El fiscal pide el archivo para la empresa valenciana que llevó a Canal de Isabel II a Latinoamérica

VALÈNCIA. La conexión valenciana del caso Lezo se disuelve entre las aguas del Canal de Isabel II, después de que la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional haya pedido el archivo respecto a los investigados de la empresa Tecvasa, formada por un importante accionariado valenciano. Más de dos años de investigación han llevado a la conclusión de que el gerente de la empresa valenciana desconocía el presunto desvío de fondos públicos en la compra de la empresa colombiana de gestión del agua Inassa. 

Según el escrito de la Fiscalía, Salvador Cardona Aucejo, director gerente de Tecvasa, actuó en este proceso de compra "representando exclusivamente los intereses de esta mercantil, sin que, hasta la fecha, se haya acreditado que realizara actuación determinante del desvío de fondos públicos que la compra de la panameña SAA generó para el ente público". 

No obstante, de esta operativa responderá por malversación el Consejo de Administración del Canal Isabel II, con la exclusión del expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que dio el visto bueno. Esta operación supuso un sobreprecio injustificado de más de 35 millones de dólares que fueron desviados a los antiguos socios de la empresa y de lo que era conocedor el Consejo de Canal de Isabel II, según la Fiscalía.

Los hechos se remontan al año 2000, cuando Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona la gestión del agua potable de la Comunidad de Madrid, decidió comprar Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) a la catalana Grupo Agbar (Aguas de Barcelona). El contacto se realizó a través de Tecvasa, que se estaba abriendo mercado en Latinoamérica. Canal Isabel II estaba interesado en entrar en ese mercado y decidieron la compra de la sociedad colombiana creando una sociedad llamada Extensia con una participación del 75%, mientras que los valencianos entraban con un 25% de las acciones. 

La compra de Inassa por Extensia se realizó a través de una empresa superpuesta y domiciliada en un paraíso fiscal, la panameña SAA (Aguas de América SA). La Fiscalía establece que, entre los activos de SAA se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco SA, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados ‒Watco SA‒ que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica". 

Respecto a la empresa valenciana Tecvasa, su director gerente, Salvador Cardona Aucejo, ha estado investigado durante dos años e incluso llegó a defender su actuación en esta operación ante la Asamblea de Madrid, cuando se le llamó para declarar ante la comisión de investigación parlamentaria abierta por la compra de Inassa. Según el escrito de la Fiscalía, Cardona Aucejo actuó representando a su empresa, sin que se haya probado que conociera el desvío de dinero público orquestado por extrabajadores de Agbar y aprobado por Canal de Isabel II.

Según la Fiscalía, el inicio de estos hechos se sitúa a principios del año 2000 cuando los investigados Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez y Santiago García Benavides, todos ellos trabajadores de Triple A vinculados a Agbar, "llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que Agbar les vendiera toda su participación en Inassa, con el fin de convertirse en los socios únicos de la misma y, a continuación, llevar a cabo las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real". 

A cambio de ello, estos trabajadores "recibirían un porcentaje de Inassa, como así sucedió finalmente". Con el fin de conseguir que el Consejo de Administración de Canal de Isabel II autorizara la compra del 75% de Inassa en las condiciones impuestas por los vendedores, a finales de 2001 Juan Pablo López Heras y José Antonio de Cachavera Sánchez elaboraron un dosier explicativo sobre esta operación. En este documento se desvelaba que "la compra del 75% de Inassa se iba a realizar a través de la panameña SAA, propietaria también del 51% de Watco SA, detrás de la cual se encontraban los investigados ex trabajadores de Agbar", explica el escrito del fiscal. 

La actuación de estos dos investigados contó con el beneplácito del investigado Arturo Canalda González –director gerente de Canal de Isabel II desde el 25 de septiembre de 2001–, quien, conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación –la interposición societaria y el sobreprecio–, facilitó su tramitación y la presentó a los consejos de administración correspondientes a fin de obtener la preceptiva autorización. Así, consiguió que el 13 de diciembre de 2001 Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por dicha compra, es decir, se aquietara a pagar un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 y 35,49 millones de dólares. 

Señala la Fiscalía que, "para la consecución de los hechos descritos, fue igualmente esencial la conducta" desplegada por los investigados Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Rivera, Ignacio López Galiacho Perona, Juan Ma del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho, todos ellos miembros del Consejo de Administración de Canal de Isabel II –y los dos primeros, además, miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid–. 

Anticorrupción concluye que todos ellos "otorgaron la autorización para la compra directa de Inassa en la sesión del Consejo celebrada el 14 de noviembre de 2001, a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar". Es por ello que se les considera responsables por hechos "presuntamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos".

El archivo respecto de la investigación por la compra de Inassa se extiende a Jaime Ignacio González González, Edmundo Rodríguez Sobrino, Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Jesús Sánchez Sánchez, Salvador Cardona Aucejo, Ángel Varona Grande, Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo Vega, María de la Paz González García, Luis Blázquez Torres, Luis Eduardo Cortés Muñoz, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno Espert, Pilar Martínez López y Luis Peral Guerra.