VALENCIA. La pieza B de la Operación taula, la conocida como pieza de los zombies, comienza a tomar forma. A las declaraciones de mediados de junio, se suman ahora la de los trabajadores que presuntamente cobraron sin ir nunca a la empresa pública Imelsa. Pero además, y como novedad, en el señalamiento de declaraciones enviado a las partes por el magistrado Víctor Gómez se le ofrece ejercer “acciones” penales a la Diputación de Valencia.
Así, la Diputación podrá si quiere presentarse como acusación particular dentro de esta pieza ya que, el magistrado considera a esta administración como perjudicada. De personarse, los diputados podrán acceder a la causa a través de un letrado y solicitar las penas que crean oportunas, así como la devolución del dinero malversado por los investigados.
Los días siete y ocho de julio los acusados de ser zombies, y el investigado de UGT que no pudo declarar en junio por estar de viaje, deberán responder a las preguntas del magistrado, del fiscal Anticorrupción y de las partes.
Entre los citados esos días se encuentran el exjugador del Olímpic de Xàtiva que supuestamente cobró parte de su sueldo como jugador de fútbol a través de un contrato de asesor en Imelsa o los dos empleados de la agencia de comunicación de cabecera del Partido Popular que también tenían cargo de asesor, uno de ellos ocupando una de las plazas reservadas para minusválidos.
En esta pieza separada quedan 21 personas investigadas después de que el magistrado instructor levantara la imputación a siete de ellas que habían acudido a declarar por los contratos ficticios y las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo laboral con la empresa pública dependiente de la Diputación.
Según el auto, las sospechas de que pudo existir algún tipo de “maquinación concertada” entre la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un “innecesario y arbitrario enriquecimiento” a costa del erario público han quedado “desvirtuadas” con las declaraciones de los investigados y con la documentación aportada por la propia empresa.
Tras la decisión adoptada por el magistrado, esta pieza separada por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental se dirige contra 21 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent; el exdirector financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo contrataciones bajo sospecha.
En esta pieza separada figura también como imputado José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa.