À Punt aprueba una oferta pública de empleo de 376 puestos, 113 menos que la plantilla actual

VALÈNCIA. (EP)  El Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) aprobó este martes la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2020 de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). Asimismo, el ente también dio luz verde a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este mismo ejercicio para la entidad a través de la que se gestiona À Punt y donde se inscribe el grueso de la plantilla. Una oferta que consta de 376 puestos de trabajo y que supone "el paso previo para la convocatoria de oposiciones" en la radiotelevisión pública valenciana, À Punt. 

La SAMC tenía al acabar 2019 una plantilla de 489 puestos de trabajo, por lo que la OPE aprobada ahora supondría 113 empleos menos de los que hay actualmente en plantilla. Es decir, que la radiotelevisión valenciana se prepara para recortar personal de cara al año que viene, tal y como avanzó este diario. 

Con esto, el Consejo Rector da un paso más en una tarea que tenía pendiente desde hacía meses, ya que en noviembre de 2019 ya presentó una propuesta de OPE para la Societat cuando todavía estaba al frente de la dirección general Empar Marco que constaba de 404 plazas que aumentarían hasta las 469 si se tuviera en cuenta los jefes de cada categoría profesional, que se irían incorporando con el paso de los meses, según el diseño inicial tal y como avanzó Valencia Plaza. 

Esto es, À Punt sacaría a concurso 404 puestos de trabajo entre los que se encontrarían periodistas, operadores de equipos, cámaras, publicistas o lingüistas, entre otros. La idea era que cuando se hubieran concedido estas plazas, se eligiera a 65 personas de entre ellos para que ocuparan un puesto de jefatura de su correspondiente categoría laboral. Entonces se estudiaba la posibilidad de que las plazas que dejaran vacantes estos trabajadores cuando promocionaran, se fueran cubriendo con personas de la bolsa. 

Sin embargo, la Dirección General de Presupuestos que ocupa Eva Martínez emitió un informe dirigido a la televisión pública en el que instaba a À Punt a "adecuar" la OPE para que no superara el límite establecido en la ley. La normativa establece que la CVMC no puede destinar más de un tercio del presupuesto al capítulo de personal, por lo que con un presupuesto de 55 millones no podían superar los 18,3 millones de euros en nóminas. Sin embargo, la plantilla de 465 empleados suponía alcanzar los casi 23 millones de euros. 

Esta limitación fijada en la ley no se estaba aplicando hasta ahora porque el primer Botànic pactó una moratoria para dejar sin efecto esta parte de la normativa cuando observó que se estaba incumpliendo: PSPV, Compromís y Podem acordaron en la Ley de Acompañamiento de 2019 dejar en suspenso este apartado que establece que el gasto de personal no podrá ser nunca superior al tercio del presupuesto total del ente. La moratoria aprobada tenía la misma duración que el Contrato Programa. No obstante, este caduca a final de año, por lo que la moratoria ya no sería efectiva a partir de 2021. 

Malestar en el comité de empresa

Con estos mimbres, ahora el Consejo Rector ha aprobado una OPE que fuentes sindicales de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació indican que es parcial, dado que la cantidad de plazas convocadas son inferiores a la RPT aprobada. En este sentido, el comité de empresa de la SAMC compareció ante el Consejo Rector para expresar su opinión respecto de esta OPE y manifestar su rechazo con la convocatoria aprobada. 

Con la moratoria al tercio de personal finalizando este año, esta cláusula de la ley de À Punt volverá a entrar en vigor en enero de 2021 siempre y cuando los grupos parlamentarios del Botànic II no aprueben de nuevo una prórroga. Así, este sería uno de los motivos por los que fuentes sindicales entienden que el Consejo Rector no ha aprobado una OPE completa, para no sobrepasar el límite permitido y ajustarse a la normativa por si PSPV, Compromís y Unides Podem no resuelven el lío legal en el que se vio inmersa la Societat en 2018.

Sin embargo, el comité de empresa considera que hubiera sido más oportuno que el Consejo Rector se esperara a conocer si finalmente este artículo de la ley va a estar vigente el año que viene o, en su defecto, conocer si el presupuesto de À Punt crece en 2021 de tal manera que los casi 23 millones destinados a personal supongan exactamente el tercio de los fondos totales de la CVMC y, con ello, no se infrinja la ley. Esto supondría que el ente tuviera en torno a 69 millones de euros el próximo año, algo que a priori no parece que vaya a ocurrir, ya que el propio Consejo Rector aprobó un presupuesto para el próximo ejercicio que incrementaba las cuentas de este año un 3,91% hasta alcanzar 58,2 millones. 

Al haberlo hecho al revés, fuentes sindicales consideran que la CVMC "se pone antes la tirita que la herida". Creen que al haber sacado la OPE parcial se corre el riesgo de que las más de 100 plazas que no se han convocado terminen amortizándose: "Lo normal hubiera sido que se publicaran todas las plazas, y si luego hay problema con el presupuesto, se amortizan. Pero al no publicarse la totalidad de la RPT, puede darse la situación de que terminen sin salir y se amorticen los puestos, lo que no quiere decir que se vaya a prescindir de esos servicios, sino que seguramente terminarán externalizándose", lamentan. 

Recurso contra la nulidad del nombramiento de Marco

En la reunión de este martes también se acordó la convocatoria de los procesos selectivos para la contratación de personal laboral fijo de 3 puestos de Técnico Jurídico y 3 de Técnico de Recursos Humanos. En total seis puestos de la OPE de 2019 de la CVMC que no se habían cubierto. 

Las dos convocatorias se tienen que publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y la solicitud para participar se realizará exclusivamente de manera online en el portal de Ocupación Pública de la Generalitat.

Por último, el Consejo Rector decidió ratificar, en contra del criterio de Abogacía de la Generalitat, la presentación del recurso de casación contra la sentencia que anula el nombramiento de la anterior Dirección General.