VALENCIA. El Gobierno parece decidido a cumplir de una vez por todas con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que le obliga a acabar con el monopolio de los estibadores. Dos años después del fallo original, y con la amenaza de tener que pagar una millonaria multa si persiste en el incumplimiento, el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha la maquinaria para reformar la Ley de Puertos y eliminar las trabas actuales a la libre contratación de los trabajadores portuarios.
Por ese motivo, según trasladan a Valencia Plaza fuentes conocedoras de la negociación, el Gobierno ultima un decreto ley para acabar con la exclusividad en la contratación del personal por parte de las sociedades de estiba que operan en los puertos españoles (Sagep). El objetivo es que la norma pueda aprobarse a principios de abril para comenzar a operar de inmediato con el nuevo régimen, de ahí que se haya optado por la vía del decreto ley en lugar de por una reforma de la Ley de Puertos, un trámite que podría extenderse al menos durante seis meses.
El Ejecutivo no puede permitirse más retrasos. Tras prácticamente un año perdido por encontrarse el Gobierno en funciones, la Comisión Europea ha aumentado la presión para acatar el fallo desde el nombramiento del nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Según explican fuentes del sector, el Ministerio ha trasladado esa presión a empresas y estibadores para que acuerden los términos básicos de la reforma con el fin de incluirlos en la propuesta que se remitirá a Bruselas. El mensaje transmitido a Anesco, la patronal de las sociedades de estiba, y a Coordinadora, el sindicato mayoritario de los portuarios, es claro: si no se ponen de acuerdo, el Gobierno legislará.
El ultimátum se fundamenta en la millonaria sanción a la que España tendrá que hacer frente si no acaba con un régimen de contratación considerado ilegal porque impide la libertad de establecimiento. El pasado mes de julio, la Comisión Europea interpuso una segunda denuncia en el TJUE ante el incumplimiento del fallo original, dictado el 11 de diciembre de 2014.
Bruselas reclama que se castigue a España con el pago de 27.522 euros por cada día de incumplimiento a contar desde esa fecha. Adicionalmente, reclama que se le imponga una "multa coercitiva" de 134.107,2 euros al día que empezaría a contar desde el momento en el que el TJUE dicte la nueva sentencia y hasta que se ejecute por completo.
El objetivo de Fomento es adaptar la Ley de Puertos en el sentido que marca el fallo antes de que se resuelva esta segunda denuncia, de ahí las prisas.
Las dos partes directamente implicadas han redoblado las reuniones para tratar de eliminar las diferencias que les han impedido ponerse de acuerdo durante los dos últimos años. Los contactos son prácticamente diarios.
El pasado miércoles, Anesco aprobó por unanimidad en una asamblea extraordinaria continuar negociando con el sindicato mayoritario de la estiba en busca de un acuerdo. La patronal de las Sagep, cuyo presidente está en funciones desde diciembre y que próximamente renovará estatutos y dirigentes, se descolgó semanas atrás con una propuesta de máximos que acabaría con algunos de los privilegios de los que ahora disfrutan los portuarios.
Coordinadora ha celebrado en los últimos días asambleas en los diferentes puertos para fijar su postura al respecto. Aunque han respondido con el rechazo a algunas exigencias, el sindicato tiende la mano para continuar negociando varias medidas.
Tanto las empresas como los estibadores tienen interés en alcanzar un acuerdo rápido con el propósito de que el Gobierno lo recoja en su propuesta para Bruselas. De hecho, el pasado miércoles Anesco volvió a pedir un encuentro con el Ministerio de Fomento "para conocer de primera mano cuáles son las intenciones del gobierno y sus propuestas de reforma de la estiba".
El tiempo, no obstante, corre en su contra. Las fuentes consultadas por Valencia Plaza aseguran que el Gobierno ya ha trasladado a Bruselas un borrador del decreto ley que pretende aprobar en abril para sondear si se ajusta a lo exigido por la sentencia del TJUE.
De hecho, según informa la publicación sectorial Puertos y Navieras, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha viajado esta semana a Bruselas para tratar el asunto. Los contactos con las autoridades comunitarias se han intensificado en los últimos días con el objetivo de asegurar el desbloqueo de la situación, ya que en los últimos dos años se han trasladado algunas propuestas que no han fructificado.
Según el régimen vigente en los últimos años, analizado en un amplio reportaje en la revista Plaza, las compañías que operan en puertos como el de Valencia, Barcelona o Algeciras no pueden acudir libremente al mercado para incorporar personal, sino que tienen que contratar obligatoriamente a trabajadores de las Sagep en cuyo capital, además, están obligadas a participar. En el caso de Valencia, la compañía que presta este servicio es Sevasa-Sagep.
El fallo del TJUE se basa en el incumplimiento del principio de libertad de establecimiento derivado de esas trabas a la libre contratación de estibadores portuarios, ya que son los propios trabajadores quienes controlan el acceso a las bolsas de portuarios.
La Comisión Europea, que denunció la situación ante el tribunal comunitario, ha reforzado su criterio en los últimos meses al amparar que las empresas puedan actuar ya conforme a la sentencia del TJUE, incluso antes de que España adapte su legislación.
La comisaria de Transporte Violeta Bulc se manifestó en ese sentido en respuesta a una pregunta formulada el pasado mes de junio por la europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao. En concreto, subrayó que, de acuerdo con la jurisprudencia, "los particulares pueden invocar esta sentencia ante los tribunales nacionales, al constituir la base de la responsabilidad en que un Estado miembro puede incurrir en relación con aquellos que poseen derechos afectados por el mencionado incumplimiento".
A pesar de ello, la presión de los portuarios por mantener el statu quo actual ha impedido cambios en el sentido que marca Bruselas.
Aunque se trata de un conflicto nacional, el Puerto de Valencia es el recinto más sensible a las tensiones que han marcado la negociación entre empresas y estibadores en los últimos meses. La situación se ha visto complicada, además, por los contactos que se mantienen a nivel local para cerrar el convenio colectivo.
Ese pulso le ha salido caro al Puerto de Valencia, que ha perdido en 2016 la posición de liderazgo en movimiento de contenedores en el Mediterráneo occidental al verse superado por Algeciras. La crisis que atravesó en verano, cuando la falta de mano de obra portuaria obligó a desviar algunos buques, provocó pérdidas de tráfico que han sido determinantes para ceder el liderazgo al puerto andaluz en el cómputo anual.