El duelo Montón-De Rosa

Cuando el otro día escuché a Pepa Bueno a las ocho de la mañana proclamar que "este martes comienza el fin del modelo Alzira" con la solemnidad de quien anuncia que ha estallado la guerra imaginé por un momento que algo nuevo había pasado. Pero no, ni siquiera había estallado esa guerra que estalló en julio de 2015 cuando Carmen Montón llegó a la Conselleria de Sanidad llena de prejuicios hacia el modelo concesional y dispuesta a acabar con él pero se encontró al otro lado a un Alberto de Rosa cargado de argumentos que pronto se dio cuenta de que tenía que elegir otras armas.

Ni siquiera era nuevo el anuncio de "no prórroga" del contrato que vence dentro de un año porque Ximo Puig ya lo anunció en septiembre en Les Corts y Sanidad lo comunicó por escrito a Ribera Salud, solo que sin justificarlo, lo que motivó un recurso. Ahora la Conselleria vuelve a comunicarlo por carta con una exposición razonada que la empresa que dirige Alberto de Rosa ya ha anunciado que recurrirá, lo que elevará a nueve los pleitos judiciales entre ambas partes, además de la instrucción penal por la filial B2B, en la que se ha personado la Conselleria.

La magnífica labor propagandística desarrollada por el director de Gestión Sanitaria de la Conselleria, que es un periodista leonés sin experiencia en gestión sanitaria pero con muy buenos contactos en Madrid, hizo que un trámite administrativo que la Conselleria tenía que cumplir antes del 31 de marzo, y que la propia Montón venía anunciando días atrás, pareciera el martes un giro político de hondo calado. El acabose.

Montón ya no oculta que los motivos de su decisión son puramente ideológicos porque ninguna cifra de costes o de satisfacción de los pacientes avala sus recelos hacia el modelo. Esta semana conoceremos el informe definitivo de la Sindicatura de Comptes, que en su borrador hablaba de un ahorro mínimo del 21% gracias a la gestión privada. 

De ahí la justificación que dio en la radio la consellera que ahora mismo tiene en marcha un concurso para dejar en manos de empresas privadas el servicio público de hemodiálisis: "La salud debe ser un derecho, no un negocio". Salvo que no te funcione el riñón.

Memorable también la frase que le soltó a Pepa Bueno después del alarmante arranque del programa: "¿Desconfían de la posible respuesta de Ribera Salud?", preguntaba la periodista de la Ser tras resumir la misiva enviada a la empresa que parecía que quedaba intervenida. Montón: "No, obedece al cumplimiento del contrato, esto también... quiero darle un carácter de normalidad. Se hizo una concesión por 15 años, ahora finaliza ese contrato, y nosotros lo que sí que hemos querido es tener esa lealtad como institución...".

Dos días después, Sanidad enviaba a un inspector médico a hacer el ridículo en el Hospital de la Ribera, pues le encomendó la misión de descubrir si la concesionaria estaba destruyendo documentación, que ya podía haber disimulado enviándolo a revisar la limpieza de los quirófanos y, de paso, a rebuscar restos del expurgo documental en la basura. Debió pensar Montón que así como en la administración pública es habitual cuando se pierden las elecciones hacer funcionar las trituradoras de papel más allá de lo razonable, en un hospital que no deja de ser público aunque su gestión sea privada harían lo mismo al saber que se les acababa el chollo. Pero el inspector no encontró nada, y eso que realizó la comprobación en presencia del comisionado de la Conselleria en el hospital, el gandiense Antonio Enguix, a la sazón patrono de la polémica fundación de José Manuel Orengo.

El comisionado de Alzira, que trabaja en el hospital y tiene acceso a sus archivos, no debe de estar encontrando carnaza para distribuir entre el equipo mediático habitual, así que Montón ha decidido reforzar esta figura con tres funcionarios de la Conselleria para los que ha pedido espacio en las oficinas del hospital, según se puede leer en la carta que le envió el otro día.

Eresa no es Alzira

Se conoce que no le basta con el escándalo de B2B, filial de Ribera Salud investigada por presunto cobro de comisiones a los laboratorios, que Montón recuerda cada vez que tiene ocasión para reforzar su posición contra la gestión privada en general. 

Hace bien, pero resulta llamativo que no demostrase el mismo interés por levantar alfombras y la Conselleria de Sanidad no se personase cuando la empresa de radiología Eresa fue investigada por hacer negocio en el Hospital General –así lo reconoció la propia compañía ante el juez– con un equipo de PET-TAC que le subvencionaron exclusivamente para investigar y no para hacer negocio. O que Sanidad continúe derivando pacientes al servicio de radiología de ese hospital, que gestiona Eresa con un contrato de 40 millones de euros declarado "nulo de pleno derecho" por la Intervención General. Contrato que no ha sido llevado a los tribunales a pesar de que lo firmó Sergio Blasco, ahora investigado por sus múltiples chanchullos como gerente del Hospital General.

El caso Eresa, por cierto, acaba de ser archivado por el juez tanto en la parte del fraude de subvenciones como la del fraude fiscal –admitido también por Vicente Saus–, gracias a una faena de aliño de un fiscal mudado en abogado defensor tan abnegado que haría palidecer al mismísimo Horrach.

Pero del escándalo de Eresa, la empresa privada que sí agujerea las cuentas de Sanidad, según ha acreditado en dos informes la Sindicatura de Comptes, no habla la consellera, solo cuando le pregunta Valencia Plaza, pero con la boca pequeña, no vaya a armarse un escándalo. 

El duelo

Es el modelo Alzira, y Ribera Salud como adalid de este sistema, el que ha sido escogido como objetivo a batir por el Consell, el símbolo que debe caer independientemente de lo que digan los informes sobre su funcionamiento. Lo de Alzira es un asunto político cuando debería ser administrativo, un conflicto con tintes de duelo personal entre Carmen Montón y Alberto de Rosa.

Ya escribí en esta columna hace dos meses que el tripartito está en su derecho, y en su obligación si lo incluyeron en sus programas electorales, de acabar con el modelo Alzira. Pero tendrán que explicarlo, porque el sobrecoste lo pagaremos los valencianos y cabe desear que no lo paguen los ciudadanos de La Ribera con un peor servicio.

Cabe esperar también que se imponga de verdad ese "carácter de normalidad" del que habla Montón durante los próximos doce meses en los que Conselleria y Ribera Salud van a tener que compartir muchas decisiones que afectan al servicio de salud en la comarca. Porque no fue normal que la consellera llegase al cargo arremetiendo contra el modelo Alzira pero tardase ocho meses en recibir a la empresa que gestiona cuatro áreas de salud. Ni que desde el primer día hiciese recaer la sospecha sobre las empresas anunciando auditorías de infarto que luego no se han hecho públicas y exigiéndoles información a la que en muchos casos tienen acceso sus comisionados. Ni, desde luego, que dos días después de hablar de "normalidad" enviase a un inspector médico a rebuscar en la basura del hospital de Alzira a ver si había papel triturado. No es normal.