Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El impacto de la crisis de coronavirus en las cuentas municipales obligará al Ayuntamiento de València a pedir dinero prestado para mantener el nivel de inversiones del consistorio en 2021, además de hacer frente a la crisis económica tras la pandemia. Concretamente, se suscribirán 48 millones de euros de deuda el año que viene, con lo que el gobierno municipal acaba con cinco años de reducción en este capítulo.
Sin embargo, en la presentación de este miércoles, realizada por el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y el edil de Hacienda, Borja Sanjuán, se explicó que las cuentas municipales no contemplan dos salidas de dinero a las que posiblemente tenga que hacer frente el consistorio: la parte que le toca de los primeros pagos del soterramiento de las vías y de la deuda del Consorcio Valencia 2007 (La Marina). Por ello, el primer edil explicó que si hubiera que atender estos pagos -a la postre, no tan imprevistos-, el gobierno municipal aumentará la deuda consistorial más de lo que ya se ha proyectado.
El primer caso es, quizá, el que tenga más visos de hacerse realidad este año. El alcalde aseguró que en 2021 el Ayuntamiento prevé firmar un acuerdo con la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Transportes para empezar ya con las esperadas obras del soterramiento de las vías: el llamado como canal de acceso entre el Boulevard Sur y el puente de Giorgeta -el Parque Central-.
El coste de la actuación se antoja en 400 millones de euros y el Gobierno central prevé empezar la licitación en los próximos meses para iniciar las obras en 2021. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya proyectan para el próximo ejercicio 52,8 millones de euros para esta finalidad, reactivando así el proyecto. Del total, el Ejecutivo central debe costear el 50%, mientras que Generalitat y Ayuntamiento se reparten un 25% cada uno.
Por ello, Ribó dijo que, cuando se suscriba el acuerdo para empezar, el consistorio podría tener que hacer frente a algunos pagos ya en 2021. "No sabemos cuanto valdrán exactamente ni en qué términos se firmará el acuerdo", aseveró, pero existe la posibilidad de que se tenga que dedicar dinero consistorial que por el momento no está proyectado, y de ahí la necesidad de acudir, dado el caso, a pedir dinero a los bancos.
Es lo mismo que sucedería con la obligación municipal de la deuda del Consorcio Valencia 2007, gestor de La Marina. El Gobierno de España ha asumido en los PGE de 2021 la parte de la deuda asociada al crédito del ICO -380 millones de euros-, así como el dinero que se adeudaba al Puerto de Valencia por la reposición de las obras de la Copa de América -23 millones de euros-. No obstante, queda una tercera fracción de la deuda, referente al derivado financiero que el Consorcio contrató con el Banco Santander para cubrir el riesgo del crédito del ICO. La entidad bancaria traspasó el derecho a un fondo oportunista norteamericano, TCA Taconic, con quien negocian los diferentes consorciados -Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento-.
La deuda asciende en principio a 69 millones de euros. En principio, precisamente, porque según fuentes consistoriales todavía no se ha llegado a ningún pacto. Eso sí, el Gobierno ya ha presupuestado 12 millones de euros, lo que podría restar fuerza a las posiciones negociadoras de la administración autonómica y local. Al Ayuntamiento le tocaría, según dijo Ribó, un 20% de la obligación.
"¿Cuánto dinero será? No lo sabemos con exactitud, pero podemos estimarlo entre 10 y 12 millones", dijo el primer edil, si bien admitió que no se sabe en cuánto tiempo cabría pagarlos. Si se alcanzara un pacto y se tuviera que consumar algún pago en 2021, el consistorio acudirá a más deuda.
El economista Keynes guio los comentarios tanto del primer edil como de Sanjuán, quienes defendieron la necesidad de que las administraciones tengan unas cuentas expansivas en momentos de recesión, y si es preciso, acudiendo a los préstamos. Así, en 2021 el presupuesto llega a los 914,5 millones de euros (+1,68%), y proyecta suscribir nueva deuda por 48 millones de euros. Teniendo en cuenta que toca amortizar 42 millones de deuda ya adquirida, el incremento neto de este apartado el año que viene será de 6 millones.
Es, pues, la primera vez desde 2013 que crecen las obligaciones financieras del consistorio. Tanto Ribó como Sanjuán hicieron referencia a la buena situación financiera conseguida durante los años anteriores, que permite ahora tener margen para acudir a ella en situación de mayor necesidad. Era, de hecho, lo que había sostenido el ex concejal de Hacienda, Ramón Vilar: "No estamos en contra de la deuda", explicaba, sino de que ésta fuera exacerbada e impidiera acceder a préstamos con buenas condiciones cuando hiciera falta.
Así, a finales de 2020 se llegará con 296 millones de deuda y en 2021, se elevará a 303 millones. Esto es, el Ayuntamiento deberá el año que viene un tercio de la cifra total de su presupuesto. Las autoridades fiscales permiten llegar incluso al 75%. De ahí que todavía exista margen de financiación para casos como el soterramiento de las vías o la deuda de La Marina.
