Los vínculos del concurso de acreedores de Luxender con el PP de Zaplana

ALICANTE. En el concurso de acreedores de la promotora alcoyana Luxender, que impulsó la urbanización Serelles en las faldas del paraja natural de la Sierra de Mariola, nada fue lo que parecía. Es lo que viene a decir el juez en la providencia en la que deduce testimonio contra los tres ex administradores concursales y un perito, por seis supuestos delitos, tal como publicó Valencia Plaza. Y es lo que sostienen los propios ex administradores, pero en un sentido completamente distinto al del magistrado titular del juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante, Salvador Calero. 

Como adelantó este diario el jueves, el ex administrador José Luis Ramos Fortea, uno de los tres señalados por el juez, ha presentado un recurso de reposición contra la providencia, en la que esgrime la "contaminación" del juez que la dicta, por haber sido el mismo que lo apartó del concurso en 2014 (y provocó que lo inhabilitaran), así como la falta de tutela judicial efectiva y el hecho de que el magistrado tipifique los presuntos delitos cometidos, en lugar de ceñirse a un relato de los hechos para ser valorado por la Fiscalía. Pero hay más. Fortea y sus compañeros en la administración concursal de Luxender sospechan que el interés del juez en terminar el concurso en la vía penal puede estar motivado por los supuestos vínculos entre la promotora y algunos dirigentes del PP valenciano de la época. Especialmente, según aseguran a este diario, el exalcalde de Alcoy (y exconseller) Miguel Peralta, y el expresidente de la Generalitat (y exministro) Eduardo Zaplana.

La teoría se completa con un tercer vínculo con el PP, en este caso murciano. El juez que provocó la inhabilitación de Ramos Fortea es hijo del histórico dirigente de los populares murcianos, el abogado del Estado Juan Ramón Calero (que perdió el control del partido en favor del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel). Antes de convertirse en el titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, el joven magistrado saltó a los medios en Murcia por enviar a prisión al alcalde de Torre Pacheco, también del PP, por un caso de corrupción urbanística. Era 2008. Dos años después, ascendió a categoría de magistrado y se hizo cargo del Mercantil 2 de Alicante. Los ex administradores de Luxender aseguran que se trata de un juez al que la Audiencia tumba muchas de sus resoluciones en los concursos de acreedores. Esperan que este sea el caso, de nuevo. Fortea alega que el órgano superior rebajó su inhabilitación de doce a seis meses.

La urbanización Serelles y su concurso de acreedores ha sido polémica desde el primer minuto. Autorizada por el Ayuntamiento del PP bajo gobierno popular, en pleno boom urbanístico, y contra las prevenciones de organizaciones ecologistas y partidos de izquierdas, el proyecto preveía inicialmente 1.500 viviendas de lujo a los pies del Barranc del Cinc, que la Conselleria de Medio Ambiente (en esos momentos, también del PP) rebajó a una tercera parte: 500. Del total, apenas hay unas decenas entregadas, por la quiebra de la promotora. Pero por el camino, el Supremo condenó al Ayuntamiento a pagar 600.000 euros por los daños causados en el barranco de Serelles por las obras. 

Ramos Fortea sospecha que detrás del apoyo del PP alcoyano al proyecto urbanístico podría haber algún tipo de relación empresarial. El ex administrador concursal y su otro compañero inhabilitado (el juez actuó contra dos de los tres primeros administradores) intentaron, sin éxito, descubrir la titularidad real de los socios de la concursada, ya que "entre los principales accionistas se encuentran sociedades holandesas, tal y como figura en el informe emitido en virtud del art. 75 de la Ley Concursal", asegura un portavoz de Ramos Fortea. Y, además, vieron mantener reuniones en las oficinas de la concursada a políticos como Miguel Peralta y Eduardo Zaplana. Curiosamente, Peralta salió públicamente a defender el proyecto cuando ya no era alcalde de Alcoy.

¿Un juez 'contaminado'?

El juez que instruye el concurso, que en la providencia describe una actuación concertada con ánimo criminal (para vaciar la promotora en favor de otra sociedad del mismo propietario) diez años después de iniciarse el procedimiento, ha sido recusado en diversas ocasiones en este concurso, y esas recusaciones "han sido aceptadas en algunos casos por la Audiencia por el grado de contaminación que tenía", según el citado portavoz, "y que así reconoce el mismo en su escrito de abstención de fecha 29/03/18, entendiendo que se ha dictado la providencia en cuestión para precisamente abstenerse de todo el concurso, dado el embrollo que ha producido por su falta de diligencia".

En su recurso, Ramos Fortea niega que validase el crédito de 24 millones de euros a favor de una constructora, Edificaciones Artemisa, del mismo dueño que Luxender, para intentar así desviar el activo de la promotora sin pagar las obras de urbanización que terminaron otras firmas ni los impuestos correspondientes, y que según la providencia del juez está en el centro de la operación que atribuye a los ex administradores. Ramos Fortea asegura que dejó constancia de que existía esa reclamación, pero que nunca la validó ni le dio prioridad de pago. Esa operación, si se terminó de llevar a cabo, es la clave de la confabulación que denuncia el juez en su escrito a la Fiscalía. El concurso de Luxender, según las distintas versiones de todos los implicados, esconde mucho más que una simple insolvencia.