El Gobierno transferirá este año 267 millones de euros para la Dependencia en la Comunitat

VALÈNCIA. El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha informado que para este año se estima que el Gobierno transfiera 267 millones de euros a la Comunitat Valenciana para las personas beneficiarias de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Dichos fondos corresponden a la aplicación de la Ley de la Dependencia  y a los fondos adicionales que se transfieren en virtud de la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.

El delegado ha destacado que “el Gobierno cumple con su parte atendiendo la previsión legal en cuanto a las aportaciones del sistema de dependencia, un hecho que ha sido confirmado por el Tribunal de Cuentas. Por ello, cuando la Generalitat acusa al Gobierno de no aportar su parte está utilizando la información de forma sesgada y partidista ya que los fondos que aporta el Gobierno no sólo provienen de la Ley de Dependencia sino también de fondos adicionales.”

En este sentido, los fondos previstos para este ejercicio provienen tanto de la Ley de Dependencia (80 millones) como de fondos adicionales previstos en virtud de la Ley 22/2009 (187 millones). “La Generalitat sólo hace referencia al primer concepto y olvida, no sabemos si por desconocimiento o bien de forma mala intencionada,  los fondos adicionales que suponen una transferencia muy importante.”

Asimismo, el delegado de Gobierno ha recordado que para este año el Gobierno ha aumentado en los Presupuestos Generales del Estado en más de 102 millones de euros los créditos destinados a Dependencia para transferir a las Comunidades Autónomas. “

De hecho, desde 2012 la cantidad transferida a la Comunitat Valenciana ha ido aumentando año tras año. “La aportación de la Administración General del Estado para la Ley de la Dependencia ha aumentado un 15,2% desde 2012, pasando de los 231.579.700,52 millones a los 267 previstos para este ejercicio”.

A 30 de septiembre los principales de datos son los siguientes: había 107.107 solicitudes de las cuales están valoradas el 87.996, el 82%, 10 puntos por debajo de la media nacional que está en el 92,62%. En cuanto a las personas dependientes en espera de recibir prestación de los grados II y III  (lista de espera) a 30 de septiembre de 2017 había  en la Comunitat 5.273 personas Asimismo, de las 61.989 prestaciones por dependencia que reciben las personas beneficiarias, 31.671, es decir, el 51,09%, son prestaciones para cuidados en el entorno familiar, siendo este porcentaje a nivel nacional del 33,15%. Por tanto, la media estatal es ligeramente inferior.

                Actualización del Sistema de Dependencia

• El delegado de Gobierno ha recordado que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, presidió este mes de octubre el  Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia y uno de los temas centrales fue el Informe la evaluación del Sistema de Dependencia.
• “Se está cumpliendo el compromiso fijado en la VI Conferencia de Presidentes y el Gobierno y las Comunidades Autónomas están realizando un análisis conjunto de la Ley de Dependencia, después de 10 años de su entrada en vigor” ha destacado Moragues.
• El delegado ha pedido diálogo y  lealtad institucional para llegar a consensos y  mejorar la atención a personas dependientes. “Este tema no puede ser objeto de disputa partidista porque lo más importante es cubrir las necesidades de las personas dependientes. “
• Para dar mejor respuesta a las necesidades de las personas dependientes, el Ministerio y las Comunidades Autónomas han aprobado la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección, aumentándolas en más de un 5 por ciento: el grado I de dependencia pasa a 47,38 euros; el grado II de dependencia a 84,49 euros; y el grado III se incrementaría hasta los 190,13 euros.
• Asimismo, se acordó la modificación de los criterios de acreditación con el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo de los cuidadores que prestan sus servicios en centros o instituciones sociales, con dos medidas fundamentales:
• eliminar el límite de edad para la habilitación excepcional (antes estaba prevista para trabajadores de 55 años o más que acreditaran determinada experiencia, ahora para todos)
• y establecer una habilitación provisional para personas que habiendo trabajado, no cumplan con el requisito de la experiencia, y se comprometan a participar en los procesos de acreditación hasta el 31 diciembre de 2022.