VALÈNCIA. El instructor de la pieza separada del caso Taula que investiga tanto el presunto blanqueo de capitales como el delito electoral continuado que supuestamente se cometió desde el PP de València ha citado a declarar como investigada a la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, y como testigos a los empresarios que presuntamente 'doparon' al PP de Rita Barberá con hasta tres millones de euros para sufragar una campaña electoral.
Carmen Navarro, que está acusada de delito electoral, pidió un aplazamiento la semana pasada debido a que cambió de letrado y, con su nuevo abogado ya inmerso en la causa, el magistrado la ha citado el próximo lunes, día 23.
A los empresarios se les cita como testigos, ya que según determinó el juez en un auto anterior, las sociedades no pueden ser imputadas porque esto es posible desde la reforma del Código Penal de 2010 y los presuntos delitos se cometieron en 2007. En cuanto a los administradores de las empresas, por los años transcurridos el posible delito cometido por ellas está ya prescrito.
Entre los empresarios citados como testigos están Ricardo Martínez Valls, de Agricultores de la vega de Valencia (SAV); Tomás Prieto Descalzo, del Grupo Secopsa; José Luis de Quesada Ibáñez y José Luis de Quesada Soriano, de Pavasal y Pavasal Actividades; Vicente Prieto Añó, de Fovasa Grupo y Secopsa, y Luis Batalla Romero, de Lubasa.
Según los papeles de la empresa Laterne Product Council que Valencia Plaza entregó a la Fiscalía Anticorrupción, y que han supuesto la puntilla definitiva a toda una generación política, las empresas citadas figuran en una lista como supuestas donantes de fondos para el PP de Rita Barberá. Entre esas cantidades, están las que hizo Secopsa, que presuntamente realizó dos entregas de dinero, de 225.000 y 150.000 euros; Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que primero entregó 300.000 euros y después otros 150.000; Rulv Valencia (UTE de Secopsa), 100.000 euros, y Pavasal (dos entregas de 90.000 y 150.000 euros).
Pero además de las supuestas donantes, también tendrá que prestar declaración el delegado en Valencia de la empresa JC Decaux. El juzgado que instruye la causa solicitó el pasado mes de mayo al Ayuntamiento de València los contratos que el consistorio mantiene con esta empresa por el mobiliario urbano desde 1994 y de Valenbisi desde 2009, lo que suponía un volumen de negocio para esta empresa cercano a los 160 millones de euros en un período de 20 años.
El problema es que a raíz de la investigación que surgió por el blanqueo, si no todos, casi todos los contratos firmados por los concejales de Barberá en los últimos diez años están bajo sospecha de haber sido otorgados a cambio de un 'peaje' económico con el que, supuestamente, el PP de Barberá se financió irregularmente.