La concesionaria de La Marina tendrá que ceder el espacio si València acoge la Copa América

VALÈNCIA. La noticia llegaba este martes por la tarde: el equipo ganador de la última edición de la Copa América, celebrada en Barcelona, el Team New Zealand, descartaba la opción de repetir el próximo campeonato en la Ciudad Condal. Un anuncio, confirmado este miércoles por el propio Ayuntamiento de Barcelona, que ha alimentado las incógnitas sobre la futura sede -o sedes- de la competición de vela. 

Se desconoce siquiera, por el momento, si los neozelandeses elegirán España para la celebración de la próxima cita del deporte náutico, considerada como una de las más importantes del mundo. Sin embargo, la ciudad de València quiere estar en la terna, tal y como han repetido las administraciones valencianas desde que las gobierna el Partido Popular, que hizo de este anhelo una de las promesas de campaña electoral.

Lo cierto es que, ante la posibilidad de que la Copa América recalara en un futuro en el Puerto de València, el recinto portuario ya previo la hipotética celebración del campeonato de regatas en la concesión para la explotación de la zona náutica-deportiva y los amarres de La Marina de València, incluyendo una cláusula que obligaría a ceder los espacios necesarios por parte de las empresas explotadoras, las baleares Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar, a las que se adjudicó la concesión por 35 años a finales del pasado mes de septiembre

Así consta en los pliegos que rigieron el proceso de adjudicación por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, donde se recogió una cláusula, la vigésima, dirigida precisamente a asegurarse la recuperación del espacio, o parte del mismo, de manera temporal en el caso de que los organizadores de la America's Cup decidieran volver a aguas valencianas.

"Con independencia de la obligación general de colaborar en la celebración de eventos, estipulada en la correspondiente condición del pliego, la empresa concesionaria colaborará activamente en la realización de la Copa América (o denominación que le sea asignada posteriormente)", señala en este sentido la mencionada cláusula.

Esta colaboración, insiste la disposición, "se traduce en ceder a la Autoridad Portuaria de Valencia la superficie de tierra y agua necesaria para la celebración de dicho evento especial". Una obligación para la que el Puerto de Valencia debería informar a la empresa concesionaria con "una antelación mínima de cuatro meses". Todo ello en aras de poder "planificar el desalojo de las diferentes embarcaciones y superficies, en su caso", y corresponderá a la firma adjudicataria "el desalojo a su cargo de estas áreas".

Esta cláusula habría sido una sugerencia del Ayuntamiento de València, cuya alcaldesa, María José Catalá, también consejera de la Autoridad Portuaria, se ha manifestado en repetidas ocasiones a favor de convertir La Marina de València en un reconocido campo de regatas internacional y atraer para ello la Copa América y otras competiciones náuticas.

Cabe recordar que la Generalitat Valenciana contrató a un consultor experto con el que intentar atraer este y otros campeonatos de envergadura del mundo de la vela, tal como adelantó Valencia Plaza. Y este martes, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dijo que hará "todo lo posible para que la Copa América vuelva a su casa natural, que es Valencia, y que incomprensiblemente -el expresident Ximo- Puig y -el exalcalde Joan- Ribó dejaron escapar". Este miércoles afirmó que luchará para que la Copa América vuelva a celebrarse en València. "La sentimos como propia", dijo.

"Consecuencias negativas"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, censuró que "ahora que acaban de salir condenas como la de --el exvicealcalde de la capital valenciana, Alfonso-- Grau o -el exjefe del Consell, Eduardo-- Zaplana, el PP vuelve a las andadas". "La Copa América es un evento elitista que ha arruinado todas las ciudades por las que ha pasado", aseguró, para indicar más tarde que "como saben muy bien los valencianos, supone un coste millonario de dinero público".

"Unos 400 millones de deuda nos dejó la anterior edición en València", apuntó, para añadir que "los beneficios reales para la ciudadanía son inexistentes". "Tenemos a la gente sin poder pagar el alquiler, el coste de vida cada vez más caro, el turismo descontrolado y Catalá pensando en carreras de barquitos para 4 millones. Desde Compromís decimos no a las políticas de despilfarro del PP", resaltó.

Este miércoles, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, criticó la decisión del gobierno de Catalá y del Consell de Mazón de "gastar decenas de millones de euros para traer la Copa América a pesar de que otras ciudades han rechazado repetir la experiencia debido a las pérdidas que genera y la falta de cumplimiento de expectativas". Sanjuan recordó que València "ya sabe lo que es acoger este evento y las consecuencias negativas que trajo a la ciudad: una deuda de más de 350 millones que lastró a la Marina durante años y que, finalmente, tuvo que asumir el gobierno de España por la quiebra financiera en la que dejó el PP de Barberá el Ayuntamiento de València".

El responsable socialista lamentó que el enfoque de Catalá y Mazón sea "seguir multiplicando sin control el número de visitantes que recibe València con eventos que no aportan nada a la ciudad" a pesar de las advertencias de los técnicos municipales sobre la saturación turística. Recordó que "hace apenas unos meses que Catalá se vio obligada a rectificar y aprobar, con un año de retraso, la moratoria a los apartamentos turísticos que habíamos dejado preparada los socialistas". 

"En lugar de apostar todo al turismo, Catalá debería escuchar a los miles de valencianos y valencianas que se manifestaron en las calles de la ciudad el pasado sábado y empezar a trabajar para sus vecinos y vecinas tomando medidas para garantizar el acceso a la vivienda y que no se vean expulsados de sus barrios", insistió, y no "malgastar decenas de millones de euros en volver a traer la Copa América" sino apostar por "medidas valientes" como limitar los precios del alquiler aplicando la Ley de Vivienda y prohibir los apartamentos turísticos.