El exalcalde de Sagunto pactó gastar el dinero de uniformes en otras compras personales

VALÈNCIA (EP). El exalcalde y exconcejal socialista de Sagunto (Valencia) Francisco Crispín, también exjefe de Servicio de Inspección Técnica de Actividades, junto a otros cuatro técnicos de este departamento del consistorio saguntino, han defendido que gastaron el dinero destinado a uniformes que contempla el convenio a compras personales porque así lo habían acordado con el Ayuntamiento, ya que era una contraprestación que ya recibían los funcionarios del Servicio de Urbanismo.

Así lo han asegurado estos cinco acusados este miércoles en el juicio que por estos hechos ha tenido lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. La Fiscalía solicita para el ex primer edil cinco años de prisión e inhabilitación, multa de 12.000 euros y la privación de la plaza de técnico municipal del Ayuntamiento de Sagunto por el tiempo de condena por un delito continuado de prevaricación.

Por su parte, el Ministerio Público pide para los otro cuatro técnicos municipales dos años de prisión y de suspensión de este empleo, así como 2.400 euros de multa por malversación de caudales públicos. También demanda indemnizaciones de entre 600 y 1.200 euros para el consistorio de esta localidad.

Esta causa se inició a raíz de la denuncia del exedil de Transparencia, quien puso de manifiesto presuntas irregularidades por aspectos relacionados con la gestión del Ayuntamiento en anteriores legislaturas por el abono de facturas emitidas por tiendas de ropa con cargo a la institución, comercios en los que se venden trajes de vestir o artículos deportivos de marca que no se corresponden con la ropa de trabajo que la corporación debe facilitar a los empleados que prestan servicios en puestos que impliquen un desgaste de prendas superior a lo normal o requieran medidas de protección, según el convenio, para lo que existe una partida presupuestaria.

En concreto, el escrito de calificación de Fiscalía expone que los acusados tenían una asignación de 300 euros bianuales para "gastar en ropa y calzado de uso diario por el desgaste que podían sufrir en el desempeño de su trabajo".

Además, no se concretaban los artículos comprados sino que figuraban conceptos genéricos como "vestimenta de caballero para el servicio de inspección o suministro de equipamiento". La mecánica supuestamente realizada era presentar una factura con un concepto genérico que entrara dentro de lo requerido por el Departamento de Actividades para después con el crédito conseguido con la presentación de la factura, ir al establecimiento emisor de la factura y realizar el gasto en varios días y en diferentes prendas.

Artículos de bebé, calzado de varios números y munición

En los tickets figuraban prendas de diferentes tallas, artículos de mujer, de bebé, de deportes, calzado deportivo de varios números, munición y carabinas que, "por su cualidades", hace pensar que no es utilizado para las inspecciones de actividades. En el caso de Crispín, destaca que habría adquirido trajes, americanas, bermudas, un balón de fútbol de marca, un visor de carabina, munición y ropa que no se ajusta a lo descrito en el convenio.

El exalcalde ha defendido ante el tribunal que los técnicos de Urbanismo consiguieron ir dos veces al año a proveerse de ropa y por esta razón él y el resto de acusados, del Servicio de Inspección Técnica de Actividades, pidieron "el mismo trato" y se les concedió. Sobre los conceptos genéricos de las facturas, ha sostenido que le parecieron "correctas" y que él no tiene "ninguna formación contable para saber tramitar facturas".

Ha defendido también que él, como alcalde o concejal, "no podía decidir que el dinero se gastara en esa tienda". Asimismo, ha reconocido que vio en el sumario que hay "tickets francamente extraños", aunque ha criticado que "uno de los gazapos que hay en el sumario es el balón de fútbol". "Mi hijo no le ha pegado una patada al balón en su vida, se enganchaba a la Play, para mi desgracia", ha llegado a decir. En cualquier caso, se ha justificado: "El primer sorprendido he sido yo".

"Era como un vale"

El responsable de la sección, José Vicente C., ha reconocido que adquirió los artículos que expone la acusación pública, pero ha asegurado que los 300 euros bianuales eran una "compensación por el desgaste de la ropa" y ha apuntado que "no existe nada regulado legalmente que diga la tipología de ropa que nos tenemos que comprar".

"Era como un vale. Teníamos ese crédito e íbamos comprando los artículos y la ropa. Cuando yo llegué el procedimiento estaba establecido y yo me subí al tren. Nadie me dijo lo que tenía que comprar o lo que no tenía que comprar", ha expuesto.

José Vicente G., otro de los técnicos, ha argumentado que entre sus compras aparecían prendas de distintos tallajes porque "cada fabricante tiene unas tallas" y ha explicado que no tiene mujer ni hijos y que los artículos eran para él. Vicente Javier P. ha coincidido con sus compañeros en que tomaban estos pagos como "compensación" y para cubrir "el desgaste de la ropa". "Es una cosa bastante lógica", ha agregado.

José María A., por su parte, ha defendido que "en ningún momento" les dijeron que la ropa era para el trabajo y ha admitido que ninguno de ellos se leyó el convenio. En cualquier caso, ha argumentado que "en el Ayuntamiento se ha hablado de una mala praxis administrativa, no de una ilegalidad".

"No he visto este sistema en urbanismo"

También ha comparecido como testigo el denunciante, el ya exconcejal de Transparencia Sergio Moreno, quien ha señalado que le pareció "sospechoso" ver facturas sin concepto y ha subrayado que, en su opinión, el jefe de departamento (entonces Crispín) "no debería validar esas facturas porque no estaba concretado el concepto". Además, ha negado haber visto que este sistema funcionara en el área de Urbanismo, como defienden los procesados.

Un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargado de la investigación, ha corroborado las palabras de Moreno y ha puesto de relieve que el dueño de la tienda en la que adquirían los productos les trasladó que desde el consistorio le dijeron que "en el concepto tenía que poner cosas genéricas como 'vestimenta'".

El dueño de uno de estos comercios, por su lado, ha hecho notar que ponía nombres genéricos en las facturas porque "se generaba un vale" y ha afirmado que desde el Ayuntamiento le dijeron que debía "facturar a cada uno 300 euros".