VALÈNCIA. (EP). La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha absuelto al exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer (Valencia), José Antonio Sancho, de los delitos de estafa, falsedad en documento y blanqueo de capitales por una subvención de la Junta de Andalucía a una asociación de la que era vicepresidente-secretario --Pangea-- por importe de 23.369 euros y para la renovación de equipos informáticos y conservación de la sede, en la calle Navellos de la ciudad.
El ministerio fiscal solicitaba siete años y medios de cárcel para este acusado y para el administrador de la empresa de productos informáticos -- a una tercera persona, mujer de este último, se le retiró la acusación en la vista-- aunque la sala ha decidido absolverles porque "no se ha llegado a demostrar la existencia del engaño y el perjuicio propios del delito de la estafa".
La sala considera que, en este caso, el contencioso permanece en la "esfera de las relaciones privadas o administrativas entre las partes, a cuya jurisdicción pertenece la competencia para resolver el incumplimiento de los trabajos comprometidos y la recuperación de los bienes adquiridos".
La sala considera probado que José Antonio Sancho --condenado anteriormente a dos años de cárcel por cohecho-- fundó esa asociación sin ánimo de lucro Pangea, en cuyo domicilio social figuraba otra entidad Consorcio Pangea-- que trabajaban en todo el ámbito nacional mediante un sistema de asociación con ayuntamientos y asistentes sociales para realizar trabajos que sirvieran de ayuda a la integración social de los inmigrantes, financiándose con subvenciones de instituciones públicas.
En julio de 2010 la asociación pidió una subvención a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que fue de 23.369 euros para la renovación de equipos informáticos y conservación de la sede, con un plazo de ejecución de tres meses y con unos bienes que debían mantenerse destinados a ese fin durante cuatro años. En enero de 2011 se recibió el material informático de una empresa y como justificante él presentó la factura de compra a una empresa cuyo administrador único era el segundo acusado.
Posteriormente, una de las empresas de las que Sancho era titular emitió una factura en la que consta el cobro a la misma compañía informático de 16.359 euros por servicios jurídicos técnicos prestados. El principal acusado afirmó que los trabajos comprometidos no fueron realizados porque no pudo ya que, cuando recibió el dinero, casi había vencido el plazo de ejecución del proyecto y el consorcio y la asociación Pangea estaban a punto de cerrar, y que en febrero de 2016 se ofreció a la Junta a reintegrar el dinero, que no aceptó ni reclamó en cuatro años.
Para la sala, existen "razonables sospechas" de la comisión de los hechos empleados para la gestión y obtención de la subvención pero se trata de un "nivel de incertidumbre incompatible con la certeza y seguridad que permanentemente debe sustentar la convicción y el decaimiento de la presunción de inocencia".