Cita como imputado al Director General de la empresa valenciana Tecvasa, socia del Canal Isabel II
VALÈNCIA. La conexión valenciana del caso Canal Isabel II, que ya ha llevado a prisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, se va acercando cada vez más a otro ex presidente, en este aso el de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. Tanto el juez que inició la investigación en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como los diputados de la Asamblea de Madrid, durante la comisión de investigación parlamentaria, le han buscado y no le han encontrado.
Su relación con este caso se enturbia más que las aguas del canal madrileño a través de su socia, la empresa valenciana Tecvasa, cuyo primer Director General, Salvador Cardona Aucejo, acaba de ser llamado a declarar ante el juez como investigado -imputado-. Tecvasa y el Canal Isabel II -empresa pública de la Comunidad de Madrid- compraron con 70 millones de dólares de dinero público la empresa Inassa a través de Canal Extensia, cuyo fin era gestionar el servicio público de aguas en Latinoamérica. Este precio es diez veces superior a lo que costó un año antes y la compra se realizó a través de una empresa panameña interpuesta, es decir con domicilio en un paraíso fiscal.
Entre el accionariado y administradores de Tecvasa se encuentra un entramado de empresas con nombres ilustres del empresariado valenciano como los Martinavarro, Joaquín Ballester, Carlos Virosque, Olallo Villoldo, además de empresas como GT Inversiones y Cartera 2001 SL, Válvulas Arco o Fonomed Gestión Telefónica del Mediterráneo, por citar una ínfima representación.
Y, todo ello, bajo la presidencia de Francisco Javier Olmos, descrito en el auto judicial como el ideólogo de esta operación. Pero, de entre los nombres conocidos, destaca el de Juan Francisco García, quien fuera Director de Gabinete del entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y su hombre de confianza. Así constaba hace un año en la página web de los buscadores de empresa. No obstante, en estos momentos, el nombre de Juan Francisco García ha desaparecido de la información empresarial en internet, según ha podido comprobar este diario, que cuenta en su poder con la copia digital anterior.
También, explica el auto del juez, entre el accionariado de Tecvasa en las fechas en que se gestó la operación de compra de INASSA, “se encontraban ocultos, tras sociedades interpuestas, algunos de los propietarios de la sociedad panameña SAA y, por tanto, de INASSA”, es decir, de la empresa panameña que se interpuso para esta compra. Además, estas personas también eran socias de otras empresas, una panameña y otra española. Esta ingeniería de empresas tuvo lugar en 2001, antes de que canal Extenesia -Canal Isabel II, 75%, más Tecvasa, 25%- compraran INASSA por diez veces su valor con dinero público.
No acaba aquí la conexión valenciana. El juez que sigue ahora la instrucción en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, también quiere averiguar el interés de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en este negocio. En su auto de citación a testigos e imputados, que recoge la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha llamado a declarar como testigo a Manuel Josep Lerma Fenoll, representante de la extinta CAM que firmó el aval concedido a Tecvasa para realizar este negocio, y a Alfonso Rodríguez Rabadán, empleado de la CAM que firmó el acuerdo.
Hay que destacar que, del entramado de empresas que formaban parte de Tecvasa, ninguna arriesgó, ya que se quedó claro que los socios y administradores no responderían con su patrimonio personal. En una entrevista concedida por Salvador Cardona a este diario hace unos meses, éste explicaba que: “La CAM estuvo de acuerdo siempre y cuando Canal consiguiera la financiación, y con la condición de que la garantía no vinculara a los socios personalmente y se tuvieran en cuenta los derechos de los socios minoritarios. Por ejemplo, Canal amplió con préstamos del BBV sindicados, pero sin garantía de Tecvasa y de sus socios”.
La relación entre el Gobierno valenciano y la CAM se hizo más estrecha con la llegada al poder de Eduardo Zaplana, que modificó en 1997 la ley sobre cajas de ahorros para que la Generalitat Valenciana asumiera una competencia directa. Y es en julio de ese mismo año, cuando el Gobierno de la Generalitat aprobaba por Decreto el texto refundido de la Ley sobre cajas de ahorros.
De este modo, los miembros de las asambleas y de los consejos de administración de estas entidades financieras eran designados por la Generalitat (28%), los impositores (28%), las corporaciones municipales (28%), los empleados (11%) y las entidades fundadoras (5%). A partir de ese momento, a través sobre todo de los representantes designados por la Generalitat y de las corporaciones municipales, Zaplana pasó a tener el control de las cajas de ahorros de la Comunidad Valenciana y, por ende, de la CAM.
El nombre de Eduardo Zaplana ha salido reiteradamente en la investigación de este caso. Durante el interrogatorio del juez Eloy Velasco al exgerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009, Ildefonso de Miguel, le preguntó reiteradamente por el ex presidente de la Generalitat. Cuando De Miguel señala al empresario Francisco Olmos como el máximo artífice de la operación y la persona que la planeó, el juez Velasco le pregunta: "¿Y qué pintaba ahí Tecvasa?”. De Miguel responde que "es una sociedad que crea Francisco Olmos, no se si algún socio más, o alguna caja de ahorros…”. El juez insiste:. "¿Sabe si el señor Zaplana estaba detrás de la creación de la empresa Tecvasa?". A lo que De Miguel contesta que lo desconoce.
Recientemente, el pasado mes de noviembre, la relación entre el ex presidente valenciano y Tecvasa volvió a cobrar protagonismo cuando Salvador Cardona declaró ante la comisión de investigación parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Con verdadero aplomo, Cardona realizó una declaración magistral ante los diputados madrileños, en especial en sus respuestas a Martínez Abarca, de Podemos. Salvador Cardona le negó tres veces en un tono casi indginado: "Zaplana no tenía que ver con Tecvasa ni con el Canal. ¡No sé qué pinta ahí! Ni siquiera de lejos… A mí el señor Zaplana no me ha dado nada; con lo cual, nada le debo y nada le tengo que agradecer, ¡ni él a mí!"
Así de contundente se mostró el ex director general de Tecvasa, Salvador Cardona, pese a que le recordaron los artículos publicados por Valencia Plaza en los que figura un curriculum plagado de colaboraciones con la Generalitat Valenciana en tiempos de Zaplana, y donde hace gala de sus conexiones con éste y con Rita Barberá.
Salvador Cardona ha sido citado a declarar como investigado junto a Javier Vilaplana, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios, Santiago García Benavides y Ángel Conde por su posible participación como compradores, vendedores y gestores de Inassa a través de distintas empresas interpuestas.
Según el auto de la Audencis Nacional, que recoge el escrito del fiscal, aunque la operación se autorizó formalmente en el consejo de administración del 14 de noviembre de 2001 de Canal Isabel II, lo cierto es que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa, así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.
El fiscal también resalta que uno de los socios iniciales de Inassa en su constitución en el año 1996 fue la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (AGBAR) que, en el año 2000, vendió su participación en la colombiana precisamente a la sociedad pantalla que participó en la operativa, detrás de la cual se encontraban empleados de la sociedad general de aguas.
También pide exculpar al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón
