Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento estudian que el Puerto entre en La Marina tras saldar la deuda

VALÈNCIA. La Marina camina ya hacia lo que podría considerarse su refundación. El Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, que conforman el Consorcio Valencia 2007 -gestor del espacio-, ya piensan en qué debería ser el ente cuando se pague la deuda que arrastra desde hace más de una década. De hecho, una de las posibilidades que se contempla si se mira al horizonte es que el Puerto de València entre a formar parte del organismo.

Este martes, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el alcalde de València, Joan Ribó, mantuvieron un encuentro telemático con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón. Una cita en la que precisamente el eje central fue el futuro del consorcio toda vez se hayan saldado todas las obligaciones financieras, la mayor parte de las cuales ya se han presupuestado.

Así, según explicaron fuentes de la administración autonómica, durante el encuentro se debatió sobre la gestión del consorcio "en el nuevo escenario post-deuda". Y en él, "se ha contemplado como una posible opción a debatir en el futuro la entrada de la Autoridad Portuaria de Valencia". Una entrada que sería en sustitución de la representación que ahora mismo tiene el Gobierno central.

El Consorcio, creado para la organización de la Copa América, daría carpetazo a esta etapa cuando se hubieran pagado los cerca de 500 millones que tiene de deuda en total. Por ello, la presencia del Gobierno central en el organismo dejaría de tener sentido, según explican fuentes conocedoras de la situación del ente, y debería emprenderse una segunda fase en la vida del consorcio. Incluso está sobre la mesa que adquiera otra forma jurídica diferente a la del consorcio, como una fundación.

Sería en esta transición cuando se produciría el intercambio de representación. Las mismas fuentes aseguran que esta sería una manera de que el Puerto se involucrase de una manera más activa en los debates de la ciudad, disipando la imagen de "estar de espaldas a la ciudad" que fuerzas políticas como Compromís y Podem han explotado en los últimos años, especialmente a cuenta de la ampliación del Puerto prevista. Con todo, el alcalde de València, Joan Ribó, no se manifestó sobre este aspecto.

Antes, la deuda

Pero para alcanzar ese estadio, primero hay que cumplir con las obligaciones adquiridas por el Consorcio. Por un lado, el Gobierno central ya ha asumido en los PGE de 2021 la parte de la deuda asociada al crédito del ICO -390 millones de euros-, así como el dinero que se adeudaba al Puerto de Valencia por la reposición de las obras de la Copa de América -16,9 millones de euros en 2021 y los 12,1 restantes, en 2022-. Para el conseller Soler, esto demuestra que el Gobierno "cumple sus compromisos, a diferencia de lo que sucedió con los anteriores gobiernos del PP, y atiende la necesidad de conceder a esta infraestructura clave una segunda oportunidad".

No obstante, queda una tercera fracción de la deuda, referente al derivado financiero que el Consorcio contrató con el Banco Santander para cubrir el riesgo del crédito del ICO. La entidad bancaria traspasó el derecho a un fondo oportunista norteamericano, TCA Taconic, con quien negocian los tres consorciados. En principio, esta deuda asciende a 69 millones de euros -teniendo en cuenta intereses.. Según fuentes consistoriales todavía no se ha llegado a ningún pacto sobre esta deuda, pero todo indica a que finalmente sólo se pagarán 60 millones: 24 el Gobierno -ya ha presupuestado la mitad en 2021-, 24 la Generalitat y 12 el Ayuntamiento.

Precisamente de esta tercera parte de la deuda del Consorcio emerge la última reivindicación del alcalde de València. Ribó pidió que el ejecutivo central "asuma los más de 60 millones de euros generados en concepto de productos financieros adeudados al fondo de inversión TCA". En este sentido, el alcalde propuso que el Gobierno "pueda hacer frente a esta deuda en dos anualidades, como se ha propuesto con los costes por obras de reposición de infraestructuras e instalaciones".

Lo cierto es que Compromís ya ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados con esta finalidad. Preguntadas fuentes conocedoras del trascurso de la reunión, explicaron que el ministerio dijo estar "mirando" las enmiendas presentadas, pero que no se comprometió a acceder a esta petición. De no aprobarse esto, el Ayuntamiento tendrá que afrontar unos 12 millones de euros, de los que no ha presupuestado ninguno para el próximo ejercicio.

Tanto el primer edil como el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, admitieron que las cuentas locales para 2021 no contemplan dos posibles salidas de dinero que tengan que acometerse el próximo año: parte del soterramiento de las vías y el pago de esta deuda del Consorcio Valencia 2007. Ahora bien, explicaron que si hubiera que atender estas obligaciones, el Ayuntamiento pedirá dinero prestado a los bancos, aumentando la deuda consistorial -más de lo que se ha proyectado.

La Marina, tras la deuda

El pago de la deuda supondrá para La Marina una inyección de liquidez. Por ejemplo, el Consorcio podrá contar con ingresos que hasta ahora no podía percibir. Es el caso de los ingresos por las concesiones, que supondrían un millón de euros al año. Estos ingresos fueron embargados por orden judicial para hacer frente a las obligaciones financieras del Consorcio, precisamente al derivado del Santander, ahora del fondo americano.

Otra de las consecuencias de las que se beneficiará La Marina cuando ya no pese la losa sobre sus cuentas es que podrá salir de la lista de organismos morosos con la administración. Así, podrá acceder a líneas de ayudas con el propósito de llevar a cabo planes que hasta ahora están pendientes y que podrían contar con un nuevo impulso en el entorno de La Marina.