El expresidente del Puerto de Valencia, Rafael AznarVALÈNCIA. (EP). El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de València ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones abiertas contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, y otros dos exdirectivos por la compra de un yate que adquirió este organismo en 2007 con motivo de la America's Cup y que tuvo un coste de 4,1 millones y generó un gasto de mantenimiento de unos 400.000 euros al año.
Aznar estaba siendo investigado por el juez junto al ex director general de la APV Ramón Gómez-Ferrer y al ingeniero y ex jefe del Departamento de Proyectos, Obras y Conservación de obra civil Marcelo Burgos en la única pieza que quedaba abierta en el juzgado después de que hace unos meses la Audiencia sobreseyera la parte de la investigación relativa al presunto cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI).
Así lo ha acordado el magistrado en un auto del pasado 13 de febrero, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que el instructor archiva las diligencias abertas por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y se adhiere al informe elaborado por Fiscalía, por lo que acuerda el sobreseimiento de la investigación.
Además, el juez acuerda deducir los testimonios al Tribunal de Cuentas para que este pueda "determinar si existe o no responsabilidad fiscal o contable en estos hechos".
En esta causa, el Juzgado de Instrucción número 14 de València investigaba presuntas irregularidades en el Puerto y en una de las dos piezas en las que se dividía el procedimiento se analizaba el coste, adquisición y el control que se siguió con el yate adquirido por la APV en 2007 por la America's Cup y que costó 4,1 millones y generó un gasto de mantenimiento de unos 400.000 euros al año. Se trataba de una embarcación de 28 metros de eslora y con una capacidad para 50 personas.
Sobre esta embarcación, el expresidente del organismo portuario Rafael Aznar declaró en su momento que se trataba de un barco "institucional" con el que se obtuvieron beneficios comerciales. También advirtió de que otras ciudades como Barcelona o Bilbao también tenían un yate e insistió en que los puertos más importantes del mundo tienen una embarcación de estas características.
