VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se mantiene en su criterio jurídico acerca del sueldo de los ocho ediles con dedicación parcial pese al último informe de la Agencia Valenciana Antifraude. Los partidos del gobierno -Compromís y PSPV- aprobaron junto al PP en la comisión de Personal de la pasada semana un acuerdo para no aceptar el criterio esgrimido al respecto por Antifraude, que formalmente pedía hacer estos salarios más proporcionales, lo que en la práctica significaría rebajarlos.
En 2019, con el inicio de este mandato, a estos ocho concejales de la oposición -4 del PP, 3 de Ciudadanos y 1 de Vox- se les concedió una dedicación parcial del 75%. La normativa establece que deben cobrar en función del "tiempo de dedicación efectiva". Esto es, a 75% del tiempo, el 75% del salario total. Sin embargo, existe una discrepancia jurídica sobre el total respecto al cual calcular esa proporción.
Por un lado, la Agencia Valenciana Antifraude que dirige Joan Llinares cree que ese 75% salarial ha de calcularse respecto al sueldo de un concejal raso con dedicación exclusiva. Una interpretación de la normativa que sustenta tanto el Ministerio de Hacienda como el Consell Jurídic Consultiu valenciano. Sin embargo, el Ayuntamiento aplicó esa proporción respecto al salario del alcalde, Joan Ribó, que es notablemente superior al de un concejal.
Así pues, estos ocho ediles con dedicación parcial están percibiendo un sueldo anual bruto -63.500 euros- mayor que si se empleara el sistema planteado por el resto de organismos -51.100 euros-. Y por ello, Antifraude sostenía en su último informe de investigación acerca del sistema retributivo del Ayuntamiento que a su juicio se estaba incumpliendo el criterio de proporcionalidad.
Lo cierto es que la ley en cuestión, la Reguladora de Bases de Régimen Local, no especifica el criterio adecuado -aunque el Ministerio lo haya aclarado en sus notas informativas, que carecen de carácter normativo-, y el sistema retributivo aprobado por el Ayuntamiento cuenta con el visto bueno del secretario municipal. Es por ello que tanto el gobierno municipal como el Partido Popular dieron su apoyo la pasada semana a un acuerdo que reiteraba la legalidad de la interpretación jurídica esgrimida por el secretario municipal. Ciudadanos se abstuvo y Vox votó en contra.
La propuesta partía de la concejalía de Personal a instancias de Alcaldía. Ciertamente, el alcalde propuso el pasado mes a todos los grupos municipales aprobar un acuerdo de estas características, como publicó Valencia Plaza. El primer edil se amparó entonces en la legalidad del acuerdo confirmada por el habilitado nacional y propuso que la propuesta se aprobara por unanimidad de todos los grupos municipales. Algo que, al parecer, no pudo ser en la comisión de Personal de la pasada semana. Ahora, el acuerdo se elevará a pleno para someterlo a votación de nuevo.
Preguntado a principios de mes sobre esta disensión jurídica, el edil de Hacienda de València, Borja Sanjuán fue tajante al recordar que la interpretación de la norma que hizo la Agencia Antifraude -y que va en contra de la perspectiva del consistorio- "no es más válida que la de los servicios jurídicos del Ayuntamiento". Sanjuán explicó en ese sentido que la Antifraude tan solo puede emitir recomendaciones, y que por lo tanto su autoridad jurídica no está por encima de la de la secretaría que dio en su momento el visto bueno al sistema retributivo.
El mencionado acuerdo aprobado por el ejecutivo local y el PP supone dar validez al sueldo de los ocho ediles en cuestión durante este mandato (2019-2023). Pero lo cierto es que la polémica en torno al sistema retributivo del Ayuntamiento de València, en realidad, emerge del que estuvo en funcionamiento entre 2015 y 2019.
Entonces, para no perjudicar a la oposición, el ejecutivo local adjudicó las dedicaciones parciales del 75% a ocho concejales del gobierno municipal, en cumplimiento de la 'Ley Montoro'. Pero en aquel caso, a estos ediles se les aplicó un complemento salarial no contemplado en ninguna normativa que, a la postre, les hacía cobrar como si tuvieran adjudicada la dedicación exclusiva.
Así pues, durante los cuatro años del pasado mandato, todos los concejales del Ayuntamiento cobraron el 100% del salario, que era lo que quería evitar la mencionada regulación. En total, con esta argucia jurídica, se pagaron de más 772.000 euros en total durante los cuatro años a ocho ediles pertenecientes a los tres partidos del gobierno -Compromís, PSPV y València en Comú-.
Este es el origen de la investigación que ha estado llevando la Agencia Valenciana Antifraude. Pero el organismo que dirige Joan Llinares no ha reclamado, con todo, la devolución de este dinero. En su informe definitivo de investigación sí instaba al consistorio a que recabara el informe jurídico del secretario cuando se fijasen los sueldos y que se establezcan claramente las responsabilidades de cada cargo. Ambas cuestiones que el Ayuntamiento sí aceptará.