VALÈNCIA. Las facturas de Laterne Product Council (LPC), la empresa encargada de la campaña electoral de Rita Barberá en el año 2007, y que Valencia Plaza entregó en Fiscalía han supuesto la puntilla para la principal investigada del caso, la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, y para el que fuera número dos de Barberá Alfonso Grau, al describir el juez un 'dopaje' electoral continuado desde, al menos, 2007.
La primera, conocida como la cajera del PP, era la encargada del dinero del grupo. Grau no solo era la mano derecha de la alcaldesa, sino que además era el jefe de campaña, quien firmó el contrato de la misma y a quien el principal testigo de la causa apunta directamente como el cerebro del "dopaje".
Según el auto del magistrado instructor al que ha tenido acceso este periódico tras levantarse el secreto del caso Taula: "En esta pieza separada A, en la medida en que estos hechos, además de poder integrar delitos autónomos, en principio conexos, de malversación y cohecho, son igualmente indicativos de un posible delito electoral encadenado en términos de continuidad delictiva con los ya investigados correspondientes a los años 2011 y 2015, y asimismo podrían guardar relación y ofrecer información relevante acerca de fuentes de financiación del Grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, en relación con el delito de blanqueo que se investiga".
Por tanto, la esperanza de los 48 investigados en esta pieza, además de Grau y García-Fuster, de que la parte referente al delito electoral se diera por prescrita se pierde por completo, ya que el magistrado ve un "delito continuado".
Por tanto, los papeles que presuntamente acreditan que el PP de Rita Barberá gastó 20 veces más de lo que declaró en la campaña del 2007 no solo serán investigados para tratar de demostrar una malversación de caudales públicos por el medio millón de dinero público que, supuestamente, se utilizó para la campaña, sino que además se instruirá el delito electoral en lo referente a esa campaña.
Pero además, en ese mismo auto, también salen muy mal paradas las empresas que presuntamente financiaron al PP de Valencia, ya que el juez apunta hacia un presunto delito de cohecho. Lo que no especifica es si ese cohecho es propio o impropio.
La que más explicaciones deberá dar es Secopsa, ya que según el testigo dicha empresa le entregó a Grau un cheque de 150.000 euros para pagar la campaña. Un cheque que presuntamente pasó de Grau al testigo y, de éste, al dueño de Laterne, Vicente Sáez Tormo, ya fallecido.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjeron supuestas aportaciones por parte de asociaciones, fundaciones y sociedades mercantiles a Laterne Product Council (LPC), la empresa encargada de los eventos de promoción política para la candidatura municipal del PP de València en el conocido como RitaGate.
Así se desprende de un informe de la UCO, de fecha 17 de enero, dentro de la parte especial secreta de la pieza A, que instruye el juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Imelsa y su derivado Taula. En este caso se investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El secreto de las actuaciones de esta pieza, a las que ha tenido acceso Europa Press, ha quedado levantado este lunes.
Según relata la UCO en el informe, la documentación que obra en la denuncia que ha dado lugar a la investigación consiste en documentación económico-contable con la gestión de cobros y pagos por parte de la empresa, facturas, órdenes de pagos y listados contables "que parece generarse en el marco de una relación de prestación de servicios entre la citada empresa y el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de València con el objeto de la gestión de eventos de promoción política para la candidatura municipal del PP".
En ella se relacionan determinados gastos en los que habría incurrido Laterne por servicios contratados en el marco de ese contrato, "procedentes de asociaciones, fundaciones y terceras empresas", sin que hasta la fecha haya constancia de que el grupo municipal del PP que habría contratado esos servicios realice pago alguno a LPC.
De hecho, señala que en uno de los documentos se detalla un balance general de los gastos asumidos por LPC en la gestión de la campaña electoral y de los pagos recibidos de terceras empresas y fundaciones, estos últimos "son expresados en términos de aportaciones" y se desconoce "si se corresponden con una efectiva relación de prestación de servicios entre empresas".
Asimismo, refleja que se desprende que existe una "amplia correlación" entre los datos oficiales recibidos y los que figuran en la documentación objeto de denuncia. De acuerdo con la UCO, la comprobación inicial "sugiere que la empresa LPC pudo haber recibido fondos de fundaciones, una asociación y terceras empresas para sufragar determinados gastos en los que habría incurrido con motivo de la ejecución de los acordado en el citado contrato de servicios entre dicha empresa y en el que figura Alfonso Grau en representación del grupo municipal del PP de València".
La Guardia Civil cree que esos importes recibidos "parece que habrían sido canalizados a través de LPC y otras empresa vinculadas a esta" por razón de su administrador, y habrían tenido lugar entre 2006 y 2008. Ante la"gravedad" de los hechos, la UCO pide investigar las circunstancias en las que se produjeron estas supuestas aportaciones y los datos y documentos que soporten las relaciones comerciales entre estas personas jurídicas, los organismos vinculados con las administraciones públicas, datos relativos al funcionamiento, organización, financiación y personas responsables.
Entre las fundaciones y asociaciones se encuentran Fundación Turismo Convention Bureau, Fundación Feria Muestrario Internacional de València, Fundación para la Innovación Urbana y la Economía, Fundación Valenciana de la calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo. Y a 22 personas jurídicas, entre ellas, constructoras como Durantia Infraestructuras S.A. (Luis Batalla S.A); Nou Litoral; FCC, S.A Agricultores de la Vega; Secopsa o Construcciones Luján.
En otro informe de la UCO, se hace constar el precio del contrato se estipuló en 150.000 euros, y que se habría llevado a cabo con la subcontratación de terceras empresas. En las facturas analizadas, se puede apreciar que los trabajos realizados "guardan relación directa con la campaña electoral de las elecciones del año 2007" y que, en muchos de los casos, "los conceptos fueron modificados para evitar cualquier alusión que guardase relación con la citada campaña".
De la documentación de la gestión de pagos y cobros, en la parte de pagos, se aprecia la mención a "Deuda campaña", por 279.954 euros, a fecha de febrero de 2008, que supera el importe de los 150.000 estipulado en el contrato. Señala el informe que teniendo en cuenta la fecha, "es posible que algunos actos ya se hubiesen pagado, por lo que los costes" de la campaña "podrían ser aún mayores".
En cuanto al de cobros, las cuantías a ingresar varían, aunque son idénticas las empresas, entidades y fundaciones de las que LPC recibiría el dinero.