Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios que conforman el Govern del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, llegaron este jueves a un acuerdo para ratificar el decreto ley de medidas urgentes en respuesta a la emergencia económica y energética originada por la guerra de Ucrania, más conocido como "decreto ómnibus" de las renovables. Un pacto que se hizo público pocos minutos antes de que llegara el momento de la votación para validar el documento en el pleno de Les Corts Valencianes y que ha conllevado, como ya informó este diario, intensas negociaciones en las últimas horas ante el desacuerdo entre el PSPV y sus dos socios.
Compromís y Unides Podem pretendían introducir modificaciones en el decreto y que se tramitara como proyecto de Ley o, en su defecto, aprobar este jueves la validación del decreto sin cambios pero que los grupos se pusieran a trabajar de inmediato en una nueva ley de soberanía energética que pudiera ejercer de paraguas del decreto y que contuviera los aspectos que echaban a faltar en el documento que se aprobó en el Consell. Un texto que, cabe recordar, tuvo que parar en boxes, ser revisado y volver a aprobarse tras un informe con muchas observaciones de la Abogacía de la Generalitat.
Finalmente, ni una cosa ni la otra. El decretó se validó en la sesión plenaria de este jueves con los votos del Botànic sin que se produjeran modificaciones, lo que satisfizo al PSPV-PSOE. Mientras que, por otro lado, se llegó a un pacto con diversas propuestas de sus socios que deberán aprobarse en la próxima Ley de Acompañamiento a finales de año. Un balón aparentemente largo con el que Compromís y Unides Podem se mostraron también conformes al incluir sus medidas pese a que, una vez más -como ya ocurrió en otras cuestiones como la tasa turística-, los socialistas lograron aplazar las peticiones de los socios que no eran de su agrado.
Ahora bien, desde Compromís y Unides Podem creen que, de nuevo, y como finalmente pasó con la tasa pese a las reticencias socialistas, las cuestiones propuestas tienen bastantes opciones de salir adelante. El motivo es que la ley de Acompañamiento se negocia prácticamente en paralelo a los Presupuestos de 2023, los que serán los últimos de la legislatura y que, además, serán los primeros con el nuevo conseller de Hacienda, Arcadi España, al frente del departamento. Sobre esto, las citadas fuentes opinan que para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, será una prioridad sacarlos adelante para concluir la legislatura con ocho presupuestos aprobados de forma consecutiva y también para que España no tropiece en su primera negociación con las cuentas.
Por otro lado, una de las novedades de este episodio de negociación en Les Corts era el debut de la nueva portavoz del PSPV en Les Corts, Ana Barceló, al frente de las operaciones. Con Puig de viaje institucional en Portugal, la consigna de conseguir la validación del decreto este jueves estaba clara.
El acuerdo, sin obligaciones ni concesiones inmediatas a los socios, permitió a Barceló salir airosa de su primera negociación, en la que también se implicaron desde Presidencia de la Generalitat. Un cambio en el modo de funcionar en un grupo, donde el anterior síndic, Manolo Mata, trabajaba de manera en ocasiones muy independiente.
En cuanto al contenido del acuerdo a futuro, los tres grupos elaboraron un documento con siete epígrafes en los que enumeran los puntos que han quedado para futuras negociaciones. Entre ellos, se encuentra la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de la Energía, la prelación de las zonas urbanas para nuevas instalaciones fotovoltaicas y la autonomía municipal.
En concreto, se creará una Agencia Valenciana de la Energía que contemple crear o participar en sociedades mercantiles, con el objetivo de comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia y gestionar la venta de excedentes energéticos de instalaciones de autoconsumo.
También aprueban el impulso de promociones públicas de generación distribuida de energías renovables y el fomento de las cooperativas de energía y las comunidades energéticas locales como instrumento vertebrador de una transición energética democrática.
Otro de los puntos es establecer la prelación de suelos y espacios para la instalación de plantas de energías renovables, priorizando la instalación de centrales fotovoltaicas y parques eólicos en zonas urbanas, industriales y de suelos degradados o de nulo valor medioambiental, agrícola y patrimonial. Esto comportará la reducción de permisos e informes asociados para "ganar eficiencia y evitar el impacto de infraestructuras de trasporte".
Igualmente, buscarán mejoras de cuestiones técnicas que puedan resultar de interés para impulsar la transición energética en la normativa vigente, el refuerzo de la protección medioambiental para minimizar la afección de los espacios naturales protegidos.
Asimismo, se adaptará la normativa valenciana al acuerdo del Congreso que modifica el Real Decreto Ley 6/2022. Asimismo, habrá mecanismos de participación para los municipios. Las fotovoltaicas o eólicas mayores de 10 Mw en suelo no urbanizable exigirán un trámite de participación pública de acuerdo con lo que establece el texto refundido de la Lotup. "Su resultado será valorado por el órgano sustantivo respecto al grado de apoyo ciudadano que la propuesta tenga", ha agregado.
Además, se propondrá dar apoyo técnico y humano a los ayuntamientos de municipios menores que presentan la insuficiencia de recursos materiales y humanos para que puedan cumplir las obligaciones y actuaciones que correspondan.