El juez cita a Alfonso Grau como testigo y volverá a llamar a otro edil y tres empleados

Valencia, (EP). El titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha acordado citar a declarar como testigo al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau en la pieza en la que investiga un presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el consistorio. La citación de Grau, marido de la exedil investigada María José Alcón, se ha fijado para el 22 de abril.

Asimismo, ha decidido que volverá a tomar declaración al concejal del PP Cristóbal Grau y a tres trabajadores del grupo popular en el consistorio. Los tres investigados tendrán que comparecer también ante el juez el 22 de abril. Uno de estos investigados ya había sido el pasado viernes pero su declaración se dejó sin efecto a petición de su defensa.

En la pieza separada, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.

En el marco de esas diligencias, el juez ha dictado una providencia en la que solicita al Ayuntamiento de la capital la relación completa de las personas que trabajaban en marzo de 2015 como asesores de los concejales del PP, de la Alcaldía y de Vicealcaldía, "con indicación de la vinculación correspondiente a cada uno de ellos".

El magistrado, a petición del fiscal, ha requerido el auxilio del Tribunal de Cuentas y además ha preguntado al órgano interventor del consistorio si la cuenta bancaria abierta a nombre del grupo popular "era objeto de control o supervisión contable por el Ayuntamiento de Valencia".

En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 suspende la declaración de la testigo que debía acudir este viernes, esposa de uno de los asesores investigados, al no haberse recibido aún la información bancaria que le fue requerida a una entidad.

En el 'caso Imelsa', cuya pieza principal seguirá estando secreta hasta el próximo 14 de mayo tras la nueva prórroga acordada por el instructor, hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.