El Consell reformará el contrato programa de À Punt para quitar presión al Consejo Rector

VALÈNCIA. El presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, compareció este martes en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts para justificar por qué el ente que preside no alcanzó el año pasado el mínimo de ingresos publicitarios que exige el contrato programa. Una norma que precisa que los beneficios que obtenga el órgano por este concepto nunca podrán ser inferiores al 25% de cuatro millones de euros, ya que de lo contrario, la ley de creación del Servicio Público de Radiodifusión determina que este es motivo de cese de todo el Consejo Rector. 

Así, en 2018 À Punt apenas se embolsó 816.352 euros por publicidad y Soriano asistió al Parlamento valenciano para sortear la destitución del consejo de administración. De hecho, lo logró, pues todos los diputados del Botànic II votaron a favor de que los consejeros continuaran en el cargo. Sin embargo, su intervención no sólo sirvió para salvar al órgano directivo, también evidenció la insuficiencia publicitaria que tiene la radiotelevisión autonómica: avanzó que la previsión de ingresos por publicidad en 2019 es de un millón y, probablemente, el próximo año sea la misma. 

Con todo, el presidente del ente deslizó la probabilidad en su intervención de que el contrato programa fuera reformado por la comisión mixta integrada por el Consell y representantes de À Punt para rebajar las expectativas de ingresos publicitarios. No en vano, fuentes de la Corporació explican que cuando se elaboró, el medio público todavía no estaba en funcionamiento y se hizo un pronóstico "optimista" en cuanto a los beneficios que iba a poder recaudar por este concepto. Sin embargo, tras un año y medio de emisiones se han topado con la realidad: que los ingresos son mucho menores de lo que cabía esperar. 

Ahora, el Gobierno valenciano está dispuesto a atender la sugerencia de Soriano. Miembros de esta comisión bilateral aseguran a preguntas de este diario que ven "conveniente" y "razonable" abordar una reforma del documento para adaptarse a la "realidad" con la que se han encontrado los gestores de À Punt tras su puesta en marcha. Más aún teniendo en cuenta que las perspectivas que fija el documento para este año y el próximo son aún más ambiciosas que en el ejercicio anterior: el documento recoge que los ingresos procedentes "de la publicidad y la venta de los productos generados por la actividad que tiene encomendada, se cuantifican en cuatro millones de euros para el ejercicio 2018 y seis millones de euros para el resto de los ejercicios de vigencia del contrato". 

Es decir, seis millones en 2019 y lo mismo para 2020, ya que el contrato programa tiene una validez de tres años, por lo que la Corporació estaría obligada a recaudar 1,5 millones de euros por publicidad, pues supone el 25% que exige la normativa para evitar la amonestación de la Sindicatura de Comptes y que sus consejeros no vuelvan a incurrir en causa de cese. 

De momento, socialistas y valencianistas no avanzan cuál sería una cuantía óptima a fijar como objetivo en el contrato programa, pero tras la comparecencia de Soriano estiman que la cifra podría situarse entre uno y dos millones de euros. Un debate que se abordará en la próxima reunión que mantenga la comisión mixta el próximo mes de diciembre. 

Así, en caso de que se acordara reformar el contrato programa para fijar que la previsión de ingresos por este concepto es de un millón de euros, À Punt estaría obligado a alcanzar al menos 250.000 euros para no infringir la ley, mientras que si fueran dos millones, la cantidad se incrementaría a los 500.000 euros. No en vano, ambos suponen el mínimo del 25% que establece el documento acordado entre la Corporació y la Generalitat Valenciana. Unas cifras que hoy por hoy ya alcanzan y que permitirían aliviar la presión que ahora mismo generan sobre el Consejo Rector las amplias expectativas plasmadas en el documento. 

Publicidad institucional y audiencias

En la comparecencia del martes, el máximo responsable de la CVMC enumeró una serie de razones para justificar los bajos ingresos publicitarios de la Corporació. Entre algunas se encuentra, por ejemplo, que el código de contratación del ente público impide insertar anuncios de apuestas deportivas u otros que puedan perjudicar la salud pública como el tabaco; que la publicidad institucional de la Generalitat no se cobre -a pesar de que lo contabilizaron en el presupuesto de 2018 como ingresos-; o no haber comenzado a medir las audiencias hasta seis meses después de iniciar las emisiones. Una herramienta fundamental para que las marcas decidan pagar por anunciarse en cualquier cadena. 

A la espera de que la comisión mixta se reúna el próximo mes y defina qué modificaciones introducir en el contrato programa, de momento el Consejo Rector continúa tachando tareas que tenía pendientes. Este miércoles aprobó la oferta pública de empleo de À Punt a la espera del informe de la Dirección General de Presupuestos, necesario para hacer pública esta convocatoria de oposiciones.