Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Los Presupuestos Generales del Estado de 2021, cuyo proyecto fue presentado este miércoles, incluyen un pago de 12 millones de euros para el fondo oportunista norteamericano que hace tres años compró la deuda del Consorcio València y desde entonces amenaza con denunciarle por impago.
Los 12 millones previstos en las cuentas del próximo año corresponden al primero de los dos plazos de los 24 millones que le corresponde asumir al Estado en función de su participación en el Consorcio Valencia 2007, el ente gestor de La Marina en el que también participan la Generalitat y el Ayuntamiento de València.
Si aplican el mismo criterio que el Gobierno central e incluyen en sus respectivos presupuestos el pago de esa deuda, la Generalitat y el Ayuntamiento de València tendrán que destinar 24 y 12 millones de euros respectivamente en 2021 y 2022 para saldar la deuda con TCA Taconic.
Este fondo oportunista norteamericano llegó a un acuerdo económico con el Banco Santander para subrogarse la posición jurídica de 67 millones de deuda vencida del Consorcio València y desde el primer día ha conminado a las tres administraciones a negociar bajo la amenaza de reclamar judicialmente.
El traspaso, como es habitual en este tipo de operaciones, probablemente se cerró con un fuerte descuento que nunca ha trascendido, ya que estos fondos son especialistas en comprar activos a precio de derribo para tratar de obtener posteriormente importantes plusvalías. De hecho, cuando acordó con varios banco españoles quedarse los créditos de las autopistas de peaje quebradas lo hizo con un descuento de cerca del 90%.
Por ello, lo llamativo de la inclusión en los PGE del pago de esos 12 millones por parte del Gobierno central se produce sin que el Consorcio y el citado fondo hayan llegado formalmente a un acuerdo sobre una cantidad para dar por resuelta la deuda y evitar el pleito.
En función de su respectiva participación en el ente gestor de la Marina, la Generalitat tendría que asumir en sus cuentas 12 millones de euros como primer pago de los 24 que le corresponden como titular del 40% del Consorcio. Lo mismo sucede con el Ayuntamiento de València, que en este caso tendría que aportar 6 millones.
Sin embargo, el presupuesto autonómico presentado este viernes no incluye cantidad alguna para responder ante el fondo. No se ha reflejado precisamente porque no se ha llegado a ningún acuerdo económico con TCA sobre la cantidad para dar por zanjada la deuda y se continúa negociando, explican fuentes del Consell consultadas por este periódico.
De hecho, la intención del Ejecutivo valenciano es forzar al máximo la negociación para conseguir en acuerdo lo menos lesivo posible con las arcas públicas, lo que contrasta con la estrategia que el Gobierno ha trazado unilateralmente para responder por la parte que le toca al Estado.
Según las mismas fuentes, si el Gobierno ha incluido 12 millones para el fondo en los PGE es porque considera que es una deuda vencida y exigible, pero en el caso de que se llegase a un acuerdo en el futuro, el Consell siempre puede recurrir a realizar una modificación presupuestaria para pagar su parte.
Es por ello que todavía resulta más sorprendente la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reflejar ya en los PGE de 2021 esos 12 millones, ya que este hecho resta mucha fortaleza a las otras dos administraciones –Ayuntamiento y Generalitat– a la hora de encarar la negociación para que el fondo acceda a realizar una quita.
Por su parte, fuentes financieras próximas al fondo aseguran que existe el compromiso entre las administraciones consorciadas para abonar la deuda en los dos próximos años y que, en función de lo que ya aparece en los PGE de 2021, TCA se embolsará 60 de los 67 millones de euros que le debe el Consorcio Valencia.
El origen de la deuda que el Santander cedió en 2018 a este fondo norteamericano es el swap –derivado financiero– que el Consorcio València 2007 se vio obligado a contratar para cubrir el riesgo del tipo de interés del crédito de 319 millones de euros que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) dio para las obras de la Copa América de vela. Desde marzo de 2017, el banco reclamaba al Consorcio 54 millones más los intereses bajo la amenaza de iniciar acciones legales a través de los tribunales británicos.
A esos 54 millones se suman otros 9 millones de euros más los intereses de la póliza de crédito que el Santander habilitó para que el Consorcio pudiera hacer frente al swap, pero el ente no ha podido atender ninguna de las dos deudas. Tras el traspaso de la deuda a TCA Taconic, el Consorcio dio el mandato de negociar una solución con el nuevo acreedor, pero años después sigue sin haberse cerrado el acuerdo., pero que ni la cantidad está clara ni tampoco el hecho de que se tenga que desembolsar en un solo ejercicio.
De la deuda que sí ha conseguido librarse ya el Consorcio València –siempre que se aprueben los PGE de 2021– es de la asociada al principal de ese crédito del ICO, cerca de 380 millones de euros, más los 23 millones a favor del Puerto de Valencia por el coste de reposición de las obras, que serán asumidos en su totalidad por el Estado.
