Vicent Llorens, gerente del Consorcio València 2007. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La dirección del Consorcio Valencia 2007, ente gestor de la Marina de València, no consultó a la comisión delegada compuesta por las diferentes administraciones la adhesión al recurso de la compañía belga Fosbury's Mom NV ante la sentencia que anulaba la adjudicación de la antigua Estación Marítima. Así lo confirman desde la dirección del consorcio, al señalar que las acciones judiciales son su competencia y la decisión se tomó de forma unilateral.
Cabe recordar que prácticamente todas las acciones relativas al concurso de la Estación Marítima han pasado por la comisión delegada, compuesta por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València. En este sentido, algunos de los representantes que participan de ésta han echado de menos que se les consultara o se debatiera la cuestión. Sin embargo, señalan que ya solo pueden esperar una explicación en la próxima reunión.
Tampoco parece muy entendible que el Consorcio Valencia 2007 no acudiera a los juzgados para defender su adjudicación en una primera instancia, ya que dejó correr el plazo de 15 días para recurrir la sentencia y sí se sumar a la de la empresa adjudicataria. Y es que es el ente gestor de la Marina de València el que figura como demandado en la judicialización del proceso, mientras que Fosbury's Mom aparece como codemandada.
No fue hasta pasado el plazo de recurso inicial y una vez se conocía el recurso de la compañía belga, cuando el Abogado del Estado-Jefe Francisco Parra, en representación del Consorcio Valencia 2007, se adhería a los reparos presentados por la adjudicataria, que además se desclaró en concurso de acreedores el pasado mes de mayo.
Cabe recordar que, en la comisión delegada, ya se realizaron cuestionamientos cuando se estudiaba la oferta económica de la empresa que finalmente salió ganadora, que competía con Valencia Innovation District, la oferta liderada por la Asociación Valenciana de Startups. Sandra Gómez, en representación del Ayuntamiento de València y ya fuera de la comisión, y Manuel Illueca, en representación de la Generalitat valenciana, pidieron informes para dirimir sus dudas sobre la valoración de la parte económica que ahora un juez ha anulado. Concretamente, sobre la legalidad del canon variable ofrecido por los belgas.
Finalmente, desde la comisión delegada decidieron solicitar un informe específico sobre el cumplimiento de los pliegos. Aunque la voluntad inicial era solicitarlo a la Junta Consultiva de Contratación Pública, finalmente se acabó consensuando que el encargo se realizara a la Abogacía del Estado. Sin embargo, el resultado final no ajustó a la petición realizada. Y es que el autor del escrito manifestó, sin entrar en el fondo de la cuestión, que la Abogacía del Estado ya se pronunció en la mesa de licitación.
