El magistrado exige a Bankia que informe de la titularidad, personas autorizadas y extractos de la cuenta de la Fundación CEyD desde su creación
VALÈNCIA. La búsqueda de quién pudo lucrarse de las entradas de dinero en B que presuntamente sirvieron para 'dopar' al PP de Rita Barberá durante la campaña de las municipales del año 2007 ha dado una nueva vuelta de tuerca. En una providencia enviada desde el Juzgado de Instrucción Número 18, el magistrado instructor, Víctor Gómez Saval, solicita a Bankia, antigua Bancaja, que se informe "de la titularidad , personas autorizadas para disponer de la misma, de la cuenta 2077-0045-XXXXXX1922, y que se remita extracto completo de la misma desde su constitución a la actualidad".
Tal y como informó Valencia Plaza el pasado mes de marzo, la empresa City Marketing Conseil SPRL (CMC), una de las empresas del entramado que ayudó supuestamente a gestionar el 'dopaje' electoral de la campaña electoral de Rita Barberá en 2007, está también bajo sospecha como posible vehículo de desvío de fondos públicos para el enriquecimiento personal de terceros. Según los papeles del RitaGate, dicha empresa recibió dinero de una de las fundaciones municipales bajo la lupa de los investigadores. En concreto, en la cuenta bancaria de CMC se ingresaron varios pagos procedentes de la fundación pública municipal Centro de Estrategia y Desarrollo (CEyD).
Los investigadores sospechan que de los tres millones de euros que supuestamente diferentes empresas contratistas del consistorio valenciano, así como varias fundaciones municipales, aportaron para presuntamente financiar irregularmente al PP de Valencia, hubo una parte del dinero que se desvió para terceros. De hecho, las primeras hipótesis apuntan a que alguno de los primeros espadas de la malograda exalcaldesa podría ser el principal sospechoso de esta parte de la investigación.
Es por ello que, tal y como este periódico lleva meses informando, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado van tras la pista de una de las empresas con sede en Bruselas. Una empresa de la que ni los testigos, ni la mayoría de los trabajadores del entramado de las empresas vinculadas a la principal, Laterne Product Council, sabían nada.
Este viernes está citada a declarar una de las personas que más luz podría arrojar con respecto a esta parte de la investigación. La parte que, de demostrarse, no solo revelaría el 'dopaje' sino el lucro personal a costa de dinero público de determinados políticos valencianos. La persona citada es un hombre que aparece dentro de las cuentas de CMC y que, según los datos obtenidos hasta la fecha, tenía acceso a las cuentas de dicha empresa y, por tanto, debería saber de dónde procedían los ingresos.
Las cantidades de dinero público que la empresa CEyD ingresó en CMC los dos primeros años investigados fueron 200.000 euros en 2005 y 198.000 euros en 2006, que se abonados en tres partes: 99.000 euros a la firma del contrato, 49.500 en julio y otros 49.500 en septiembre.
En el año de las elecciones, es el ejercicio en el que hay una factura más baja, pues pasa de los 200.000 euros de años anteriores a 85.000 euros correspondientes a la última fase del contrato de 2005 que faltaba por abonarse, pero en 2008 vuelven a contratar otra vez por las cantidades anteriores, y hay otra factura por otros 200.000 euros, con su correspondiente orden de pago desde el CEyD firmada por el concejal Alfonso Grau.
Es dicha factura, la de 200.000 euros con la firma de Grau, una de las más importantes y a la que los investigadores le siguen la pista de cerca.
Junto a todo ello, y dentro de las declaraciones previstas para esta mañana, hay que destacar la de la exconcejal socialista y actual diputada del PSOE Ana Botella. Ella fue la primera persona en denunciar públicamente que algo "raro" había en la relación contractual entre el Ayuntamiento de Valencia, regido con mano de hierro por Barberá, y la empresa de comunicación Laterne.
Ella sola se enfrentó al entonces todopoderoso vicealcalde, Alfonso Grau. El problema para Botella fue el cerrojazo al que se la sometió por parte de los populares. No le dieron ni un solo papel de los que pidió y se la ninguneó en los plenos pero, pese a todo, realizó una notable investigación, similar a la realizada por este periódico, pero con la salvedad que ella nunca tuvo acceso a la documentación original.
Es por todo ello que el magistrado y el fiscal quieren escuchar lo que Botella tenga que decir. La única pregunta que queda en el aire es si las defensas harán el papel que en su día realizó Grau.