Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Los expedientes de licencias de obras se cuentan por miles en los despachos de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València. A mitades de octubre, eran concretamente 5.756 los expedientes que se mantienen sin resolver en el servicio de Licencias Urbanísticas, de los cuales 3.695 son licencias solicitadas para intervenciones y obras de todo tipo, mientras que el resto se refieren a actuaciones que no requieren licencia y se tramitan por declaraciones responsables de obras.
Son datos ofrecidos por la propia concejalía, que dirige la edil Sandra Gómez, al grupo municipal del PP, cuya portavoz María José Català esgrimió la necesidad de agilizar la tramitación de los permisos urbanísticos: "El servicio urbanístico de licencias sigue careciendo de suficientes recursos de personal y técnicos para dar respuesta a la demanda ciudadana, cuando debería ser una prioridad para el gobierno municipal que se desatacara la tramitación de estos expedientes".
En la concejalía de Gómez insisten en que "no existe ningún tapón en licencias" y que se están resolviendo tantas licencias al año como las que se están pidiendo, de manera que la cifra total de las que están sin resolver se mantiene constante. Lo cierto es que, de entre el total de expedientes sin resolver, 426 se iniciaron entre 2017 y 2018, hace más de dos años. 32 son para obras de nueva planta, 188 son licencias de intervención, y 106 se refieren a reformas y cambios de uso. En la concejalía se exculpan de los retrasos en estos expedientes.
"Las razones de no disponer de la licencia no son achacables al Ayuntamiento", subraya el departamento de Urbanismo en la respuesta a los populares, e insiste en que hay otros motivos: falta de documentación o de actividad por parte del solicitante, numerosos requerimientos por documentación incorrecta, hay expedientes que están pendientes de denegar, etcétera.
Ahora mismo, dijo la concejalía, el plazo medio de resolución de licencias es de seis meses siempre que toda la documentación esté bien presentada. Es este precisamente uno de los puntos débiles en la tramitación de las licencias urbanísticas: la subsanación de errores, que retarda más de lo deseado el procedimiento administrativo.
Para poner una solución, la Generalitat Valenciana aprobó en mayo un decreto para regular las entidades colaboradoras de la administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas (ECUV), tal y como había informado este diario. Así, entidades externas al Ayuntamiento pueden revisar los proyectos antes de que lleguen a los servicios municipales con el propósito de que se tengan que subsanar las menores deficiencias posibles en el trámite municipal y, así, agilizar el proceso.
Sin embargo, pese a que han pasado cinco meses desde entonces, ninguna de las últimas licencias pedidas en Urbanismo se ha hecho por este método, según confirmaron fuentes municipales, lo cual continúa sin evitar retrasos indeseados en los trámites burocráticos. Una circunstancia que motivó las críticas de la portavoz popular, para quien la aplicación del decreto "de momento está siendo un fracaso".
De los 54 expedientes abiertos en el primer semestre de 2020, ya se le ha asignado un técnico a 44, mientras que siguen pendientes de asignación una decena. Sobre ello, en la concejalía de Gómez subrayaron que tras cuatro años el servicio municipal ha conseguido rebajar el plazo de tiempo en el que se asigna un técnico al expediente de nueve meses que había con el PP a cuatro en la actualidad.