Huelga recordar que la última amortización de deuda se aprobó recientemente, haciendo uso de los 30 millones de euros de los remanentes municipales. Una operación que enfrentó a Compromís y PSPV. Los primeros eran favorables a pagar deuda con este dinero porque el Gobierno central todavía no ha formalizado su promesa de permitir su uso libremente en 2021. Los socialistas, en cambio, sostienen, apoyados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que la suspensión de las reglas fiscales aprobadas por el Gobierno central permiten de facto usarlos. En todo caso, acabó destinándose a pagar a los bancos.
Ante la difícil situación epidemiológica y la incertidumbre económica para el próximo ejercicio, a la espera también de la aparición de una vacuna, el gobierno del Rialto -Compromís y PSPV- ha tenido que elaborar los presupuestos que menos crecen respecto a los anteriores en términos relativos desde que gobierna la coalición (16,6 millones de euros, un 1,68%), y casi con un incremento similar a sus primeras cuentas en 2016 (15,5 millones, un 2,1%).
El presupuesto puede ser expansivo fundamentalmente por el crédito que se va a adquirir -48 millones- y la llegada de más dinero -7,3 millones- de la Generalitat para construir colegios, que no sólo suplen la caída de impuestos, tasas y cánones cifrada en 36,4 millones de euros, sino que permiten el crecimiento de las cuentas. El Estado, por su parte, mantendrá las entregas por anticipado.
Entrando en el área de los gastos, el capítulo de personal se quedará estancado, como adelantó este diario. Se contempla la subida salarial del 0,9% prevista para todos los funcionarios del Estado, que también se aplicará a los concejales y personal laboral, si bien es cierto que sólo se ha incluido en las cuentas una parte, a completar durante el año.
Para hacer frente a la crisis del coronavirus, se ha contemplado un incremento de gasto de 18,15 millones de euros, que va en detrimento de otras partidas que con motivo de la crisis no se podrán ejecutar, como es el caso de Fiestas. En la mencionada cuantía entran equipos de protección, limpieza y desinfección municipal (5,4 millones); atención social, servicios domiciliarios, ayudas al alquiler y mantenimiento de viviendas municipales (5,4 millones); y un paquete de medidas económicas con el triple de ayudas al comercio que en 2020, el refuerzo de pymes y autónomos, el fomento del empleo y el turismo de calidad, y la innovación (7,3 millones).
El capítulo de inversiones y transferencias de capital crece hasta los 96,2 millones, principalmente por el aumento de las inversiones en 12,3 millones de euros (un 15,13% más). Ribó ha dicho que este "esfuerzo inversor" se centrará en infraestructuras urbanas (plazas de la ciudad), mantenimiento de calles y movilidad sostenible. Entre las inversiones apuntó, entre otros, 3 millones para un nuevo sistema de contabilidad municipal; 3,5 para la mejora del edificio de bomberos de la avenida de la Plata; 2,7 para obras de saneamiento; 14,4 para suministro de agua; 10,3 para la plaza de la Reina, 7,4 para la remodelación de la plaza del Mercat, y 1,2 para infraestructuras deportivas.
Ciudadanos es la formación más próxima a los presupuestos del ejecutivo local. Su portavoz, Fernando Giner, se reunió con el alcalde, el edil de Hacienda y los vicealcaldes para conocer de primera mano las cuentas. "Si Ribó quiere nuestra abstención al presupuesto debe firmar un documento comprometiéndose a dedicar los remanentes a cumplir con las cantidades que le hemos pedido para las familias, los autónomos y pymes, en concreto con los sectores productivos especialmente castigados como la hostelería, el comercio, los gimnasios, la cultura, etcétera”, dijo Giner. Asimismo, Giner insistió en que para pasar de la abstención al voto afirmativo, el gobierno municipal "debe eliminar además las subvenciones pancatalanistas".
El PP rechazó de plano las cuentas presentadas por el gobierno municipal porque no revierten "el sablazo fiscal" de 30 millones de euros que se aplicó para 2020, donde se incluía la subida del IBI, del ICIO, del IAE, de la factura del agua, de la tasa de terrazas, entre otros tributos. Para su portavoz, María José Català, "hay que tener la cara muy dura para decir que se congelan los impuestos cuando lo quese hace es consolidar un sablazo fiscal".
Según la popular, estas cuentas son las del "cierre de persianas del comercio y hostelería y ocio", dado que, además, considera insuficientes las ayudas contempladas e incluso sostiene que las ayudas el comercio descienden en 100.000 euros respecto al año pasado. La formación del charrán en el municipio reclama, en este contexto, no sólo revertir la subida de impuestos de 2020, sino dejar de dar ayudas a entidades "pancatalanistas", alcanzar los 60 millones de euros en ayudas para autónomos, pymes, comercios, hosteleros y ocio, el retraso del pago de impuestos hasta finales de año y la intervención municipal en la gestión de la EMT, tras las múltiples deficiencias desveladas en la gestión interna.
