El Consell presentará la auditoría económica del Hospital de Denia en junio

VALENCIA (EP). El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este lunes que quieren comenzar 2017 teniendo "absolutamente claro cómo están" las cuentas económicas-financieras con las concesionarias de los cinco departamentos sanitarios de gestión privada para "ver cómo reducir la arbitrariedad". La primera será la del Hospital de Denia y estará concluida en junio.

Puig, acompañado de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha presidido la reunión del comisionado de Sanidad,  ha señalado al respecto que con el anterior Consell hubo "un descontrol general evidente" ya que desde 2008 no se realizaron las liquidaciones.

Pero ha aclarado que "ese descontrol" no significa alguna acusación directa contra los concesionarios, con quien quiere mantener una "colaboración leal" en interés de los ciudadanos, sino que "a quien hay que acusar directamente de este caos es a quien no ha ejercido la fiscalización que emana de la propia Generalitat".

Por ello, ha explicado que su nuevo gobierno ha encargado a la Intervención General una auditoría económica-financiera de cada una de los cinco departamentos de gestión privada, que ha comenzado con el Denia, así como una auditoría por partes de la Sindicatura de Cuentas del Hospital de Manises tras detectarse que la concesionaria adeuda 181 millones a la Generalitat y que ahora se les reclama por vía judicial.

Además, técnicos de la Dirección General de Alta Inspección de la conselleria realizarán auditorías de la calidad asistencial de cada servicio comenzando por las urgencias.

Al respecto, Puig ha defendido la gestión directa para "garantizar el derecho a la salud" con "la implementación de nuevas mecánicas, de nuevos sistemas organizativos, de nueva procesos de gestión que son admisibles". "Somos un Gobierno moderno que quiere adaptarse a las nuevas formas de gestión que garanticen claramente el servicio público", ha apuntado.

En ese sentido, ha aclarado que la concesión de Alzira expira esta legislatura --en 2018-- y que "ya se están adaptando las medidas previas para que con la mayor normalidad puede darse por finalizado", mientras que en el departamento de La Marina hay "una situación de especial urgencia" ante la posibilidad de comprar las acciones de DKV.

Respecto al resto de concesiones --Torrevieja, Manises y Vinalopó-- ha constatado que es "evidente que la Comunitat tiene unas constricciones de carácter económico". Por ello, ha explicado que "se va a ir caminando en una dirección y que se va ir trabajando conjuntamente mientras existas estas concesiones". Así, ha recalcado que se trata son un Gobierno "democrático" que garantiza "la seguridad jurídica y las reglas del juego".

Sin embargo, ha aclarado que a partir de ahí el nuevo Gobierno está para "cumplir los objetivos generales de una sanidad pública de calidad con el coste que sea necesario". "Ni un euro más, lo que las concesiones tengan que recibir lo van a recibir pero sin un euro gratis", ha advertido.

Por otra parte, ha evidenciado que a "la mala financiación" hay que añadir los 80 millones que cada año el Estado adeuda a la Comunitat Valenciana por la atención de desplazados al no poner en marcha el fondo previsto para ello.