será su tercera intervención estando al frente del Ejecutivo valenciano y en ella deberá exponer en Les Corts el balance de lo acontecido este año, las actuaciones llevadas a cabo por el Consell y los proyectos de futuro que desarrollarán hasta marzo, cuando se disuelva el parlamento valenciano para convocar las elecciones de mayo de 2019.
La cita del año pasado estuvo marcada por un total de 21 anuncios y promesas. Y aunque la gran mayoría están iniciados, a fecha de hoy sólo nueve pueden darse por zanjados, algunos de ellos porque el anuncio era simplemente "iniciar" algo que no se ha concluido. Otros se encuentran a medio camino porque acaban de comenzarse después de casi un año o por ser planes a largo plazo que son complicados de acometer en apenas un año, como es el caso de la ampliación del Hospital Clínico de Valencia. Algunos no se han realizado porque fueron modificados a lo largo del curso político, como la inversión de 20 millones de euros en ayudas a los sectores industriales.
En el caso del Hospital Clínico, el Consell firmó en diciembre de 2017 un acuerdo de compra por 14,5 millones de euros a la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universitat Politécnica de València. Un paso necesario para poder ampliar el centro hospitalario. Sin embargo, las obras para que el Clínico alcance los 30.000 metros cuadrados están previstas para principios de 2019. Por lo que, aunque los trámites se han iniciado, el horizonte de su consecución es lejano.
Por otro lado, afirmar que el compromiso del conseller de Economía, Rafa Climent, no podrá acometerse resulta ago más evidente, ya que el Consell dejó finalmente en 17,5 millones de euros la partida prevista para el nuevo Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV). Con esto, resulta complicado –si no imposible– que se alcancen los 20 millones cuando ni siquiera están presupuestados.
La situación en la que se encuentra el anuncio estrella del pasado Debate -Edificant, el plan de la Generalitat para construir y mejorar centros escolares en colaboración con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana- es complicada de concretar. De los 700 millones de euros a invertir entre 2018 y 2022 –el plan es edificar 200 colegios nuevos y reformar otros 500-, la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà traslada a Valencia Plaza que tienen comprometidos 200. En total, en las cuentas para este ejercicio el presupuesto era de 213 millones de euros.
Ahora bien, Marzà firma delegaciones de competencias todos los días –con lo que la cifra se actualiza diariamente–, por lo que resulta difícil precisar si el objetivo anual se encuentra cumplido o no, pues no se descarta que antes de la cita del próximo martes el departamento de Campanar alcance la cifra prevista y comprometa la totalidad del presupuesto. No en vano, este mismo jueves Educación dará una rueda de prensa "de inicio de curso" en la que fuentes del departamento aseguran que actualizarán esta cuantía.
Más complicado lo tiene el área de Turismo. El 14 de septiembre de 2017 Puig anunció que se abriría una sede del Invatur en cada provincia de la Comunitat Valenciana. Según trasladan fuentes de la Agencia Valenciana de Turismo, la sede de Morella –localidad elegida para la correspondiente a la provincia de Castellón–, está en funcionamiento. Sin embargo, "los retrasos para obtener la licencia", según Turismo, han ocasionado que, de momento, la sede de València no tenga fecha ni de obra ni de apertura en el calendario.
Otro de los anuncios más llamativos del Consell fue el incremento del número de valoradores de dependencia de 18 a 450. Por el momento, hay 380 y la cifra no puede incrementarse hasta la cantidad de valoradores previstos, ya que la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler no envió el informe favorable necesario para generar crédito y disponer de fondos para la entrada de empleados en calidad de interinos; unos puestos que más tarde podrían consolidarse como plazas con la convocatoria de las correspondientes oposiciones.
Tampoco es todavía una realidad palpable el Distrito Digital, aunque la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana que dirige Antonio Rodes trabaja contrarreloj para que lo sea en otoño. Las expectativas son que en el primer trimestre de 2019 –antes de terminar la legislatura– estén instaladas 120 startups, 40 microempresas de gaming y eSports funcionando con 500 trabajadores.
Puig también anunció la creación de una red para la investigación e innovación. En este sentido, la Agencia Valenciana de la Innovación anunció el pasado mes de agosto que financiaría la creación de unidades científicas en ocho centros de investigación de la Comunitat cuya única misión sería el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación vinculadas a sus respectivas líneas de trabajo y orientadas a su implantación final en las empresas. Pero, de momento, es solo otro anuncio.
En una fase embrionaria también se encuentra el plan de 3 millones para acabar con la brecha digital en municipios en riesgo de despoblación. La Conselleria de Hacienda sí puso en marcha el 1 de julio la orden reguladora de estas ayudas. Pero, con dos meses de vida, las subvenciones todavía no han comenzado a concederse. No en vano, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó en julio la resolución de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la que se sometía a información pública el nuevo proyecto de orden para el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la extensión de la cobertura de banda ancha de nueva generación en la Comunitat Valenciana.
Entre las promesas realizadas, también hay situaciones en las que resulta difícil determinar el punto de desarrollo en el que se hallan los proyectos. Por ejemplo, el plan de apoyo y fomento al cooperativismo; pedir al Gobierno central que agilice los protocolos de exportación o la prioridad en los planes de empleo para los parados de larga duración que se acerquen a la edad de jubilación.
