Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Una de las principales dificultades que se encuentran los promotores a la hora de iniciar un proyecto son los dilatados tiempos de la Administración para conceder una licencia. Un problema que lleva a demorar los desarrollos durante meses, incluso en algunos casos años. Conscientes de esta situación, desde la Conselleria de Vivienda quieren agilizar el proceso para la obtención de los permisos en el caso de las promociones que se levantaran en el marco del concurso para la cesión de 17 suelos públicos a promotores. Y más teniendo en cuenta que el plan cuenta con fondos europeos y Bruselas ha marcado unos plazos concretos para la ejecución de las anualidades.
Para ello, recurrirán a la declaración de interés general, una figura contemplada en el texto refundido de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), y que permitirá agilizar los trámites para la concesión de la licencia municipal. De hecho, este instrumento ya se ha utilizado en obras de la Conselleria de Hacienda o para agilizar actuaciones del Pla Convivint de infraestructuras de servicios sociales, impulsado por el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas.
En este caso, lo que se pretende es acelerar la puesta en marcha de las cerca de 1.100 viviendas que se prevé que los agentes privados construyan en régimen de alquiler asequible mediante la cesión de parcelas públicas en Valencia y Alicante. Serán, por tanto, los promotores los que desarrollarán las actuaciones y explotarán las viviendas durante un tiempo determinado, aunque su titularidad siempre será de la Administración.
Así, según la Lotup, cuando por razones de urgencia o excepcional interés público declarado por el Consell, "el conseller podrá, tras la declaración de interés público, acordar la remisión del proyecto al ayuntamiento para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento urbanístico en vigor".
La intención del departamento que dirige Héctor Illueca es que el próximo pleno del Consell dé luz verde a esta propuesta de declaración de interés general de las parcelas para poder poner en marcha la maquinaria. De hecho, hace ya unas semanas que la la Generalitat Valenciana autorizó la cesión, en régimen de derecho de superficie, de las 17 parcelas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha, que forman el concurso.
Esta convocatoria, la primera quedó desierta, movilizará 54 de los 500 millones que repartirá el Gobierno este año para la promoción pública procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Un montante que se destinarán a subvencionar parte de los proyectos. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, e Illueca firmaron en mayo el acuerdo bilateral para la ejecución del programa.
Como avanzara este diario, esos más de 50 millones posibilitarán ayudas a los agentes privados de 700 euros por metro cuadrado, con un máximo de hasta 50.000 euros por vivienda. De esta forma, la Administración cederá al sector privado el derecho de superficie de las parcelas públicas durante un periodo de 50 años. Las empresas construirán el edificio y lo explotarán durante ese periodo en régimen de alquiler asequible. Una vez finalizado el plazo, el inmueble será gestionado por la Administración valenciana, que en ningún caso perderá la propiedad de las viviendas, que pasarán a formar parte del parque público.
Una de las principales novedades de esta edición es que los 17 suelos se dividirán en tres lotes de entre 5 y 6 terrenos por una valor total de más de 150 millones de euros. Unas parcelas que se encuentran ubicadas en diferentes municipios repartidos entre las provincias de Valencia y Alicante. En concreto, de esas 1.100 viviendas proyectadas, 34 unidades estarán en Alicante; 58 en El Campello; 512 en Sant Joan; 36 en San Vicentes del Raspeig; 122 en Gandia; 41 en Silla; y 287 en València.
Además, las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas a personas que vayan a tenerlas como su domicilio habitual y permanente. Se priorizará, además, el criterio social. Así, los arrendatarios no podrán superar en 4,5 veces el IPREM -unos 2.605 euros mensuales- y con condiciones especiales para personas con discapacidad y familias numerosas. Adicionalmente, las personas arrendatarias deberán estar inscritas en el Registro de demandantes de Vivienda de la Comunitat Valenciana, según el acuerdo firmado entre la Conselleria y el Ministerio.
En cuanto a los precios, se ha fijado un máximo de 7,5 euros por metro cuadrado útil al mes, aunque sujeto a actualización conforme a lo que se establezca por el pliego del concurso. Asimismo, habrá un tope de 4,5 euros por metro cuadrado útil al mes de plaza de garaje, de trastero o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda. Eso sí, los garajes y trasteros que tengan la consideración de no vinculados podrán arrendarse en condiciones de mercado.
