VALÈNCIA. El exsenador del PP y hasta ahora magistrado en excedencia volverá a la carrera judicial, pero no irá al Tribunal Superior de Justicia sino a Castellón, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en el que estaba antes de ser senador. Así lo ha decidido por unanimidad la Sala de Gobierno del TSJCV reunida este miércoles. El posible nombramiento de Altava como magistrado de Lo Contencioso-Administrativo adscrito a la presidencia puso esta semana en pie de guerra a Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), a la asociación Francisco de Vitoria y, en un hecho histórico, a 16 de los 20 magistrados de dicha jurisdicción en el Alto Tribunal valenciano que enviaron una carta en contra del posible nombramiento.
Nunca los jueces valencianos se habían puesto en pie de guerra de esa forma y, tras enviar su escrito y mostrar públicamente su disgusto, su oposición ha surgido efecto y Altava irá a un juzgado Penal de Castellón.
Tal como ha ido informando Valencia Plaza, los primeros en denunciar la situación fueron los integrantes de JJpD quienes enviaron a los medios un escrito que decía que además de vulnerarse las normas, "se daría la sensación de que el referido magistrado no regresa al destino que le corresponde, sino a otro orgánicamente más relevante. A ello ha de añadirse que dicha decisión supondría la injusta postergación de los magistrados que ejercen sus funciones en los juzgados contencioso-administrativos y cuentan con mayor experiencia en dicho orden jurisdiccional".
Tras ellos, llegó la Francisco de Vitoria, que se sumó a JJpD con una carta a los medios enviada por su portavoz, el magistrado Miguel Ángel Casañ, en la que decía que, con respecto al posible nombramiento de Altava, así como "de cualquier otro magistrado en la misma situación administrativa que pudiera producirse en un futuro, y provenga de cualquier destino en la administración o fuera de ella, nos adherimos al escrito presentado por JJpD".
Por último, fueron los propios magistrados de la sala donde pensaban ‘enchufar’ a Altava. Los jueces enviaron un escrito firmado en el que expresaban su oposición argumentando que "Manifestamos nuestra frontal oposición" porque, en primer lugar, "el citado magistrado debe ser adscrito al orden Penal, único del que procede conforme al acuerdo del CGPJ" y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
En segundo lugar, aseguraban que "en ningún caso puede ser adscrito dicho magistrado carente de la más mínima experiencia en este orden jurisdiccional a esta sala, en la que no existe ninguna vacante y que, de existir, debería ser cubierta por el procedimiento regulado en la LOPJ, por lo que en ningún caso podría acceder a ocupar una plaza vacante, ni siquiera de refuerzo o sustitución, para lo que sería necesario servir en el orden jurisdiccional de Lo Contencioso-Administrativo".
Altava fue senador del PP por Castellón desde 2008 y hasta la pasada legislatura. Además, fue candidato a formar parte del Consejo General del Poder Judicial como vocal a propuesta del PP el pasado mes de noviembre. La renuncia a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo del juez Manuel Marchena, a raíz de la polémica suscitada por los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó en los que se jactaba de tener controlado el órgano y la retirada del PSOE hicieron saltar por los aires el acuerdo.