Serelles quedó inacabada tras la quiebra de la promotora LuxenderVALENCIA. El juez de lo mercantil número 2 de Alicante ha inhabilitado un año a doss ex administradores concursales de la promotora Luxender SA, que entró en concurso a finales de 2008, y ha acordado derivar el caso al ámbito penal al apreciar en su actuación indicios de delito de prevaricación y alzamiento de bienes. Así consta en una sentencia en la que se estima una demanda de la actual administración concursal de la mercantil en quiebra.
El propio juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante, dirigido por el magistrado Salvador Calero, decidió apartar en septiembre de 2013 a los entonces administradores, Abraham García Gascón y José Luis Ramos Fortea, de la empresa por irregularidades en su gestión. Entre las acusaciones, se les atribuye la omisión de información sobre inmuebles que han sido objetos de ejecución por entidades financieras o sobre el valor atribuido a una finca rústica en Alcoy que la empresa no pudo terminar.
En definitiva, no aportaron toda la información que debían. Pero no solo eso, la sentencia recuerda que un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcoy, el número 2, ya investiga una posible apropiación o enajenación sin autorización judicial de un cheque que no repercutió en los acreedores de Luxender sino que se "repartió" entre los administradores salientes y otras personas.
También vendieron varias parcelas y transmitieron a una promotora otras fincas en contra del criterio del propio juzgado, lo que podría ser constitutivo de "sendos delitos de prevaricación y cooperación necesaria en alzamiento de bienes o insolvencia punible". De hecho, cuando se inició el concurso de acreedores el neto patrimonial de Luxender era de aproximadamente 19.000.000 millones de euros "y ahora no hay bienes suficientes siquiera para pagar los créditos contra la masa", según la sentencia.
Según una sentencia de la Audiencia de Provincial de Alicante, estos administradores formaban parte de una supuesta red delictiva que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra y al que acusaban desde autorizar el pago de facturas falsas a consentir el cobre de cheques manipulados. Los ex administradores concursales fueron denunciados en octubre de 2013 por Antonio García, presidente de la promotora Luxender.
