El Gobierno afirma que no se llevó al juez a los 13 ultras detenidos al tener domicilio conocido

VALÈNCIA. (EP). El Gobierno asegura en una respuesta parlamentaria que la Policía no pasó a disposición judicial a los 13 detenidos que figuraban en las diligencias policiales por los incidentes registrados en la manifestación de la Comissió Cívica el pasado 9 d'Octubre --con datos hasta el día 25 de ese mes-- al tener todos ellos domicilio conocido, porque algunos se presentaron antes a ser citados y a iniciativa propia y porque la mayoría carecía de antecedentes y, los que los tenían, "en ocasiones anteriores siempre habían acudido a llamamiento judicial".

Así consta en una respuesta del Gobierno a una pregunta del diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, quien pedía saber el número de detenidos hasta el 19 de octubre pasado, cuántos de ellos pasaron a disposición judicial, los motivos por los que no lo hubieran hecho y por los criterios que determinan el proceso judicial que siguen los detenidos.

En la respuesta, el Gobierno señala que, en cada detención, la Policía Nacional elabora unas diligencias y unos informes "pormenorizados", tras lo cual remite cada actuación a la Fiscalía, "que es quien hace un expediente con todos los hechos para, en su caso, dar traslado al juzgado correspondiente para determinar si hay responsabilidad penal".

El ejecutivo central defiende que, desde el momento de finalizar el servicio por la manifestación, "se realizaron numerosas gestiones tendentes a identificar a víctimas y a autores de los hechos delictivos, se siguen revisando grabaciones, se continúan recabando informaciones para seguir investigando; asimismo, se contacta con los posibles perjudicados y se realizan diversas gestiones policiales, con la finalidad de realizar el correspondiente atestado policial para elevarlo a la autoridad correspondiente".

A fecha 25 de octubre la Brigada Provincial de Información de Valencia tenía encartadas a 13 personas en las diligencias y de todo lo actuado se dio traslado a la Fiscalía de Tutela Penal de la Igualdad y Contra la Discriminación, así como al Juzgado de Instrucción de Incidencias, según consta en la respuesta.

De acuerdo con el Gobierno, ninguna de las personas detenidas pasó a disposición judicial "por la idoneidad y oportunidad para la práctica de las diligencias de investigación y esclarecimiento de los hechos (desde la primera hasta la última detención transcurrieron 9 días)".

Sn riesgo de ocultar pruebas

Asimismo, explica que fue "por las particularidades de la investigación en curso", ya que las diligencias en curso lo eran a instancias de Fiscalía, "no de ningún juzgado en concreto que entendiese del asunto"; porque no existía "riesgo alguno de desaparición u ocultación de pruebas o elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos" y por las "particularidades de los propios detenidos".

En este caso, señala que todos tenían domicilio conocido; algunos se personaron antes a ser citados y a iniciativa propia; la mayoría carecía de antecedentes y los que los tenían, "en ocasiones anteriores siempre habían acudido a llamamiento judicial"; existía "predisposición y colaboración" al llamamiento y personación ante la Instrucción y "compromiso" a presentarse ante la autoridad judicial cuando fueren requeridos para ello.