Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El gobierno de la Generalitat Valenciana ya está obligado a informar de la influencia de los lobbies en cada uno de los textos normativos que apruebe en el seno del Consell. La Conselleria de Transparencia y Calidad Democrática ha informado que desde el pasado 18 de mayo, tanto los anteproyectos de ley como los proyectos de decreto que pasen por el Ejecutivo autonómico tendrán que estar acompañados de un informe sobre los grupos de presión que han influido en esa norma.
Así lo recoge un informe del pasado mes suscrito por la jefa del Registro de Grupos de Interés de la Generalitat y el director de la Oficina de Control de Conflictos de intereses, dependientes de la mencionada Conselleria, para aclarar qué día entraba en vigor esta disposición del reglamento de la Generalitat sobre los lobbies.
Según el informe de la Conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo, desde la mencionada fecha debe emitirse "obligatoriamente" el llamado informe de huella de los grupos de interés. Una tarea que hasta ese momento era voluntaria. Y el decreto del ramo aprobado en 2021 entiende por la "huella" de los grupos de interés aquella información sobre "el impacto" producido por su actividad "durante el proceso de elaboración de anteproyectos de ley y proyectos de decreto del Consell".
Así pues, entre los datos más importantes que deberán reflejarse se encuentran la identidad de los lobbies y los altos cargos o funcionarios con los que han tratado en su actividad de influencia, la fecha y los medios en los que se produjo el contacto, la finalidad del mismo o los temas tratados en las conversaciones, o incluso los documentos aportados o remitidos en los encuentros.
Esta obligatoriedad se activa tres meses después de que se pusiera en marcha el registro autonómico de lobbies, cuya finalidad es que la ciudadanía pueda conocer quién ha influido en las decisiones políticas y de dónde proceden las mismas. En él deben estar inscritos desde febrero empresas o asociaciones empresariales hasta consultores e intermediarios como despachos de abogados, pero también otras organizaciones como sindicatos o colegios profesionales.
Así, los lobbies tienen la obligación de suministrar toda la información requerida sobre la propia organización y sus representantes: datos básicos y de contacto. Pero también información financiera: presupuesto, ingresos derivados del área sobre la que se quiere influir, y de contratos o ayudas de la administración.
Asimismo, deben registrar el tipo de actividades de influencia que desea ejercer. Desde "contactos" con la administración hasta "contribuciones en consultas, trámites de audiencia o información pública" pasando por actividades de presión sobre futuras normativas o en "procesos especiales de participación previa". De la selección que se realice dependerán las posibilidades de participar en uno u otro tipo de actividad.
En virtud de este registro, se debe publicar la información relativa a las acciones efectivas de los grupos presión sobre la administración como reuniones entre altos cargos y representantes de la parte privada. Una obligación que recae en los responsables públicos -tanto cargos políticos como funcionarios- cuando se produzcan "influencias directas".
Toda esta información servirá a la administración valenciana para hacer un seguimiento de la actividad de los lobbies, y también para, a partir de ahora, informar de la influencia de cada uno de ellos en los futuros proyectos normativos.
