VALÈNCIA. Rápido no ha sido, pero el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ya ha emitido su dictamen sobre la Oferta Pública de Empleo extraordinaria de 2022 de la Diputación de València que había quedado en el limbo tras una sentencia judicial que anuló parte de las bases de una de las convocatorias. Un informe que insta ahora a la corporación provincial a anular las bases del resto de categorías convocadas al considerar que, de la misma manera, impiden el acceso a la función pública en condiciones de igualdad a todos los aspirantes.
Para entender el dilema que ahora mismo está sobre la mesa cabe remontarse ocho meses atrás. Como ya ocurrió en el Ayuntamiento de València, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia declaró el pasado mes de marzo nulos dos apartados de las bases de la convocatoria de Técnico de Administración General (TAG) que baremaban de forma distinta la experiencia de aquellos interinos de la administración provincial frente a los temporales de la Generalitat y ayuntamientos. El tribunal consideraba que la diferencia era tan grande que se producía una desproporción que impedía el acceso a la función pública en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.
El artículo en cuestión, puntuaba la experiencia profesional de un funcionario interino de la Diputación con 0,45 puntos por mes trabajado, mientras que si el empleado temporal procedía de otra administración pública tan solo podría sumar 0,1 puntos aunque pertenecieran al mismo subgrupo y categoría. La circunstancia motivó un recurso por parte de un aspirante porque la "diferencia cuantitativa" rebasaba, a su juicio, "el límite de lo tolerable", dado que existía una "sobrevaloración del 450%".
El juzgado acabó dándole la razón y obligó a la institución a cambiarlas. Todo ello, con el proceso ya en marcha. En total se habían convocado 30 procedimientos. De manera que la Diputación, tras este varapalo judicial, decidió pedir una aclaración de sentencia para conocer si debían modificar únicamente las bases de esa convocatoria, o si en su defecto afectaba a todos los procesos. El tribunal, aclaró que tan solo las de los TAG (puesto que el fallo tan solo se pronunciaba sobre el objeto de esa demanda).
Sin embargo, en ese impasse el secretario de la diputación provincial emitió un informe que contradecía aquel pronunciamiento. Instó al órgano que preside Vicente Mompó a revisar de oficio las bases con carácter general "a fin de depurar el vicio que adolecen y constituir unas nuevas" que se ajustaran a derecho. Eso sí, solo en aquellas convocatorias que no estuvieran ya resueltas -cabe recordar que de los 30 procesos cada uno se encontraba en una fase distinta-, en aquellas que tan solo se hubieran publicado listado de admitidos.
En aquellas en las que se hubiera nombrado ya personal funcionario de carrera por haberse resuelto o se encontraran en fase de propuesta por el Tribunal Calificador, advertía que no debían hacer nada. Es decir, mantener el acto administrativo de nombramiento de los funcionarios de carrera por los límites que impone el artículo 10 de la la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ya que en estos aspirantes se habría "generado la expectativa legítima de que, confiando en la legalidad y validez del procedimiento selectivo, sus resultados" serían "respetados".
Con este escenario sobre la mesa, el pleno del 10 de septiembre aprobó la revisión de 28 procesos que aún estaban en marcha. Y el equipo de gobierno y los sindicatos se emplazaron a una Mesa de Negociación para decidir cómo proceder. La reunión tuvo lugar a finales de septiembre y, en ella, acordaron modificar las bases del proceso de estabilización de los TAG, dado que sobre estas oposiciones ya existía sentencia firme. Pero sobre las otras 28 convocatorias decidieron pedir un informe con carácter de urgencia al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para saber si el informe del secretario de la Diputación era vinculante o no, y conocer si debían rebaremar las bases de la OPE de 2022 con carácter general o empezar de cero por completo, lo que implicaría volver a convocarlas, publicar unas nuevas bases y que los interesados volvieran a presentarse a la categoría que deseen.
El dictamen del Jurídic ya ha sido remitido a la corporación provincial y le insta a "declarar la nulidad" de las bases generales y específicas de todas estas convocatorias: A1, A2, C1, C2 y APF. Convocatorias a las que se habían presentado un total de 5.539 aspirantes, algunos a concurso y otros por concurso-oposición, es decir, con examen incluido.
La nulidad de las bases, por tanto, conlleva empezar el proceso prácticamente de cero, pues otros que se quedaron fuera y decidieron no presentarse a la OPE por la desproporción que existía entre la experiencia adquirida en la Diputación y la del resto de administraciones, podrían ahora decidir presentarse al tener más opciones de competir por estabilizar la plaza. En total, se ofertan 97 puestos. Un centenar de plazas para las que se espera un aluvión de aspirantes.
El escenario, desde luego, no es alentador. Tanto, que incluso el diputado responsable de Personal de la corporación provincial, Ricardo Gabaldón, ya reconoció el mes pasado que era "imposible" resolver las convocatorias a tiempo si el proceso debía abrirse de cero. Y es que la Diputación tan solo dispone hasta el 31 de diciembre para ello, apenas 40 días.
El responsable de Administración General y Bandas de Música, Gabaldón, emitió un informe en el que advertía que "teniendo en cuenta que los procesos selectivos deben estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2024, en el caso de comenzar todas las bases y comenzar los procesos de nuevo sería imposible el cumplimiento del requerimiento legal de finalización exigido por la normativa de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público". Algo que, finalmente, ha ocurrido.