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Meliana y Benicàssim, primeros municipios en rechazar la colaboración con estas entidades externas 

El Consell ultima un decreto para sumar más entidades colaboradoras a la agilización de licencias

15/12/2020 - 

VALÈNCIA. El embudo en las licencias de obra sigue siendo una problemática que atañe a muchos consistorios valencianos. Un obstáculo que retrasa la puesta en marcha de los proyectos debido a la espera que supone recibir el visto bueno de los técnicos municipales. Porque, en muchos casos, los tiempos se dilatan. 

Y es que, según datos de la concejalía de Urbanismo en el Ayuntamiento de València, a mitad de octubre, eran 5.756 los expedientes sin resolver, de los cuales 426 se iniciaron entre los años 2017 y 2018. Desde el servicio que dirige Sandra Gómez insisten en que "no existe ningún tapón en las licencias", porque aseguran que se están resolviendo tantas licencias al año como las que se están pidiendo. Así, la cifra total de las que están sin resolver se mantiene constante, añaden.

Ante esta situación, y con el fin de agilizar los trámites en los municipios valencianos, la Generalitat aprobaba en mayo un decreto para permitir que entidades externas colaboren en la verificación de las actuaciones urbanísticas con el fin de aliviar la carga a las administraciones locales. Una norma que establecía que para poder revisar proyectos, las empresas debían acreditarse previamente en la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y, posteriormente, inscribirse en un Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas para poder emitir un certificado. 

La norma fijaba en seis meses el plazo para conseguir que estas entidades consiguieran la acreditación y pudieran darse de alta. Un intervalo de tiempo que ha resultado ser muy corto para poder obtener los permisos pertinentes y expedir certificados. Y es que, con el término fijado en el decreto, varias firmas interesadas en adherirse y colaborar en la agilización de las licencias no han podido sumarse por no llegar en plazo.

Foto: EDUARDO MANZANA

"Nos hemos dado cuenta de que es poco tiempo para que las entidades colaboradoras cuenten con todos los permisos para poder inscribirse. Los procesos de acreditación no son ágiles y muchas empresas que lo han solicitado se han quedado fuera de juego", admite el director general de Urbanismo de la Conselleria, Vicente García Nebot

Ante esta circunstancia, la Conselleria de Obras Públicas ultima un nuevo decreto que pretende ampliar los plazos para que más compañías puedan registrarse como entidades colaboradoras. Según fijaba el decreto, estas entidades podían ser desde colegios hasta empresas, pueden ejercer funciones de verificación de cumplimiento de la idoneidad de los proyectos, revisar la documentación técnica de la licencia de obra o controlar la adecuación de la ejecución de las obras a la licencia otorgada. "El objetivo de esta nueva norma es la ampliación de los plazos de acreditación para adherir a más entidades a la agilización de licencias", puntualiza García Nebot.

Pero, además, el decreto que prepara Obras Públicas tendrá efecto retroactivo, de manera que aquellas compañías que en este momento no han podido acceder al Registro, por falta de algún trámite, puedan hacerlo. El calendario que maneja la Conselleria que dirige Arcadi España es aprobarlo a la mayor brevedad para que en enero ya esté en vigor.

Por el momento, hay inscritas nueve entidades que ya han ido ejerciendo sus funciones en diferentes consistorios. En València, por el momento, ninguna de las últimas licencias pedidas en Urbanismo se ha revisado a través de este procedimiento, aunque insisten en que "ya está funcionado y puede recurrir a él quien quiera".

Benicàssim y Meliana rechazan esta posibilidad

No es el caso de Benicàssim y Meliana, que han sido los primeros municipios cuyos consistorios han rechazado usar esta fórmula, sujeta a la voluntariedad de las corporaciones locales. Lo cierto es que la norma daba libertad a los ayuntamientos para que, a través de su ordenanza municipal, regulasen su aplicación. Y ambos ayuntamientos han declinado hacer uso de este mecanismo.

En el caso de la localidad castellonense, el hecho de que declinen recurrir a estas entidades se debe a que van "al día" con las licencias y prefieren que sean sus propios técnicos municipales quienes se encarguen de la tramitación urbanística. 

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