VALÈNCIA. El Consorcio Valencia 2007 camina, paso a paso, hacia su liquidación. El organismo constituido por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, que hasta ahora había gestionado el espacio de La Marina de València, ultima los trámites administrativos para materializar su disolución. Uno de ellos es el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que tiene previsto para dar salida a los ya pocos trabajadores que quedan en el ente.
El organismo ya prepara la tramitación del mencionado expediente, y ha convocado a la representación de los empleados la próxima semana para iniciar el proceso. Así, previsiblemente será el punto de partida para el período de consultas del despido colectivo, que tendrá un plazo de una semana para que ambas partes lleguen a un acuerdo. El Consorcio Valencia 2007 adjudicó un contrato menor a un despacho de aboados para llevar a buen puerto las negociaciones.
Así pues, la próxima semana, la parte del Consorcio deberá llevar una propuesta sobre las condiciones que regirán el despido colectivo, que previsiblemente afectaría a once trabajadores, según las fuentes consultadas. En el período de negociación se plantearán, entre otras cosas, los posibles planes de recolocación de la plantilla afectada así como los planes de formación que puedan conllevar para facilitar el acceso a otros puestos de trabajo.
En agosto, el sindicato CCOO celebró una concentración contra los despidos en el consorcio y se movilizó ante las puertas de la entidad pública como muestra de rechazo al ERE previsto por los liquidadores. Desde la representación de los trabajadores se opusieron desde el principio a la liquidación del ente y pidieron la creación de un ente público para continuar con la tarea del consorcio, así como la subrogación de los empleados. Algo que el Ayuntamiento de València ha rechazado.
Un informe de la Abogacía del Estado avaló a principios de año el despido de los empleados del consorcio al tratarse de personal laboral, por lo que la desaparición del ente debe conllevar a la extinción de los contratos del mismo. Éstos trabajadores, que no pertenecían a ninguna de las administraciones consorciadas previamente a la constitución del organismo, ya empezaron hace años en una reivindicación en la que se acogen a un convenio firmado en 2017 para evitar los despidos pero que no fue registrado por la Autoridad Laboral.
En ese sentido, mientras el ente avanza en el ERE, lo más probable es que el proceso de disolución del consorcio acabe en los tribunales. El pasado mes de julio, la decena de empleados, de la mano del abogado y exsíndico del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, presentaron un recurso extraordinario de revisión que pedía la nulidad del inicio del proceso de liquidación del Consorcia, producido en 2022, y por tanto, la totalidad de los acuerdos aprobados desde ese momento, también en lo relativo a los despidos y a la adjudicación, por parte del Puerto de València, de la gestión privada de los amarres.
Según el recurso, el acuerdo de disolución es una decisión nula "de pleno derecho" al haberse incurrido en "manifiestos y graves errores" al continuarse con toda la actividad consorciada mientras se pretende finiquitar "ilícitamente" los contratos laborales de los recurrentes. Por ejemplo, señalaban que no se había producido la "obligatoria" publicación del acuerdo ni su comunicación a los trabajadores, "hurtándoles" su derecho a combatir jurídicamente las "graves irregularidades" producidas en el proceso de disolución y liquidación "que deben ser depuradas".
Así, acusaba a los representantes del Ayuntamiento y la Generalitat de no acreditar los respectivos acuerdos de las instituciones que representaban de "no continuar en el Consorcio", ni de "no solicitar la cesión global de activos y pasivos". Además, apuntaba que el consorcio ha continuado con su actividad "sin limitarse en ningún momento a las gestiones compelidas estrictamente para su disolución y gestión de la extinción en estos más de dos años desde el acuerdo adoptado el 30 de mayo de 2022, sino más bien lo contrario".
Esos eran, entre otros, los fundamentales argumentos jurídicos para reclamar la nulidad del inicio del proceso de disolución, si bien el recurso fue rechazado. En ese sentido, ahora los recurrentes tienen un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo en los tribunales, algo que según el propio Mata, se producirá próximamente.
El despido colectivo es uno de los últimos pasos antes de la liquidación del ente, que se quiere llevar a cabo más pronto que tarde. En ese sentido, según fuentes consultadas la idea es que se materialice, si no hay ninguna interrupción, durante este otoño, habida cuenta de que la Autoridad Portuaria de València (APV) ya adjudicó el pasado mes de julio la gestión privada de los amarres, y de que el Puerto ya ultima con el Ayuntamiento de València el nuevo órgano de cooperación para la gestión conjunta del resto de espacios que constituyen La Marina.