Vicente Huerta. Foto: EFE/KAI FÖRSTERLINGVALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que suman 17 años y tres meses de prisión, por seis delitos contra la Hacienda Pública y uno continuado de falsedad en documento mercantil, para el propietario del grupo Avialsa, Vicente Huerta Domínguez, al que se investiga en un juzgado de Sagunto al margen del denominado caso Avialsa, de presunta corrupción en la contratación del servicio de extinción de incendios en varias comunidades autónomas, que se instruye en la Audiencia Nacional. La mayor de las penas solicitadas es de 3 años de prisión.
La fiscal pide también que Huerta indemnice a la Agencia Tributaria con la cantidad presuntamente defraudada por los ejercicios entre 2009 y 2014, 824.320 euros, más los intereses de demora. De ellos, considera responsable subsidiaria a la empresa Avialsa (hoy Titan Aviation Holding) por 384.833 euros.
Asimismo, solicita que se acuerde el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones respecto al resto de investigados en esta causa: José Francisco Bonafont Amorós, Andrés Emiliano Castedo Gómez, Jesús Emilio Mora Ara, Emilio Máñez Domínguez, Francisco Antonio Alandi Escrig, Bautista Alcover Domenech y Antonio Ballester Sánchez.
Según el escrito de conclusiones de la fiscal Virginia Abad, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, Vicente Huerta creó en 2006 la mercantil Airhuerk, participada por él mismo y por el grupo Avialsa, dedicado al servicio aéreo de extinción de incendios. La compañía, que fue
dada de baja en 2013, apenas desarrollo actividad -el arrendamiento de un local dos años y la compraventa y alquiler de aeronaves los dos siguientes- y "fue instrumentalizada por el acusado para canalizar las retribuciones que en su condición de socio percibió de Avialsa T35 SL, ATE y el Holding, mediante la emisión y recepción de facturas que no respondían a operaciones reales. Para ello, fue dado de alta como único empleado de la mercantil en el ejercicio 2011".
Además del grupo empresarial, Huerta constituyó en 2003 la Fundación Medioambiental Huerta Comunidad Valenciana, con una aportación inicial de 120.000 euros y con el objetivo de la defensa y protección medioambiental y la conservación y protección del patrimonio natural, entre otros. Sin embargo, según la Fiscalía, "la Fundación no ha servido a sus objetivos fundacionales, y ha sido utilizada, dado su régimen tributario especial, para aprovecharse de las ventajas fiscales de dicho régimen, tanto por la propia Fundación, como por las personas físicas y diferentes sociedades pertenecientes al grupo que han efectuado aportaciones, para la obtención de deducciones irregulares".
La fiscal relata en su escrito que la Agencia Tributaria recibió una denuncia anónima sobre las prácticas de Vicente Huerta en 2014, por lo que inició una inspección sobre los ejercicios 2010 y 2011 de la declaración de IRPF que se saldó con un reconocimiento parcial de las cantidades defraudadas y una regularización de 201.845 euros. Sin embargo, la Fiscalía considera que aún había "otros gastos particulares del acusado que, enmascarados como gastos sociales deducibles, no se incluyeron deliberadamente en el IRPF, ni fueron reconocidos voluntariamente por el acusado en el procedimiento de inspección tributaria", por importe de 83.524 euros.
Los seis delitos contra la Hacienda Pública que señala Anticorrupción se refieren a las declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2009 y 2010 del Holding Empresarial Avialsa, a la declaración de IVA de 2011 de Air Tractor Europe y a las declaraciones de IRPF de Vicente Huerta de 2011, 2012 y 2014. A ellos se suma la acusación por delito continuado de falsedad en documento mercantil. Por cada uno de estos delitos la fiscal solicita una pena de entre dos años y medio y tres años.
