Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La decisión de la Marina de València de adherirse al recurso de Fosbury and Sons contra la sentencia que anulaba la adjudicación de la Estación Marítima ha caído finalmente en saco roto. Así lo ha determinado el juez, quien ha estimado el recurso de reposición interpuesto por la oferta Valencia Innovation Distric (VIC) contra la acción del Consorcio Valencia 2007.
Como publicó Valencia Plaza, la dársena decidió sumarse a las alegaciones de la compañía belga tras transcurrir el periodo para recurrir el fallo. Una acción inesperada por parte del ente gestor, al no acudir a los juzgados para defender su adjudicación en una primera instancia, ya que dejó correr el plazo de 15 días para recurrir la sentencia. Y es que es Consorcio Valencia 2007 es el que figura como demandado en la judicialización del proceso, mientras que Fosbury's Mom -la sociedad que se presentó al concurso- aparece como codemandada.
Fue el pasado mes de mayo cuando el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de València anulaba la adjudicación del concurso para poner en marcha un nuevo hub tech en la dársena. Lo hacía al entender que el canon presentado en la oferta del proyecto ganador no cumplía los pliegos, tal como reclamaban los demandantes, emprendedores valencianos agrupados en la candidatura alternativa.
La argumentación del juez para rechazar la adhesión es la de considerar que, durante ese plazo, quien debía manifestarse era la parte demandante y no la dársena, ya que ambas ocupan la misma posición procesal. Además, destaca que no existe discrepancia alguna con el recurso en la apelación a la que se adhiere, ni se añade ningún tipo de perjuicio por parte de la administración.
Por este motivo, el juez entiende que no cabe adhesión al recurso de apelación en supuestos como éste. Fue el Abogado del Estado-Jefe Francisco Parra, en representación del Consorcio Valencia 2007, quien se adhería a los reparos presentados por la adjudicataria tras la sentencia del juez. Una decisión tomada por la dirección del Consorcio Valencia 2007 sin consultar a la comisión delegada compuesta por las diferentes administraciones.
En este sentido, desde la dirección del consorcio señalaron que las acciones judiciales son su competencia y la decisión se tomó de forma unilateral. Cabe recordar que, aunque el Estado forma parte de la comisión delegada del Consorcio, el abogado del Estado presta servicio a la Marina de València como cliente. Lo hace a través de un convenio de asistencia jurídica anual por 55.500 euros y que fue renovado el pasado marzo.
En todo caso, el Abogado del Estado no ha tenido muchos aciertos en lo que a la Estación Marítima se refiere. Y es que, en la comisión delegada ya se realizaron cuestionamientos cuando se estudiaba la oferta económica de la empresa que finalmente salió ganadora. Sandra Gómez, en representación del Ayuntamiento de València y ya fuera de la comisión, y Manuel Illueca, en representación de la Generalitat valenciana, pidieron informes para dirimir sus dudas sobre la valoración de la parte económica que ahora un juez ha anulado. Concretamente, sobre la legalidad del canon variable ofrecido por los belgas.
Finalmente, desde la comisión delegada decidieron solicitar un informe específico sobre el cumplimiento de los pliegos. Aunque la voluntad inicial era solicitarlo a la Junta Consultiva de Contratación Pública, se acabó consensuando que el encargo se realizara a la Abogacía del Estado. Sin embargo, el resultado final no se ajustó a la petición realizada. Y es que el autor del escrito manifestó, sin entrar en el fondo de la cuestión, que la Abogacía del Estado ya se pronunció en la mesa de licitación, lo que evitó paralizar la adjudicación a pesar de las dudas generadas.
