Clara Ferrando. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA, (EFE) El Consell ha solicitado al Ministerio de Hacienda que sustituya las retenciones que aplica a algunos ayuntamientos valencianos en su participación en los tributos del Estado (PIE) por formalización de préstamos con bajos tipos de interés.
La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha solicitado formalmente a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, que se adopten medidas extraordinarias para desahogar a los municipios valencianos con una situación financiera especialmente delicada.
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el listado de ayuntamientos (con datos de cierre de abril) remitido al Gobierno suma 45 municipios que actualmente sufren retenciones de su participación en los ingresos del Estado, una de sus principales fuentes de ingresos junto con los tributos propios.
La adhesión de los ayuntamientos al Plan de Pago a Proveedores conllevó en su día la formalización de préstamos por parte de los ayuntamientos para devolver estos fondos aunque, a los que no cumplieron los requisitos se les aplica una retención en el PIE que conlleva un interés del 6 %.
En el listado, según Ferrando, hay muicipios como l'Orxa o Albaida, "que tienen que hacer frente a la mala gestión de los gobiernos de las etapas anteriores". "En algunos ayuntamientos la situación es dramática y afecta directamente a sus vecinos que ven cómo los servicios que presta el municipio se resienten. No es justo que los vecinos paguen las consecuencias de la mala gestión política", ha agregado.
Ambas localidades acudieron para pedir ayuda ante sus problemas financieros a la Conselleria de Hacienda y desde el Servicio de Tutela Financiera de las Entidades Locales se adquirió el compromiso de coordinar una actuación conjunta con el ministerio y las diputaciones.
En estos municipios, el problema es la retención practicada del 50 % de la PIE, consecuencia de los mecanismos extraordinarios de financiación a los que se acogieron en su día, lo que les impide hacer frente al pago de los gastos corrientes y a la prestación de los servicios públicos obligatorios.
El Ayuntamiento de L'Orxa, municipio de la comarca del Comtat con 627 habitantes, tiene una deuda pendiente, a enero de 2017, de 1.339.000 euros, con los cerca de 900.000 euros de amortización de préstamos y los 439.000 euros de intereses, para un presupuesto que en el presente ejercicio no llega a los 490.000 euros.
En el caso de Albaida, con 5.933 habitantes y un presupuesto de algo más de 5,5 millones de euros, el ayuntamiento tiene una deuda de 6 millones con el Ministerio por el Plan de Pago a Proveedores.
Para estos municipios, la Generalitat intenta llegar a un acuerdo con el Ministerio que les permita seguir haciendo frente a su deuda sin dejar de prestar los servicios básicos fundamentales.
Por otra parte, hay ayuntamientos que arrastran un elevado endeudamiento, como Vallada, uno de los de mayor deuda de la Comunitat y cuya solución es más compleja, según la mismas fuentes. Con una población de poco más de 3.000 habitantes y un presupuesto de 3 millones de euros para 2017, su deuda viva a fecha de 9 de mayo supera los 26 millones, en buena medida fruto de las actuaciones seguidas en el PAI del Plan Especial Parque Estratégico Empresarial.
Ante la posibilidad de que el Ministerio atienda la reivindicación de la Generalitat, Ferrando ha celebrado las primeras reuniones con responsables de la Diputación de Valencia para arbitrar una ayuda técnica a los municipios que lo soliciten con el fin de mejorar su situación financiera.
Ferrando ha avanzado que su intención es extender esta colaboración a las Diputaciones de Alicante y de Castellón.
