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El juez del 'cártel del fuego' procesa al funcionario que "favoreció" a la trama corrupta

Alapuz tenía negocios con Avialsa pese a trabajar en la delegación valenciana de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA)

2/06/2019 - 

VALÈNCIA. La empresa Avialsa mantuvo durante más de 20 años el contrato para la extinción de los incendios forestales en València. Los 'chanchullos' de esta y otras empresas especializadas dieron origen al caso Avialsa, más conocido como el caso 'cartel del fuego'. Según lo investigado hasta ahora, se repartían prácticamente todos los contratos del país, daban dádivas a funcionarios y, presuntamente, montaron un cartel que controlaba el negocio no solo en España, sino en varios países europeos como Italia o Portugal.

El caso recayó en un juzgado de Sagunto y el magistrado partió la causa en cinco piezas, algunas de las cuales han terminado en la Audiencia Nacional debido a que afectan al extranjero, aunque Avialsa siempre ha sido el centro de la investigación. La primera de esas piezas ya tiene auto de procesamiento.

El juez procesa al dueño de Avialsa, Vicente Huerta; al denunciante del caso, un exsocio de Huerta, Francisco Antonio Alandí; a un funcionario que fue trabajador de Avialsa y socio de la empresa pese a ser funcionario público, Salvador Alapuz y a dos trabajadores a los que acusan de ser testaferros, pero no estar en el centro de la trama corrupta.

En cuanto a los delitos, el magistrado imputa a Alepuz por cohecho pasivo, negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos, un delito de falsedad en documento público y un delito de blanqueo de capitales, a Vicente Huerta y su mano derecha Francisco Alandí por los delitos continuados de cohecho activo y tráfico de influencias, y a los otros dos testaferros los acusa de ser cooperadores necesarios de los presuntos delitos de cohecho activo, tráfico de influencias, falsedad en documento público y un delito de blanqueo de capitales.

'Cártel del fuego'

Huerta es el principal acusado en esta investigación, pues además de esta pieza tiene, entre otras, la de los regalos hechos al exconseller de Gobernación Serafín Castellano, al que supuestamente le regaló un rifle para acudir a diversas cacerías por las que según la Justicia tampoco pagó un euro y que supuso la apertura de otra de las piezas de este caso.

Pero la pieza que ya tiene auto de procesamiento es la que afecta al ex director de la delegación valenciana de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que efectuaba las ITV de los aviones en la Gersión de Aeronavegabilidad de las Aeronaves (CAMO), y que actualmente está destituido de su puesto por el Ministerio de Fomento por presuntamente favorecer al cártel.

Entre las principales pruebas que esgrime el magistrado se encuentra el hecho de que Alapuz fue trabajador de Avialsa antes de dar el salto al funcionariado público, pero nunca abandonó la empresa realmente y favoreció desde su puesto de mando a la misma.

Lo que realmente hunde, judicialmente hablando al ingeniero, es cómo explica el magistrado que, pese a presuntamente encontrarse desvinculado de Avialsa, y estando favoreciendo a la empresa investigada, seguía manteniendo negocios con ellos. En el auto de procesamiento al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el juez asevera que "Alapuz era plenamente conocedor de la situación del holding Avialsa", y que la CAMO favoreció a Avialsa frente a otra empresa del entramado llamada Aviarq, que dicho movimiento "tenía como único objeto favorecer a Avialsa", y es ahí donde explica que Alapuz era "propietario de manera encubierta de la empresa Aviarq", pues tenía "1.004 participaciones y la sede social estaba en la calle Jàtiva en una propiedad de Salvador Alapuz".

El magistrado asegura que "existen indicios razonables de criminalidad", pues entre otras muchas pruebas, constan en el sumario varios correos electrónicos de Alapuz hablando sobre las empresas con las que supuestamente no debía tener ninguna vinculación laboral. Correos como el que envió diciendo: "Hola a todos. Paco, lo que hablamos sobre las acciones en escritura Aviarq, yo lo haría de la siguiente manera......". Ese correo se envió en 2007, cuando él procesado ya era funcionario público que firmaba los contratos a las empresas del holding Avialsa.

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