MADRID (EP). El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado citar como investigados a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, año en que Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid.
El magistrado De Egea, juez de apoyo del instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha atendido así todas y cada una de las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación de 25 personas, entre ellas antiguos colaboradores muy cercanos a Gallardón como Juan Bravo, actual presidente de Adif, y el exconsejero y exconcejal Pedro Calvo.
Además de Bravo y Calvo, están imputados los miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra de Inassa y votaron a favor -en el que estaban Calvo y Bravo-: Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.
Aunque no fija fechas concretas aún, el juez ordena además la imputación del que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, quien también asistió a la mencionada reunión y "asumió el peso de la explicación del proyecto" junto con José Antonio de Cachavera, igualmente investigado, según explica el auto.
Junto a Canalda y Cachavera, el magistrado cita a Pablo López de las Heras como las "personas que tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición" de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de en torno a 70 millones de dólares para el Canal.
Por otro lado, De Egea ha ordenado la imputación de "personas vinculadas a la operación de compraventa" de Inassa "por su posible participación como compradores, vendedores y gestores a través de distintas empresas interpuestas", entre las que están Salvador Cardona, Javier Vilaplana, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios, Santiago García Benavides y Ángel Conde.
Como pedía Anticorrupción, el magistrado también ha ordenado citar a declarar como investigados al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos-Jovellanos y a Diego Fernando García Arias, vinculado a la sociedad Inassa en el momento de los hechos.
Como el fiscal, el juez ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", por lo que ordena numerosas diligencias, al tiempo que pide que "se adopten las medidas necesarias para incrementar el personal policial" adscrito a esta investigación.
El auto del juez atiende todas las peticiones que hizo Anticorrupción la semana pasada, por lo que también solicita a la Comunidad de Madrid que aporte toda la documentación de que disponga sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001 que autorizó la compra de Inassa para que la entregue en un plazo no superior a diez días.
El magistrado quiere que se aporte una "identificación completa de todos los miembros del Gobierno" de la Comunidad en ese año, que presidía Gallardón, así como el acta de la reunión en que adoptaron dicho acuerdo sobre Inassa. También pide "testimonio de la totalidad de la documentación que se le trasladó a los miembros de dicho Consejo para valorar esta operación y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si se les trasladó el mismo dossier de documentación" que aprobó el Canal de Isabel II.
Fuentes de Anticorrupción consultadas por Europa Press explicaron que conocer toda esta información es fundamental para la investigación con el objetivo de saber exactamente qué consejeros asistieron a la reunión del Consejo de Gobierno y qué grado de conocimiento tenían sobre la operación.
Asimismo, el magistrado reclama al Canal de Isabel II toda la información de que disponga sobre los acuerdos, así como numerosa documentación que haya disponible sobre todo el proceso de compra.
Según el relato de los hechos que hizo el fiscal en su escrito, y que el juez suscribe, la adquisición irregular de Inassa, se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.
Esta operativa paralela fue diseñada por Arturo Canalda, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, que gestionaron la adquisición de una forma muy diferente al acuerdo de compra que se rubricó en el consejo de administración celebrado el día 8 de octubre de 2001 a petición del propio Canalda.
Por tanto, aunque la operación se autorizó formalmente en el consejo de administración del 14 de noviembre de 2001, lo cierto es que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.
El acta levantada de ese consejo no hizo referencia a la sociedad panameña, pero en el dossier puesto a disposición de los consejeros del Canal se mencionó e incluso se desaconsejó la compra mediante la panameña, según el escrito que describe que el siguiente trámite fue remitir el expediente al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El 29 de noviembre se dictó acuerdo por parte del Gobierno madrileño autorizando al Canal la creación de Canal Extensia y la adquisición del 75 por ciento del capital social de Inassa por 73 millones de euros. Ese acuerdo está firmado por los entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y consejero de Hacienda, Juan Bravo.
Hasta la fecha no obra en el sumario de la trama Lezo ni el acta redactada por el Consejo de Gobierno ni la documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar el acuerdo. Información, a juicio del fiscal, "esencial" para poder avanzar en la investigación "y solicitar la declaración judicial" de los consejeros que adoptaron el acuerdo, reza el escrito.
El fiscal también resaltaba que uno de los socios iniciales de Inassa en su constitución en 1996 fue la sociedad General de Aguas de Barcelona SA (AGBAR) que, en el año 2000, vendió su participación en la colombiana precisamente a la sociedad pantalla que participó en la operativa, detrás de la cual se encontraban empleados de la sociedad general de aguas.
Entre las 22 citaciones que ordena el juez, destacan José Ferrán, expresidente del Consejo de Tecvasa; Manuel Josep Lerma, representante de la CAM que firmó el aval concedido a Tecvasa para financiar la operación; Alfonso Rodríguez Rabadán, empleado de la CAM que firmó el acuerdo; y Ciril Rozman Jurado, ex director financiero de la sociedad Aguas de Barcelona SA.
También cita a Borja Oria, trabajador en el momento de los hechos en banco Rothschild España SA; Fernando Troya, exasesor del Canal; Luis Gonzalo González García, receptor en nombre del Canal de la invitación hecha por Rothschild para participar en la licitación internacional de Inassa; Gregorio Arias y Javier Malía, encargados de la valoración que aportó la filial colombiana; y Rafael Merino López-Brea, ex consejero del Canal que no acudió a la reunión en que se aprobó la compra.
También quiere que comparezcan los autores de los informes que obran en las actuaciones realizados por Cuatrecasas, Garrigues & Andersen, Pricewaterhousecoopers y ATJ Consultores SL.
También pide exculpar al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón
Cita como imputado al Director General de la empresa valenciana Tecvasa, socia del Canal Isabel II