No obstante, también existe en la lista ciertos compromisos que el Consell sí ha conseguido cerrar por completo. Así, todo el ejecutivo valenciano firmó el pasado 19 de septiembre el Pacto contra la Violencia de Género, apenas cinco días después de que se celebrara el Debate de Política General. De la misma manera, el último 50% del fondo de cooperación para los ayuntamientos fue abonado a los municipios antes del 9 d'Octubre.
Entre los anuncios del Debate, también se incluyó el Plan Ribera: mejoras en atención primaria e instalaciones comarcales tras la reversión de la concesión. Si bien desde Sanidad y Presidencia de la Generalitat señalan que el grueso de este plan correspondía a la reversión del hospital de Alzira –una meta alcanzada–, el Consell también presupuestó 6,9 millones para desarrollar las mejoras en las actuaciones.
De esta partida, fuentes del departamento que ahora dirige Ana Barceló, señalan que ya están en marcha una inversión de 35.000 euros en el Centro Sanitario Integrado Alzira II con el objetivo de incorporar consultas y una extensión del SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente); otra de 32.000 euros en el Centro de Salud de l'Alcúdia; y la inversión de 45.000 euros en diversos centros de Atención Primaria de Carlet. Otros 600.000 euros se han destinado a la adjudicación de equipos de radiología y dos ecógrafos para distintos centros de salud. Además, la Conselleria de Sanidad subraya que se han destinado 5,1 millones de euros a la adjudicación de alta tecnología (acelerador lineal y PET-TC) así como respiradores para el hospital de Alzira y se han adaptado un total de cinco baños para personas con diversidad funcional (40.000 euros).
Otro objetivo que podría incluirse entre los cumplimientos, con toda seguridad por la falta de ambición en la descripción, es el "inicio de los trámites necesarios para resolver la concesión del departamento de salud de Dénia-La Marina". Un anuncio que venía arrastrado desde el Debate de Política General de 2016.
Puig subrayó el pasado mes de abril que la Generalitat había abierto la "negociación definitiva" para "devolver a la gestión pública la gestión de ese departamento de salud". DKV y el Consell trabajan para resolver las diferencias de interpretación en las liquidaciones pendientes. Ahora bien, este es tan solo el inicio de los trámites. De momento, no se conoce cómo avanzan las negociaciones, ni el informe que pidió la Generalitat para conocer cuánto le costaría a las arcas públicas la compra de la concesionaria. Y el acuerdo, de hecho, es complejo ya que Ribera Salud es propietario del 35%.
Otro anuncio con la misma falta de ambición ha sido tachado de la lista este año. El Ejecutivo de Ximo Puig ha iniciado los trámites para que el Gobierno central reconozca la conexión aérea entre Castellón y Madrid como de servicio público. En varias ocasiones el Gobierno valenciano lo ha solicitado, la última en febrero de este año. De hecho, el Ejecutivo valenciano ha pedido al Ministerio de Fomento que asuma la financiación de la ruta. No obstante, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) consideró que la declaración de esta ruta como servicio público sería contraria a la legislación europea al no cumplir los requisitos de proporcionalidad entre la obligación impuesta a las aerolíneas y las necesidades de desarrollo económico del territorio.
En el departamento de Cultura, el conseller Vicent Marzà ha cumplido con la firma del convenio para la apertura de una subsede del IVAM en el Centre d'Art d'Alcoi (CADA). Así, el pleno del Consell del 3 de agosto aprobó el convenio entre el IVAM, el consistorio del municipio y la Fundación Caja Mediterráneo con el fin de "determinar el régimen de rehabilitación, gestión, equipamiento, mantenimiento, uso y explotación" del centro.
Su compañero de partido, Rafa Climent, también ha logrado crear 8.000 empleos a través del plan Avalem Joves Plus doblando el presupuesto destinado a este proyecto. Fuentes de Presidencia, aseguran que se han superado los 9.000 puestos.
Por su parte, la Conselleria de Vivienda que dirige María José Salvador ha cumplido con el anuncio de reeditar el Plan Renhata. Las bases se publicaron en marzo de 2018 y la convocatoria se publicó en abril. El máximo de ayudas a conceder en este ejercicio es de 5,4 millones de euros. La conselleria también ha comenzado a ejecutar el Plan de Rehabilitación del Parque Público de Vivienda. El pasado mes de agosto, ya se habían invertido 14 millones de euros en la reparación de 671 viviendas. El plan plurianual de 2018 a 2020 contempla un presupuesto total de 106 millones para actuar en 6.129 casas.
Así, también está entre los deberes hechos el nuevo fondo del Institut Valencià de Finances dotado con 70 millones para dos nuevas vías de inversión: creación de negocios por parte de personas en paro y una línea para start ups. El pasado mes de diciembre, el Consell aprobó un decreto ley para la constitución de dos fondos, sin personalidad jurídica propia y gestionados por el IVF para canalizar recursos de la Unión Europea. Finalmente, en total se dispone de 135 millones de euros para aquellas empresas innovadoras y pymes en fase de crecimiento y expansión, así como personas desempleadas que lleven a cabo iniciativas emprendedoras.
