Ximo Puig y Francisco Gómez, presidente de Coepa. Foto: GVAVALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda reclamará directamente a las patronales provinciales de la Comunitat –la alicantina Coepa, la valenciana CEV y la castellonense CEC– un millón de euros en subvenciones para cursos de formación incorrectamente justificados o que directamente ni se impartieron.
La liquidación exprés de la autonómica Cierval, comunicada por el juez este jueves, deja a estas organizaciones en una situación muy comprometida, especialmente a Coepa y la CEC, que no tienen recursos para devolver las cantidades que les reclama la administración. Hasta ahora era Cierval la que respondía por las reclamaciones que no podían afrontar sus entidades fundadoras, que ahora tendrán que hacerse cargo de sus respectivas deudas.
La deuda conjunta, según recoge el juez en su auto, supera el millón de euros y es el resultado de los diferentes expedientes de reintegro iniciados por la administración autonómica contra las organizaciones empresariales por la incorrecta justificación de las subvenciones. La mayor parte corresponde a 600.000 euros que el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) llevaba meses reclamando a Cierval.
Esa deuda, que ya está en fase de ejecución, fue precisamente la que arrastró a la quiebra a la organización presidida por José Vicente González, ya que no pudo presentar las garantías que la Conselleria de Hacienda le exigía para poder aplazar el pago. La consecuencia fue la entrada en preconcurso de acreedores a finales del año pasado.
Dado que el papel de Cierval era el de canalizar los fondos que ejecutaban las organizaciones provinciales, la Conselleria de Hacienda se dirigirá ahora directamente contra cada una de ellas para tratar de recuperar el máximo posible lo que se le debe al IVAT –sin contar recargos e intereses–. La diferencia entre esos 600.000 euros y el millón de euros que refleja el juez corresponde a otros requerimientos que aún no estarían en fase ejecutiva.
De la deuda con el IVAT, 250.000 euros corresponden a la CEV, de la que la Conselleria de Hacienda asegura haber obtenido ya un compromiso de pago para que se abone "sin problemas". La organización que preside Salvador Navarro ya tiene esa cantidad completamente provisionada en sus cuentas.
"El resto, con sus intereses correspondientes, se le reclamará a las patronales de Castellón y Alicante por los procedimientos establecidos legalmente. Es la obligación que tenemos hacia los contribuyentes valencianos y es nuestra responsabilidad", asegura un portavoz del departamento que dirige Vicent Soler, que en breve iniciará los contactos con Coepa y la CEC.
La rapidez con la que el juez ha ventilado la extinción de Cierval ha sorprendido a las patronales provinciales. En su auto, el magistrado se detiene en la delicadísima situación de Cierval y en sus causas, fundamentalmente las cuotas impagadas de Coepa y la CEC. Tan claro lo ha tenido el magistrado que ha dictado directamente la extinción de la organización empresarial sin ni siquiera designar a un administrador concursal.
El magistrado destaca en su auto la insuficiencia de bienes de Cierval para afrontar todo el pasivo, ya que más de la mitad de sus activos son deudas "de difícil cobro, pues se refieren a cuotas de afiliados cuyo impago, arrastrado desde 2014 y 2015 incluso alguna desde 2010". Según los extractos del auto que facilitó Cierval este jueves, esa es una de las causas que el magistrado sitúa como origen de su insolvencia, ya que la CEC y Coepa "incluso se manifiestan incapaces de atender el pago de las cuotas de la propia confederación autonómica".
En este sentido, cabe recordar que Cierval accedió a aplicar una quita del 95% sobre la deuda pendiente de Coepa por cuotas impagadas, que rondaba el medio millón de euros.
A partir de ahí, el magistrado del juzgado de lo Mercantil 3 de València deduce que no es posible la obtención de nuevos ingresos "dado que los ingresos por cuotas son inexistentes y resulta materialmente imposible la percepción de subvenciones al existir procedimientos de reintegro de subvenciones por la suma de 1.000.565,26 euros, que imposibilitan la percepción de nuevas subvenciones, principal fuente de sus ingresos".
La premura con la se ha finiquitado el concurso de Cierval añade presión a la CEC y Coepa, que se encuentra al inicio de la aplicación de su plan de viabilidad tras superar su propio concurso de acreedores.
En el convenio que pactó con sus acreedores tras la quita de la deuda que le aplicó Coepa incluyó una previsión de ingresos de 120.000 euros por ingresos procedentes de la Ley de Participación Institucional, las subvenciones que la Generalitat da a las patronales y sindicatos más representativos por su participación en órganos consultivos.
Tal y como refleja el magistrado en el auto de extinción de Cierval, la percepción de subvenciones públicas es incompatible con la existencia de deudas con la propia administración, por lo que es probable que Coepa tenga que buscar ingresos alternativos para cubrir esos 120.000 euros que esperaba ingresar con la LPI.
