VALENCIA. El medida del Consell por la que los bancos que no fuercen desahucios tendrán ventaja en el concurso para dotar de liquidez a la Generalitat iba más allá de lo que finalmente se anunció este viernes.
Según ha podido saber Valencia Plaza, la intención inicial del Ejecutivo valenciano era que el compromiso de no desahuciar figurara en el baremo del concurso con una puntuación. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Generalitat lo desaconsejaron porque podría ser motivo de recurso y anulación, ya que los desahucios son legales y se estaría perjudicando a empresas por actuaciones que son conforme a derecho.
Por ello, el Consell decidió finalmente incluir este y otro tipo de cláusulas sociales como factores a tener en cuenta en caso de empate, una vez baremadas las ofertas de los bancos, como destacó en rueda de prensa la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.
Así, en caso de empate, además del criterio anterior, se tendrá en cuenta si la entidad financiera ofrece la posibilidad de dación en pago o de alquiler social a sus deudores hipotecarios; si cumple con la paridad de género en sus órganos directivos; si la integración de personas con diversidad funcional se sitúa por encima de lo legalmente establecido y si la entidad cumple estándares de sostenibilidad ambiental y aplica prácticas de reciclaje, eficiencia energética y concienciación ambiental, tal y como se especifica en el pliego de cláusulas administrativas.
El contrato que establece las condiciones de las operaciones financieras de Tesorería entre la Administración de la Generalitat y los entes del sector público y las entidades financieras es el más importante que licita la Generalitat cada año en el ámbito financiero, ya que supone proveer de liquidez a la Administración autonómica por un importe aproximado de 2.600 millones de euros a lo largo del año.
Según la Generalitat, "estos servicios incluyen, por una parte, la concesión de líneas de crédito y, por otra, los servicios bancarios de cuentas, recaudación, cobros y pagos, etc, todos ellos necesarios para el normal funcionamiento de la Tesorería de la Generalitat y del sector público valenciano".
El importe máximo de este contrato es de 22 millones de euros (IVA exento). De esta cantidad, diez millones corresponden al coste de los servicios financieros y los doce millones restantes, al coste estimado de los intereses, de los que 816.000 euros corresponden al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
El plazo de vigencia de este contrato será de un año, tiempo que comenzará a contar desde el 27 de febrero de 2016.
Atendiendo al pliego de condiciones de este contrato, cabe destacar que los servicios financieros a contratar con las entidades bancarias adjudicatarias son, entre otros, la apertura de cuentas operativas; contratación de pólizas de créditos; préstamos de Tesorería; confirming a proveedores de la Generalitat; trámites para la recaudación de tributos; depósitos de fianzas; pagos por el sistema de caja fija y recaudación de tributos no modelizados y otros ingresos.
Además, también se incluyen los servicios de cobros de sanidad por tarjeta de crédito; ingresos de cheques; transferencias al extranjero desde la cuenta operativa; cuentas de centros docentes públicos no universitarios; cuentas de las instituciones de la Generalitat y operativas del sector público; participación en los convenios financieros que realice la Generalitat; colocación de excedentes de tesorería y terminales de punto de venta y cajeros autonómicos.