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El sector inmobiliario denuncia que siguen llegando liquidaciones

El Consell renuncia al cobro extra de 72 millones en el Impuesto de Transmisiones que ideó el PP

La Generalitat no recurrirá finalmente las decenas de miles de reclamaciones presentadas contra el cobro extra del tributo, que fue impulsado por el exconseller popular Juan Carlos Moragues y posteriormente tumbado por el TSJCV

4/05/2016 - 

VALENCIA. El Consell ha tomado la decisión de no litigar contra las decenas de miles de recursos presentados contra las liquidaciones extraordinarias del Impuesto de Transmisiones impulsadas por el Partido Popular, una práctica que consistía en reclamar más dinero a los dueños de un inmueble recién adquirido al calcular el tributo a partir de su valor catastral -generalmente superior a su precio de mercado-. Las reclamaciones por esta cuestión son un total de 18.592 por un importe de alrededor de 72 millones de euros, según la Conselleria de Hacienda.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que falló a favor de un afectado que recurrió este modus operandi, llevó al actual ejecutivo autonómico a distanciarse de este sistema ideado por el exconseller de Hacienda Juan Carlos Moragues.

Lo hizo suspendiendo el envío de nuevas liquidaciones e impulsando un nuevo método de cobro para ajustar a la realidad el valor de los inmuebles que, en consecuencia, rebajará los tributos a pagar en casos de compraventas, herencias y donaciones. Sin embargo, por consejo de la Abogacía de la Generalitat, el Consell continuó litigando contra las reclamaciones ya presentadas para no actuar contra los intereses de la administración.

Esta es, precisamente, la práctica que ahora concluye. Según trasladan a Valencia Plaza fuentes de la actual Conselleria de Hacienda, liderada por el socialista Vicent Soler, el Gobierno valenciano se acogerá a dos fórmulas para abandonar la batalla legal contra los afectados.

Por un lado, la Generalitat “se allanará en los alrededor de 1.800 recursos que ya están en sala del TSJCV” con el argumento de que la valoración de los inmuebles que utilizaba la administración para el recargo en el impuesto ha sido tumbada por la mencionada sentencia.

Por otra parte, la Generalitat no recurrirá los aproximadamente 15.000 procesos que ha de resolver el Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad Valenciana (Tear), puesto que tales recursos, según explica Hacienda, tendrían un coste estimado de 1.000 euros cada uno que dispararían la cantidad total a 15 millones de euros, un precio elevado para el nada halagüeño horizonte judicial que se vislumbra para la administración en esta cuestión.

De este modo, los 18.592 propietarios que han recurrido el cobro extra en el Impuesto de Transmisiones de la Genaralitat desde 2013 -tanto los que ya han ganado en el juzgado como los que todavía están litigando- se librarán de pagar el montante de 72 millones de euros al que se estima que asciende la suma de sus liquidaciones.

Los inmuebles más baratos pagan el pato

Por contra, otros 36.262 propietarios -por un total de 54,7 millones de euros- están condenados a pagar la revisión al alza de su Impuesto de Transmisiones pese a la sentencia del TSJCV contra esta práctica, según la Conselleria de Hacienda. Se trata, por un lado, de los que ya han pagado las liquidaciones; y, por otro, de los que no lo han hecho todavía pero han dejado pasar el tiempo que les habilitaba para recurrir.

Fuentes del sector inmobiliario denuncian al respecto que, de confirmarse esta circunstancia, quienes finalmente pagarán el pato serán los compradores de menor capacidad adquisitiva. En efecto, los recursos presentados responden a liquidaciones extra de una media de 3.900 euros -correspondientes a inmuebles más caros- mientras que los que ya han pagado o tendrán que pagar se enfrentan a un importe medio de 1.500 euros -relativo a transmisiones de propiedades menos valiosas-.

Empresarios del sector como el presidente de Primer Grupo, Pedro Martínez; o el de Grupo 90, Carlos García; apuntan al respecto que este segundo grupo de afectados ha optado en menor medida por recurrir las liquidaciones al tener un coste jurídico similar al de pagar directamente la cantidad reclamada.

Ambos dirigentes lamentan que no haya solución para este colectivo, al tiempo que apuntan que, aunque en menor medida, en la actualidad siguen llegando a sus clientes liquidaciones reclamando el cobro extra ideado por Moragues. "Sin ir más lejos, durante las últimas semanas nos han llegado varias liquidaciones complementarias. Siguen persiguiendo a la gente, no hay derecho", denuncia al respecto Carlos García.

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