La diputada provincial Rosa Pérez Garijo. VPVALENCIA. La diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo ya es una pieza más dentro del tablero del conocido como Caso Imelsa. En contra de lo que los imputados esperaban, que ella fuera una más dentro del maremágnum de investigados, el juzgado ha optado por no llamarla a declarar en sede judicial y, por el contrario, sí permitirle ser acusación popular en la causa.
Pérez fue llamada a declarar por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como investigada para preservar sus garantías procesales. Pero, como ya contó Valencia Plaza, tan sólo fue llamada para poder contrastar las declaraciones prestadas por el autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, que es uno de los principales imputados.
Pérez acudió este lunes al Juzgado de Instrucción número 18 para firmar su personación, en calidad de diputada del EUPV, como acusación popular, ya que fue ella quien levantó la liebre del mayor caso de corrupción que hasta ahora han visto los juzgados valencianos. Por tanto, ahora la diputada de izquierdas tendrá acceso a todo el proceso judicial.
Si bien es cierto que Rosa Pérez conoce la mayor parte de la investigación puesto que ella denunció al todopoderoso expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, sí que es verdad que hay una parte de la investigación que desconoce, puesto que Benavent aportó a la Fiscalía Anticorrupción varias horas de grabaciones nuevas. Tampoco conoce las más de 30 horas de declaraciones en sede policial y judicial que hasta ahora constan dentro del sumario.
Y no es baladí, ya que es la parte aportada por Benavent y Pérez, grabaciones incluidas, que luego fue reforzada por las escuchas, seguimientos e investigaciones de la UCO durante los meses que ha durado la investigación, las que han llevado a desmantelar la mayor trama de corrupción de la Comunitat Valenciana.
El sí del juzgado a Pérez es su carta blanca, la declaración no firmada, a través de auto, de que no hay nada contra ella ya que ningún juez dejaría a un imputado/investigado presentarse como acusación popular en proceso. Rosa Pérez tendrá, desde ahora, acceso a todo lo que se refiera a este proceso, incluido el sumario, el día que el magistrado decida levantar el secreto.
La Operación Taula, puesta en marcha por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia a raíz de las investigaciones del Caso Imelsa, sigue hacia delante. Tanto la semana anterior como esta, el resto de investigados sigue desfilando delante del magistrado y del fiscal Anticorrupción para explicar los indicios que apuntan a su presunta implicación dentro del complicado entramado “pseudo mafioso” que, según la investigación, ha hurtado millones de euros del erario público.
Cuartel de la Guardia Civil donde se producen los interrogatorios de 'Taula'. Foto: MARGA FERRERRosa Pérez declaró el pasado 23 de febrero durante cerca de tres horas ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil tras ser citada como investigada en el marco de unas diligencias abiertas por la supuesta contratación encubierta de asesores en Imelsa, empresa dependiente de la Diputación provincial.
A la salida, explicó a los periodistas que había sido citada "por ser miembro del consejo de administración de Imelsa" y que había presentado "documentación al respecto". "Se me ha citado con abogado para garantizar mis derechos, ni más ni menos", afirmó.
Pérez Garijo reivindicó que su papel en este proceso es el de acusación y no el de acusada e insistió en que su situación como investigada ante la Guardia Civil se produjo para garantizar la protección de sus derechos.
"Podría haber venido sin abogado perfectamente, hubiese dicho lo mismo. No es plato de buen gusto venir aquí", manifestó Pérez Garijo, quien consideró "indignante" que se le hubiera citado como investigada cuando ella se había ofrecido "varias veces a la UCO para venir, ofrecer información y hablar".
