António Costa, primer ministro portugués. Foto: ETIENNE LAURENT (EFE)VALÈNCIA. El estar a favor o en contra de las concesiones público-privadas en sanidad no siempre es cuestión de ideología. Así lo ha demostrado el Gobierno de Portugal, formado por partidos progresistas, que ha creído conveniente prorrogar hasta 2020 el contrato de su primer hospital gestionado con un modelo concesional inspirado en el modelo Alzira.
El Hospital de Cascais, inaugurado en 2008, no solo tendrá una prórroga de dos años de gestión privada cuando acabe la concesión el año próximo, sino que la intención del Ejecutivo portugués es volver a sacar a concurso la gestión, aunque no descarta revertirlo a la gestión pública si las ofertas no le satisfacen.
Esta determinación ha sido tomada por el Partido Socialista portugués, liderado por el primer ministro António Costa, quien consiguió sustituir al conservador Pedro Passos Coelho en las últimas elecciones gracias a un acuerdo de gobierno con el Partido Comunista de Portugal y el Bloco de Esquerda, partido compuesto por formaciones de tradición maoísta, troskista y comunista. Un pacto con el que Portugal ha logrado recuperar parte de los derechos sociales que le fueron arrebatados por las exigencias de la Troika comunitaria como consecuencia de la crisis.
La decisión de mantener el modelo concesional en el Hospital de Cascais fue tomada a partir de un informe realizado por la Unidad Técnica de Supervisión de Proyetos (UTAP), dependiente del Ministerio de Hacienda, donde el grupo técnico concluyó que el modelo de concesión público-privada de este centro hospitalario suponía un ahorro estimado de un 13,6%.
Este modelo concesional existe en otros tres hospitales del país: Braga, Loures y Vila Franca de Xira. La fórmula supuso entre 2011 y 2015 un ahorro acumulado de unos 40 millones de euros en comparación con los costes de la gestión pública, según publica el periódico portugués Diário de Notícias. Unas conclusiones que recuerdan mucho a las extraídas por la Sindicatura de Comptes para el Hospital de Manises, en el que concluyó que el ahorro del modelo, en este caso gestionado por Sanitas, es del 25%.
La actitud del Gobierno portugués, que cuenta con la posición en contra del Bloco de Esquerda, está basada en criterios objetivos y contrasta con la del Ejecutivo valenciano, que después de encargar a la Sindicatura de Comptes el primer informe sobre el modelo Alzira, del hospital de Manises, ha decidido continuar con la reversión a pesar del ahorro que supone.
En el caso de la Comunitat, las cifras no han servido para validar el modelo de cara el ejecutivo. Ya aseguraba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que las auditorías no harán cambiar la "decisión política" del acabar con el modelo Alzira. De hecho, la Conselleria de Sanidad dirigida por Carmen Montón ni se ha molestado en auditar, como sí han hecho en Portugal, el primero de los hospitales con el que finaliza el contrato concesional, el de La Ribera. Sí lo ha hecho con Manises o Dénia, cuyas concesiones terminan en 2024. El informe del Hospital de Dénia, encargado a la Intervención General, todavía no se ha hecho público.
Cabe destacar que el modelo portugués varía en cierta medida del valenciano ya que cada hospital corresponde a dos relaciones de colaboración público-privada, mientras que en la Comunitat es solo un contrato. Los lusos optaron por elegir a una empresa que realizara la obra y gestión del edificio, con un contrato a 30 años a cambio de una renta del Estado, mientras que otra compañía es la responsable de la gestión clínica del centro, con un contrato a diez años, que ahora se prorroga y saldrá a licitación en el caso de Cascais.
A principios de enero, cuando se anunció la decisión del gobierno, el ministro de Salud, Adalberto Campos Fernandes, señaló que a pesar de seguir adelante con una nueva licitación internacional para la gestión del centro no descartaba devolverlo a la gestión pública si las propuestas en la evaluación del mercado no eran mejor que la existente.
Es necesario "un concurso más exigente, capaz de eliminar las dificultades encontradas y mejorar los beneficios identificados", señalaba el ministro. "Si al final de la licitación pública estas propuestas tienen sentido, entendemos que el interés público está siendo defendido. Si no es así, la opción de la izquierda será la integración en condiciones normales en el NHS", recogía el diario Público.
Es decir, que la nueva licitación se aprovechará para "eliminar la dificultades encontradas" y mejorar el contrato que ha estado vigente estos primeros diez años.
Para poner en marcha esta licitación, el Gobierno portugués tendrá que prorrogar por dos años la gestión a la empresa Lusíadas Salud, hasta 2020, ya que el contrato termina el 31 de diciembre de 2018. La concesionaria debía ser avisada con dos años de antelación sobre su futuro, cosa que se hizo antes de acabar el año pasado. Se trata de una compañía brasileña que fue comprada por la firma estadounidense United Health Group, una de las mayores empresas en el ámbito de la salud.
La posibilidad de prórroga se incluyó en la orden del 26 de enero, donde los Secretarios de Hacienda, Finanzas y Salud describen los resultados de la evaluación del grupo donde señalaron que la "precaución y el interés público es necesario para asegurar la operación y plenas condiciones normales de funcionamiento del hospital de Cascais, en espera de que concluyan los procedimientos legales necesarios para su eventual elección del nuevo socio privado ".
Por ello, admitieron como "adecuada" una manifestación de la intención de renovación del contrato vigente, aunque solo en el caso de que la puesta en marcha del nuevo contrato de asociación no se completará a finales de 2018. Con 277 camas, el Hospital de Cascais representa el 17% de la atención sanitaria de los hospitales de gestión público-privada del sistema nacional de salud luso.
Cabe destacar que muchas de las medidas sociales del actual Gobierno de António Costa, el primer ministro portugués, se asemejan en algunos casos a las tomadas por el Gobierno valenciano. No solo ha logrado paliar los recortes salariales, devolver a 35 horas semanales las jornada laboral de los funcionarios o crear un impuesto de patrimonio para viviendas de lujo de más de 500.000 euros, sino que también ha suspendido los conciertos del Estado con colegios privados en zonas donde exista un centro público y ha implantado la gratuidad de los libros de texto en los primeros cursos de la educación básica.
