VALÈNCIA. (EP) Inspección de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas inspeccionó entre 2017 y 2018 un total de 102 residencias y detectó 473 incumplimientos, la mayoría por cuestiones relacionadas con la
normativa contraincendios, seguidos de los referidos al estado de las infraestructuras, según consta en la Auditoría operativa de la red de centros públicos y privados concertados del sistema de dependencia en la Comunitat Valenciana de esos años, realizada por la Sindicatura de Comptes.
El informe, consultado por Europa Press, deja constancia de que no analiza, por fechas, la situación de la pandemia de coronavirus, que ha tenido especial incidencia en las residencias de mayores, pero aprovecha para recalcar que, en estos momentos, "nos damos cuenta de lo importante que es que la Administración pública garantice un servicio residencial de calidad para asegurar la asistencia a nuestros mayores".
En el momento de redactar el informe, a fecha del pasado 23 de abril, había casos positivos de Covid-19 en 93 centros (18 en la provincia de Castellón, 15 en la de Alicante y 60 en la provincia de Valencia) con 1.671 residentes y 493 trabajadores que habían dado positivo y 394 usuarios fallecidos.
Al respecto, el síndic considera que este trabajo "puede ser útil a las administraciones públicas con objeto de que provean a la red de centros residenciales públicos y privados concertados del mayor número de plazas posible y de que garanticen una calidad del servicio adecuada para asegurar una buena atención y un trato digno a los mayores, prestando una especial atención a los aspectos sociosanitarios".
En relación con las inspecciones, el síndic pone de manifiesto que, proporcionalmente a las plazas inspeccionadas, los centros con mayor porcentaje de incumplimientos son los de instituciones sin ánimo de lucro, aunque el porcentaje de denuncias no fue en este periodo "significativo". El mayor número de estas se produjo en la modalidad de gestión privada concertada en relación con el número de plazas, seguida de los centros de gestión indirecta o integral.
A fecha de 31 de diciembre de 2018, la red estaba integrada por 198 centros con un total de 11.742 plazas, de las que 3.886 pertenecían a centros de titularidad pública, 5.038 a plazas concertadas en centros de titularidad privada y 2.818 a plazas municipales y de instituciones sin ánimo de lucro subvencionadas por la Conselleria.
En ese momento, la Comunitat Valenciana estaba por debajo de la media nacional en todos los servicios asistenciales, aunque el síndic destacaba la mejora "sustancial" en los años 2017 y 2018, fundamentalmente en la prestación más extendida, que es la económica por atenciones familiares.
En cuanto al coste medio por plaza y día, en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 ascendió a 58,2, 56,8 y 56,4 euros respectivamente. De acuerdo con la estimación realizada, el coste de los centros de gestión directa es "significativamente superior" al coste medio de las otras modalidades de gestión. En concreto, un 40,5% y un 53,7% superiores respecto al coste medio de las plazas concertadas en los centros privados, y un 22,6% y un 28,9% superiores al coste corriente medio de los centros de titularidad pública pero de gestión indirecta o integral para el periodo 2016-2017.
La auditoría también indica que los requisitos de infraestructuras de algunos centros no exigen su uso hospitalario porque se establecieron de acuerdo con lo que disponía la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, aunque sybraya que el Decreto 59/2019 del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales, también entiende acreditados los centros autorizados con la legislación anterior, "por lo cual no da solución al cumplimiento efectivo de los requisitos estructurales mínimos establecidos en la legislación actual", apunta el síndic.
En relación con el procedimiento de asignación de plazas en centros de atención residencial, la auditoría constata que el plazo medio estimado desde la solicitud de preferencia del servicio de atención residencial hasta la emisión de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) es de 283 días y el plazo desde la resolución del PIA hasta el ingreso en el centro residencial es de siete días. La dilación en los plazos se produce fundamentalmente por la falta de plazas disponibles, puesto que no es posible aprobar el PIA antes de que haya una vacante en uno de los tres centros solicitados.
El trabajo refleja un incremento del 40,3% de las personas en lista de espera del procedimiento de dependencia entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 (por el aumento de las personas con reconocimiento de grado de dependencia que pidieron ingresar en un centro), periodo en el que el número de plazas creció un 3,2%.
En diciembre de 2018 el nivel de ocupación de las residencias era del 87,7%. La auditoría también estima el esfuerzo económico necesario por parte de la Generalitat Valenciana para eliminar la lista de espera a 31 de diciembre de 2018 en 52,1 millones de euros.
Del trabajo realizado por el ente fiscalizador se desprende que las ratios de personal de atención directa por usuario son mayores en los centros de gestión directa, con una valoración media del 8,1,
situándose 1,2 puntos por encima de los centros de gestión indirecta
y 3 puntos aproximadamente por encima del resto de modalidades.
No obstante, el síndic no ve "suficientes" las ratios mínimas de personal de atención directa para proporcionar un servicio de calidad, dado que el 77,1 por ciento de los usuarios --sin tener en cuenta los de los centros de gestión directa--, tienen un grado de dependencia II y III, lo que supone unos perfiles "muy difíciles" de atender adecuadamente con las ratios establecidas.
La Sindicatura de Comptes recomienda la realización previa de los análisis que prevean las ratios e indicadores que sirvan para tomar las decisiones más adecuadas para la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos; que se agilice la tramitación de los contratos de plazas de gestión integral o indirecta y privadas para "minimizar" la incertidumbre de las empresas gestoras de los centros y la adaptación progresiva de las infraestructuras a los requisitos y estándares de calidad.
Respecto a las incidencias que se derivan de la gestión del personal de los centros de gestión directa relacionadas con la cobertura de plazas vacantes, vacaciones, bajas y días festivos, la Sindicatura insta a Conselleria a solucionarlas para evitar que se produzcan disfunciones que influyan en la calidad del servicio.
